428) Michelle Lael B. Norsworthy aka Jeffrey Bryan Norsworthy. California. EEUU.
Condenado a 17 años de cárcel por homicidio. Norsworthy v. Beard, No. 15-15712 (9th Cir. 2015). Tribunal Apelaciones, Noveno Circuito. https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-15712/15-15712-2015-10-05.html
Michelle-Lael Norsworthy v. Jeffrey Beard, y otros. https://govinfo.gov/app/details/USCOURTS-ca9-15-15712/USCOURTS-ca9-15-15712-0
¿Quién está alrededor de este delincuente?
Los lobbistas: American Civil Liberties Union, Amicus Curiae Bay Area Lawyers For Individual Freedom, Amicus Curiae GLMA Health Professionals Advancing LGBT Equality, Amicus Curiae — Pending World Professional Association for Transgender Health, Amicus Curiae. Un juez federal de San Francisco ordenó que el estado de California pagara la operación estética de reasignación de Jeffrey Bryan Norsworthy. http://www.allgov.com/usa/ca/news/top-stories/federal-judge-says-california-should-pay-for-inmates-sex-change-150403?news=856137
El juez Jon Tigar consideró que las autoridades debían “corregir la violación constitucional” de los derechos del detenido "a quien hasta ahora habían negado la cirugía aunque correspondía por ser el tratamiento médico prescripto oficialmente".
"Norsworthy, de 51 años, comenzó a autoidentificarse como una mujer a mediados de la década de 1990 y fue diagnosticado en enero del 2000 con disforia de género, una vez que la identidad de una persona no coincide con su sexo". https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/ee-uu-california-debera-pagar-cambio-sexo-presa-349076-noticia/
"La cirugía estética costaría unos 100.000 dólares, según una fuente oficial citada por el diario Los Ángeles Times. Norsworthy cumple una condena de 17 años por homicidio en segundo grado con arma de fuego el 17 de abril de 1987".
"El departamento que gestiona los centros penitenciarios de California está evaluando "todas las opciones, incluida la posibilidad de apelar o no la sentencia", explicó este viernes a la AFP la portavoz Terry Thornton". https://peru21.pe/mundo/estados-unidos-california-debera-pagar-cambio-sexo-reclusa-174722-noticia/
"La decisión judicial establece que el recluso, nacida como Jeffrey Brian Norsworthy, reciba "el tratamiento médico adecuado, incluida una cirugía estética de reasignación lo antes posible". https://www.24horas.cl/internacional/california-debera-pagar-el-cambio-de-sexo-de-una-reclusa-1625872 Vais a flipar, trae premio al con el culo al aire: Cuando Kamala Harris se oponía al transgenerismo.
En 2015, Kamala Harris, entonces Fiscal General de California, hizo una solicitud para detener un fallo judicial a favor de la cirugía de estética para Norsworthy.
El juez de distrito de California Jon Tigar denegó su solicitud "sobre la base de que retenerla constituía un castigo cruel e inusual en virtud de la Octava Enmienda de la Constitución de los EEUU".
Luego de que su solicitud fue rechazadas, intentó apelar en el Distrito del Noveno Circuito, un tribunal con mayor jurisdicción que la de Tigar. Su solicitud fue denegada una vez más y Norsworthy se convirtió en el primer hombre autoidentificado mujer encarcelado en California al que se le concedió la cirugía estética.
El transactivismo... Siguen ardidos con Kamala Harris, mira que ella intenta ganarse los cariñitos de los Loretta, pero no... https://theappeal.org/incarcerated-transgender-womens-lives-must-matter/
Fingen soportarla por su giro interesado, no pasan por alto que durante el tiempo que fue fiscal general se encarceló en California según el sexo y no la identidad sentida o autopercepción.
Allá sobre el 2015 siendo fiscal general de California, le preguntaron sobre el caso de Norsworthy, quien solicitó a los funcionarios le concedieran una cirugía estética, Harris y su oficina presentaron una solicitud en un tribunal federal para detener un fallo judicial que ordenó la cirugía estética de Norsworthy argumentando que “no hay prueba de que un tratamiento irreversible sea cuanto antes necesario previamente a que esta apelación sea escuchada".
El bloqueo de Harris para detener la cirugía no tuvo éxito: Norsworthy fue el primer recluso en California (y el segundo en los EEUU) en lograr un fallo judicial que concedió una solicitud de cirugía estética de reasignación por declarar simplemente que se percibía como mujer.
En 2018 la tenemos a full en la secta de la ideología de género, según se rumorea, carrera a la fama. Habemus alto cargo, bye-bye principios. Éstos son mis principios, pero si no les gustan, yo los cambio. https://twitter.com/kamalaharris/status/1055497541138157570
En 2019, camino al estrellato, Harris ya quiere que todos los estadounidenses que se identifican como transgénero sepan que ella los ve, está con ellos y los apoya en la lucha por la igualdad. https://twitter.com/vp/status/1111743430655385607
Acaricia lo más alto, aquí dándolo todo: Kamala Harris se une a marcha de orgullo LGBTTTI+ en Washington. https://www.razon.com.mx/mundo/kamala-harris-une-marcha-orgullo-lgbttti-washington-video-438638
No creáis que Harris sea la única a la que llaman transfóbica. Hillary Clinton dijo en 2019 que no estaba de acuerdo en permitirle el acceso a los baños a los hombres por mucho que estos digan que se sienten mujeres. https://www.xlsemanal.com/personajes/20191103/hillary-clinton-chelsey-libro-the-book-of-gutsy-women-vida.html
Durante una entrevista para The Sunday Times en promoción de su proyecto The Book of Gutsy Women, le preguntaría sobre el transgenerismo. https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/espectaculos/2019/08/06/hillary-y-chelsea-clinton-escriben-sobre-mujeres-valientes/
Cuando le dijeron que su generación no estaba cómoda compartiendo un baño o vestuario con un hombre, Hillary, ni corta ni perezosa dijo que intentaba ser sensible al tema si bien le preocupaba el asunto puesto que ellos no habían tenido nunca la experiencia que tienen las mujeres. https://woman.elperiodico.com/lifestyle/ocio/chimamanda-feminismo-hillary-clinton
Kamala aprendió a zigzaguear de Hillary Clinton, que con muecas y cara larga decía a sí y no a que cualquier hombre accediera a los baños de mujeres. https://www.elmundo.es/internacional/2016/07/31/579cfb0a468aebe9108b459e.html
En 2022, Hillary Clinton advierte sobre la obsesión de los demócratas con los temas transgénero https://contraelborradodelasmujeres.org/hillary-clinton-advierte-sobre-la-obsesion-de-los-democratas-con-los-temas-transgenero/
La excandidata presidencial concedió una entrevista al Financial Times en la que dijo que los demócratas deben enfocarse en los temas que ayudan a ganar y no en los más controversiales. https://www.univision.com/noticias/linea-de-fuego/centrarse-en-temas-que-ayudan-a-ganar-insta-hillary-clinton-al-partido-democrata-debatimos-sus-declaraciones-video
429) Andrea Fields. El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Wisconsin. EEUU. Ley prevención de la reasignación de los reclusos (The Inmate Sex Change Prevention Act (Act 105).
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1576923.html Los lobbies del transgenerismo han conseguido que si niegan la atención médica con base en identidad sentida, la autopercepción, en el caso de los reclusos, los tribunales lo llamen "indiferencia deliberada".
El provecho que han obtenido de retorcer la Constitución y sus Enmiendas. https://www.aclu.org/cases/fields-v-smith
Según este procedimiento, se violan la prohibición constitucional de aplicar castigos crueles e inusuales (VIII Enmienda) y el derecho a las garantías procesales (XIV Enmienda). https://www.lambdalegal.org/in-court/cases/fields-v-smith
En el caso Fields contra Smith, los lobbistas Lambda Legal y ACLU presentaron una demanda en nombre de reclusos encarcelados en Wisconsin. Uno de ellos había recibido terapia hormonal durante años, pero en 2006 la legislatura estatal aprobó una ley que cancelaba los tratamientos relacionados con la identificación de género sentido de los reclusos en prisiones estatales. http://nsclcarchives.org/index.php/7th-cir-wis-inmate-sex-change-prevention-act-violates-eighth-amendment/#.Yh35qh6CFzc
En el 2010, un tribunal federal se pronunció a favor del recluso. Afirmó que dicha ley violaba la Constitución ya que "la decisión respecto a si un determinado tipo de tratamiento o cirugía en particular son o no necesarios desde el punto de vista médico recae en el médico del recluso".
También determinó que la ley de Wisconsin violaba protección igualitaria que garantiza la Constitución, a causa de que se negaban a internos con GID similares tratamientos médicos permitidos para internos con otros diagnósticos.
El tribunal estableció que los sujetos que se identifican como transgénero deben tener el mismo acceso que cualquier otro individuo en situaciones similares, a un asesoramiento individual de sus necesidades médicas y psicológicas, así como a las opciones de tratamiento adecuadas.
El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito afirmó esta decisión. Los tres demandantes varones que se identificaron como mujeres y fueron diagnosticados con disforia de género: Andrea Fields, Matthew Davison (a/k/a Jessica Davison) y Vankemah Moaton. https://www.icj.org/sogicasebook/andrea-fields-v-judy-smith-u-s-court-of-appeals-for-the-seventh-circuit-5-august-2011/
Andrea Fields. Ley Constitucional — VIII Enmienda y XIV Enmienda — Séptimo Circuito anula la cirugía estética de reasignación del recluso de Wisconsin.
Estatuto de Wisconsin sobre la Ley prevención de la reasignación de género de los reclusos (The Inmate Sex Change Prevention Act (“Act 105”) — https://docs.legis.wisconsin.gov › acts 2005 Wisconsin Act 105. Fields v. Smith, 653 F.3d 550 (7th Cir. 2011).
Pasamos al texto. Si bien los reclusos autopercibidos mujeres con necesidades médicas relacionadas con su identidad de género han experimentado un creciente éxito pleiteando sus quejas en los tribunales, la aprobación del Estatuto de Wisconsin sobre la Ley prevención de la reasignación de género de los reclusos ha puesto en marcha una nueva amenaza para este avance.
El estatuto ha prohibido "el pago con cualquier fondo o el uso de cualquier recurso de este estado o el pago de cualquier fondo federal que pase a través de las arcas del Estado para proveer o facilitar la distribución de hormonas terapia o cirugía de reasignación de género".
Habida cuenta que los reclusos en Wisconsin pueden recibir atención médica únicamente de los médicos del sistema penitenciario, la ley tenía rango de negar ese tipo de tratamiento a los reclusos autopercibidos mujeres. Hace poco, en Fields v. Smith, el Tribunal del Séptimo Circuito confirmó una orden del tribunal de distrito que anula la ley de Wisconsin como inconstitucional bajo la VIII Enmienda.
Con ello, el Séptimo Circuito sentó las bases para una poderosa restricción sobre capacidad de los órganos legislativos para promulgar prohibiciones de los tratamientos médicos; una restricción que puede aplicarse no solo a la legislación que afecta a los reclusos, sino también, a través de una semejante XIV Enmienda de los derechos a las debidas garantías procesales, para legislación que tiene repercusiones en la población en general.
Antes de promulgarse el Estatuto de Wisconsin sobre la prevención de la reasignación de género de los reclusos, el Departamento Correccional de Wisconsin (DOC) había proporcionado tratamiento hormonal a Jessica Davison, Andrea Fields, y Vankemah Moaton con diagnósticos de trastorno de identidad de género (GID) de los médicos del sistema penitenciario.
El 12 de enero de 2006, conforme a lo establecido por el nuevo estatuto, el DOC hizo lo necesario para cancelar estos tratamientos. Al igual que todos los internos del DOC, a Davison, Fields y Moaton le fueron denegados el acceso a la asistencia médica fuera de las cárceles, incluso si podían permitirse, dando lugar a problemas de abstinencia que por lo común incluye "disforia y síntomas psicológicos asociados" así como "atrofia muscular, la presión alta, y complicaciones neurológicas".
Los reclusos demandaron a varios funcionarios del DOC alegando que se violan las prohibiciones constitucionales de aplicar castigos crueles e inusuales de la VIII Enmienda y del derecho a igual protección en virtud de la XIV Enmienda.
El 27 de enero de 2006 los demandantes obtuvieron un requerimiento preliminar revocando la cancelación del tratamiento hormonal.
El Juez Clevert del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Wisconsin, sostuvo que el Estatuto de la ley de prevención de reasignación de género de los reclusos era inconstitucional.
Abordando la reclamación de la VIII Enmienda presentada por los demandantes, el tribunal declaró que cada demandante necesitaba demostrar "1) que su necesidad médica era objetivamente serio; y 2) que el funcionario estatal actuó con indiferencia deliberada hacia la salud o la seguridad del recluso”.
El tribunal sostuvo que el GID de los demandantes cumplía el primer requisito de este examen.
El tribunal en aquel momento declaró que la aplicación del estatuto contra estos demandantes constituye indiferencia deliberada a sus graves necesidades médicas, pues impide a los profesionales de la salud de DOC prestar el tratamiento que han determinado que es médicamente necesario para tratar las condiciones graves de los demandantes.
Refiriéndose a la impugnación de inconstitucionalidad presentada en el estatuto bajo la VIII Enmienda, el tribunal declaró que el estatuto no tenía aplicación constitucional debido a que, en primer lugar, se aplica exclusivamente a los reclusos con GID para los que la terapia hormonal o para reasignarse quirúrgicamente era necesaria (y de ahí que para quienes el estatuto se consideraría inválido tal y como se aplica); en segundo lugar, no era relevante para otras personas y, en tercer lugar, los funcionarios de prisiones no puede sustituir sus opiniones por una prescripción del médico.
En último término, el tribunal sostuvo que el estatuto infringía el derecho de la XIV Enmienda a igual protección tanto en sus propios términos como en la forma en que se aplica a los demandantes puesto que, de acuerdo con el estatuto, su totalidad de reclusos con GID que necesitaban terapia hormonal, incluidos los demandantes, recibieron tratamiento diferente de otros reclusos con graves necesidades médicas, y dicho trato no tenía ninguna relación racional con un interés legítimo del Estado.
El Tribunal de Apelaciones de los EEUU para el Séptimo Circuito afirmó. En nombre del Tribunal, el Juez Gottschall sostuvo que el estatuto violaba la VIII Enmienda tal como se interpretó en Estelle v. Gamble, y confirmó el criterio por el tribunal inferior para la VIII Enmienda: "Los funcionarios penitenciarios violan la prohibición de la VIII Enmienda contra castigos crueles e inusuales cuando muestran "indiferencia deliberada hacia las graves necesidades médicas de los reclusos".
Los funcionarios del DOC argumentaron en la apelación que el estatuto no planteaba problemas constitucionales "en vista de la legislatura estatal tiene potestad para prohibir ciertos tratamientos médicos cuando otras opciones de tratamiento estén disponible"; igualmente reiteraron su consideración de que la legislación fomentaba un interés legítimo del Estado en la seguridad de las cárceles.
Refutando la versión de los funcionarios, el Tribunal destacó decisiones anteriores, Meriwether v. Faulkner y Maggert v. Hanks cada uno sugerido in dicta, si bien los reclusos tienen un derecho general a recibir tratamiento médico, no tienen derecho a tratamientos particulares tales como la terapia hormonal o cirugía estética de reasignación.
El tribunal destacó esos casos sobre la base de que las pruebas en Fields mostraron que la terapia hormonal era el único tratamiento que sería suficiente para hacer frente a los demandantes GID.
A resultas de "está bien definido" que la VIII Enmienda, tal como fue interpretada por el Tribunal Supremo en Estelle, no permite que un Estado niegue un tratamiento eficaz para las graves necesidades médicas de los reclusos", el hecho de que el estatuto de Wisconsin autorizara tratamientos ineficaces no exculpó a los funcionarios.
De hecho, el tribunal calificó el cumplimiento del estatuto de "tortura" y comparó el estatuto a uno hipotético que permite solo "terapia y analgésicos" para tratar a los reclusos con cáncer que "este tribunal no tendría ningún problemas para concluir que… era inconstitucional".
La Corte abordó en seguida argumento de los demandados de que Gonzales v. Carhart, en la que el Tribunal Supremo confirmó la prohibición legal para prohibir abortos de embarazos avanzados, permite a las legislaturas vetar ciertos procedimientos médicos.
El tribunal distinción a Carhart con el argumento de que el ese caso parecía existir alternativas de aborto seguro al procedimiento prohibido, en tanto no existen alternativas similares en relación con el tratamiento de la GID. Y, aun cuando Carhart mencionó "incertidumbre médica" con respecto a la relativa seguridad de métodos de aborto, la incertidumbre que rodea lo que causa GID no era importante.
Agárrate el cubata, sobrecogedor, comparan el aborto seguro de una mujer con las autopercepciones de un hombre para que lo inflen a hormonas o le corten el pito.
Sigo con el texto. Concentrándose en los desafíos a que se enfrenta la VIII Enmienda, el tribunal rechazó el argumento de los demandados de que el estatuto podía aplicarse a los reclusos que no requirieron cirugía o tratamiento hormonal.
Sin embargo, el tribunal reconoció que tal desafío persiste únicamente si el estatuto deja sin efecto, de igual forma señaló que "el enfoque correcto de consulta constitucional es el grupo para el cual la ley es una restricción, no el grupo para el cual la ley es irrelevante".
Debido a que los médicos del DOC "prescriben hormonas solo cuando el tratamiento es médicamente necesario", la ley no tiene utilidad para los reclusos que no necesitan ese tratamiento. Por esta razón, el estatuto no tenía aplicación constitucional.
El tribunal también rechazó el argumento de que el estatuto fomentaba el interés justificado del Estado en la seguridad de la cárcel.
Para concluir, el tribunal se negó a llegar al fondo de la XIV Enmienda. Considerando que en casos anteriores se abordaron las políticas penitenciarias y la actuación del personal penitenciario, Fields representa un gran avance en la jurisprudencia post-Estelle de "indiferencia deliberada" del poder judicial federal gracias a su novedosa nulidad de un estatuto estatal.
Si llevamos esta idea a su conclusión lógica, Fields soporta la opinión de varios académicos de que las garantías procesales reconocidas en la XIV Enmienda limitan capacidad de las legislaturas de restringir el acceso a tratamientos médicos incluso fuera de las cárceles.
Antes de Fields, la viabilidad de Estelle a los estatutos no era evidente. Estelle sostuvo que la indiferencia deliberada ante las graves necesidades médicas de los internos constituye una imposición de dolor innecesario y gratuito que prohíbe la VIII Enmienda.
Tanto el Tribunal Supremo como los analistas han reconocido que el deber constitucional de un Estado de proporcionar atención médica adecuada a los reclusos se desprende de la relación de custodia entre el estado y los reclusos. En consecuencia, parece tener en cuenta que Estelle se dirige principalmente al poder ejecutivo (del gobierno federal o estatal) — , dicho con otras palabras, los funcionarios penitenciarios que actúan como cuidadores o guardianes de los reclusos.
De hecho, Estelle manifestó que "un recluso debe depender de las autoridades penitenciarias para tratar sus necesidades médicas".
Sin embargo, una cosa es sugerir, como Estelle hizo, que un Estado mediante su rama ejecutiva, tiene una obligación efectiva de proporcionar tratamiento médico legal a los reclusos, y otra muy diferente implicar, como Fields hizo, que los reclusos tienen un derecho negativo limitando la capacidad del Estado para determinar a través de su proceso legislativo habitual qué tratamientos son legales para empezar.
No obstante, un caso de la VIII Enmienda, Fields lógico implica una restricción de las garantías procesales en la legislatura debido a que, dentro del contexto de custodia, el Tribunal Supremo ya ha encontrado el deber articulado en Estelle de tener garantías procesales de la XIV Enmienda.
En su análisis de una reclamación, en virtud de garantías procesales de la XIV Enmienda en el caso Youngberg v. Romeo, el Tribunal Supremo declaró que si es un castigo cruel e inusual mantener a los delincuentes condenados en condiciones peligrosas, debe ser inconstitucional limitar a los internados involuntariamente…. en condiciones inseguras.
De igual manera, en la Ciudad de Revere v. Hospital General Massachusetts, el tribunal sostuvo las garantías procesales del gobierno para proveer atención médica a los detenidos en prisión preventiva es "al menos tan grande como las protecciones de la VIII Enmienda disponibles para un recluso condenado".
En DeShaney v. Departamento de Servicios Sociales del Condado de Winnebago, el Tribunal Supremo vinculó de manera explícita Youngberg y la ciudad de Revere para Estelle, observando que Youngberg había "ampliado el análisis [de Estelle] más allá del ajuste de la VIII Enmienda".
Si bien los tribunales continuaron después de DeShaney para afirmar que la VIII Enmienda protege exclusivamente a los convictos, estos tribunales por regla general han sostenido que la XIV Enmienda facilita a los no convictos en custodia estatal ya sea de protección equivalente o superior.
Es importante destacar que DeShaney dejó claro que las obligaciones positivas de los gobiernos en virtud de la Constitución no se extienden más allá del entorno de custodia, la restricción de Fields a las legislaturas encarna un mero derecho negativo.
Pese a que instintivamente tiene poco sentido que los reclusos condenados tengan derechos que no están disponibles para la comunidad en general, las personas bajo custodia del gobierno tienen derechos positivos que otros ciudadanos no tienen, incluyendo atención médica patrocinada por el estado, alojamiento, y sustento.
Para resolver esta visible contradicción, uno podría girar a la sugerencia del juez Posner de que, en ciertas situaciones, en caso contrario, los derechos negativos debe adoptar formas positivas para ser "significativo".
Bajo esta teoría, ei libre ejercicio de perseguir alimentos, atención médica y refugio es un derecho negativo de todas las personas, incluidos los reclusos, pero debido a que la custodia hace que los individuos sean incapaces de perseguir estas cosas en ausencia de asistencia gubernamental es necesaria una obligación positiva por parte del gobierno para garantizar que los derechos individuales no son despreciables.
Como consecuencia, un derecho positivo en el ámbito penitenciario implica un derecho negativo equivalente entre los ciudadanos en general. En otras palabras, la existencia de algunos derechos positivos dentro pero no fuera del contexto de custodia no plantea ningún problema para la permanencia del debido proceso negativo implícito de Fields tanto dentro como fuera de la custodia. Fields sostiene que la legislatura… no puede prohibir el único tratamiento eficaz para una condición grave, por esta razón aplicarse no sólo a los detenidos, sino a todos.
Algunos transativistas pueden abrigar reservas sobre la lógica de Fields ya que tipifica los “problemas transgénero” como esencialmente médicos.
Sin embargo, las implicaciones principales de las garantías procesales de Fields en realidad enfatizan la humanidad de las personas que se identifican como transgénero (un hombre que dice que se siente mujer) y refuerzan que su identidad sentida no anula sus derechos básicos.
Mientras que el estatuto de la Ley prevención de la reasignación de género de los reclusos, debe demostrar ser inusual, cuando surgen, Fields puede ayudar a garantizar que estos sean correctamente invalidados como una afrenta a la dignidad humana.
430) Sandy Jo Battista David Megarry Jr. Massachusetts. EEUU. Pederastia (convicted child rapist). Batista v. Clarke, #10-1965, 2011 U.S. App. Lexis 10308 (1st Cir.).
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca1/10-1965/10-1965p-01a-2011-05-20.html "Ha sido calificado como individuo sexualmente peligroso desde 2003. Fue condenado en 1983 por secuestrar a una niña de 10 años de Medway, violarla y robar el dinero que ella se había ganado vendiendo dulce de azúcar". http://alfamartblog.blogspot.com/2011/05/tranny-killer-michelle-kosilek-sex.html?m=
Battista pasó 18 años tras las rejas tras declararse culpable cuando tenía 21 años por llevar en su coche a una niña de 10 años, llevándola a un camino de tierra y agredirla sexualmente, según muestran los registros judiciales. https://eu.milforddailynews.com/story/news/2003/04/11/child-rapist-seeking-castration-heads/41223311007/
"El estado lo quiere internar en un instituto psiquiátrico con el argumento de que es muy probable que vuelva a involucrarse en delitos sexuales. Está custodiado temporalmente en el Centro de Tratamiento Psiquiátrico de Massachusetts en Bridgewater. Battista ha solicitado la castración desde 2001, diciendo que ha sufrido una crisis de género en los últimos años y el procedimiento evitará causar futuros daños".
El juez del Tribunal Supremo John McCann le dijo a Batista, quien cambió su nombre real, David Megarry Jr en 1995, que reclamara la castración en un tribunal civil. Con anterioridad el juez del Tribunal Supremo Timothy Hillman rechazó la petición de castración del pederasta y dijo que no concedería dicha autorización sin la opinión del Departamento Correccional (DOC).
El ayudante del fiscal de distrito, Peter Pratt, argumentó que la ley no permitía que el DOC participara en los procedimientos. Hasta esa fecha, el DOC solo había estado involucrado en casos en los que los presos por delitos sexuales solicitaban tratamiento psicológico.
"La solicitada castración quirúrgica (extracción de los testículos u orquectomía) es un procedimiento médico con muchas complicaciones," dijo Pratt. "Tal vez es un poco confuso llamarlo un procedimiento médico, como si fuera una sola operación, puesto que no lo es", añadió. El Centro de Tratamiento, del cual es responsable el Departamento Correccional de Massachusetts ("el Departamento"), es una instalación en la que solo se alojan hombres y cuenta con tres grupos: delincuentes que participan en programas de tratamiento, civiles, y aquellos en espera de ser asignados como "sujetos sexualmente peligrosas".
La ley de Massachusetts requería que los detenidos civiles como Battista fueran separados de los penales (criminales). https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1568187.html
En 1996 cambió su nombre a Sandy y comenzó a buscar tratamiento en el Departamento (suministro de hormonas femeninas y acceso a ropa de mujer). En esta época empezó a demandar a la administración.
En 1997, se le diagnosticó GID, pero el Departamento no ofreció más evaluación ni tratamiento hasta 2004. Interpuso una queja en julio de 2005 y en octubre de 2005 intentó castrarse con una navaja.
La demanda contra varios funcionarios del Departamento acusaba de deliberada indiferencia a sus necesidades médicas en violación de las Enmiendas VIII y XIV, así como a las leyes estatales.
En gran medida solicitó una orden judicial para que se le proporcionara tratamiento hormonal y ropas y accesorios para mujer.
La primera solicitud del pederasta al tribunal de distrito para una orden judicial preliminar fue rechazada en marzo de 2006, y se concluyó que los demandados no habían sido deliberadamente indiferentes a sus necesidades médicas.
Por estas fechas, el Departamento anunció que no pondría en práctica tratamientos hasta que se evaluara a fondo la problemática de la seguridad en la institución.
En agosto de 2008, tras la primera revisión de seguridad del Departamento, se concluyó que una apariencia femenina pondría en peligro al pederasta en relación a la violencia sexual que podría sufrir al convertirse en blanco fácil.
El informe se tachó de superficial y en diciembre de 2008 el tribunal de distrito dictó una orden judicial preliminar que requería tratamiento psicológico y acceso a ropa y accesorios de mujer, e informes mensuales sobre la condición médica del pederasta y una recomendación sobre tratamiento hormonal tras una evaluación de seis meses.
En el informe de los seis meses, los médicos volvieron a prescribir las hormonas. Se administró una primera dosis, si bien luego el Departamento suspendió indefinidamente el tratamiento en espera de una segunda revisión de seguridad; dicha revisión, en septiembre de 2009, una vez más encontró que era muy alto el riesgo de seguridad.
Esta informe incluyó datos bajo la Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisión de 2003(Ley federal que prohíbe la conducta sexual inapropiada en centros penales tales como prisiones, cárceles, otros centros de encerramiento, instalaciones penales para menores e instalaciones de Servicios de Inmigración/Centros de detención https://www.doc.wa.gov/corrections/prea/default.htm ) para argumentar que el riesgo de agresión sexual era mayor en el Centro de Tratamiento en comparación con otros centros del Departamento, incluidas las cárceles.
De igual forma, se subrayó el historial delictivo del pederasta y el impedimento de poder trasladarlo a otra instalación debido a su estado de reclusión civil. Se llevó a cabo un juicio sin jurado en junio y agosto de 2010:
El 3 de agosto de 2010, el tribunal declaró que emitiría una orden preliminar que requería que el tratamiento hormonal comenzara de inmediato.
431) Miki Ann DiMarco. Wyoming. EEUU. Fraude bancario. DiMarco v. Wyoming Depart. of Corrections, No. 04-8024, 2007 U.S. App. Lexis 1497 (10th Cir.). [N/R]
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/300/1183/2563046/ Turno de las fullerías y magufadas acientíficas, fulleros manoseando la intersexualidad para convertirla en una autopercepción de un individuo que dice que existe el tercer sexo, el sentido. En Internet hay información de todo tipo en este sentido, ejemplos:
1) https://zonahospitalaria.com/trastornos-del-desarrollo-sexual-intersexualidad/
2) https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001669.htm
3) https://twitter.com/irene_gp/status/1283016676884262913?s=20&t=Z9s6IFkS_jvCIeaAZhgpGw
"Juez dice que la cárcel de Wyoming infringía el respeto de las debidas garantías procesales de una mujer intersexual" https://gaycitynews.com/federal-court-blazes-new-trail/
El juez federal de distrito Clarence A. Brimmer dictaminó que los funcionarios de la prisión de Wyoming violaron los derechos de las debidas garantías procesales de la Decimocuarta Enmienda de Miki Ann DiMarco, un recluso intersexual, cuando lo recluyeron 14 meses en un calabozo de alta seguridad guiado exclusivamente por "su sexo y características físicas" sin que se hubiese celebrado ninguna audiencia para impugnar dicha decisión.
Así empieza este folleto propagandístico, al tiempo que luego pierde fuelle ya que el fallo corresponde al juez y no a su interpretación.
Seguimos con el libelo, advierte que la sentencia podía ser la primera decisión de un tribunal estadounidense en considerar los derechos constitucionales de los intersexuales. Sin embargo, Brimmer "dictaminó de mala gana" que los funcionarios penitenciarios no violaron el derecho de la Octava Enmienda de DiMarco a no recibir castigos crueles e inusuales, y concluyó que su demanda de igualdad ante la ley no había sido violada pues hubo base racional para la decisión de los funcionarios de la prisión.
Aliquindoi, al loro: "DiMarco nació con un pene pequeñito, sin testículos y sin órganos reproductores femeninos. Sin testículos, su cuerpo no produjo las hormonas que lleva a la masculinización en la forma del cuerpo y pelo, y desde la pubertad vivió como mujer pese a la falta de órganos reproductores femeninos. Ahora bien, DiMarco, nunca ha sido intervenido para quitarle su pene".
Después de haber sido declarado culpable por cargos criminales por fraude bancario, DiMarco debía recibir la libertad condicional, pero no tenía identificación verificable y dio positivo por drogas, así que fue condenado a prisión por el tiempo de reclusión en la institución penitenciara para mujeres de Wyoming (Wyoming Women's Center Correctional Facility; WWC).
Cuando llegó a la cárcel, el descubrimiento de su pene en el examen médico provocó consternación entre el personal. Sin demora fue ubicado al ala de máxima seguridad de la prisión. se le mantuvo separado de las demás reclusas, lugar en el que permaneció los 14 meses de su condena.
Qué flipe, este libelo es como los mandamientos de La Carraca: que cada uno fume de su petaca: "DiMarco estaba decidido a no correr ningún riesgo de sufrir violencia o de saltarse las normas para merecer la seguridad máxima, el alborotado personal de la prisión al desconocer cómo tratar a una mujer con pene decidió ponerlo en aislamiento para su propia 'protección,' y enseguida se le impuso todas las restricciones como si él fuera una amenaza. La evaluación de la prisión que lo ubicó con el nivel más bajo posible de riesgo fue 'anulada' por el director adjunto 'dado que el demandante parecía ser un hombre en una institución para mujeres'".
Al parecer, a DiMarco no se le permitió una audiencia ni sobre la clasificación inicial ni sobre las siguientes evaluaciones de reclasificación requeridas por las normas de la prisión, pese a que hizo varias solicitudes para ser transferido a una unidad menos restrictiva. Brimmer averiguó que la prisión no siguió sus propias reglas sobre su derecho a una audiencia.
Durante este tiempo, el personal médico de la prisión concluyó que DiMarco “no era sexualmente funcional como hombre” y el director requirió directrices al Departamento de Correcciones del estado (WDOC) pero dicha directriz no llegó. Brimmer escribió que los funcionarios estatales “dizque aplicaron la táctica del avestruz sobre este tema, y dejaron que la demandada Warden Blackburn cargara sola con este peso."
"Sin embargo, debido a lo alto que el tribunal Supremo de EEUU ha puesto el listón para dar con una violación de la Octava Enmienda por castigo cruel e inusual, Brimmer determinó 'a regañadientes' que tenía que descartar esta parte de la reclamación de DiMarco. Fue alojado en condiciones higiénicas, recibió tres comidas al día, no se le impidió dormir, se le permitió hacer ejercicio y no fue agredido físicamente. La Octava Enmienda solo se invoca en casos de privaciones extremas de las necesidades básicas para la vida, tortura física de los reclusos o la indiferencia deliberada de los funcionarios penitenciarios a situaciones médicas graves. Por contra, Brimmer evidentemente pensaba que los funcionarios penitenciarios no le habían ofrecido a DiMarco las garantías mínimas de procedimiento justo".
Según folleto, Brimmer concluyó que no se respetaron todas las disposiciones constitucionales relativas a las garantías procesales de DiMarco, "que la prisión podría haber suministrado mejores alojamientos en lugar de someterlo al nivel de aislamiento utilizado para los reclusos más peligrosos o violentos."
El juez determinó que incluso si el aislamiento era necesario por razones de seguridad, “los funcionarios penitenciarios no necesitaban mantener la segregación como si él fuera un facineroso de la peor calaña”.
Pero Brimmer no encontró ninguna violación de las garantías procesales, concluyó que no hubo actos ilícitos de discriminación, ya que la propia seguridad de DiMarco fue una razón racional. 18 de febrero de 2004.
El fallo a lo pinfloi, con fanfarrias. Captain, come on! https://www.prisonlegalnews.org/news/2004/dec/15/hermaphroditic-wyoming-prisoner-awarded-1000-for-14-months-in-solitary/
Para salir del entuerto, el tribunal le concedió $1,000 en daños, más honorarios de abogados y costas judiciales.
El filón que han encontrado los picapleitos: representado por Norman Newlon y W. Thomas Sedar de Tom Sedar, Casper, Wyoming, y Hampton M.Young Jr, de Casper, Wyoming
432) Joshua Praylor. Gatesville, Texas (EEUU). Departamento de Justicia Criminal de Texas. Praylor v. Tx. Dept. of Criminal Justice, No. 04-50854, 2005 U.S. App. Lexis 25043 (5th Cir.). [2006 JB Jan].
https://casetext.com/case/praylor-v-texas-dept-of-criminal-justice Joshua Praylor, Gatesville, TX, pro se (litigante pro se, o litigante por derecho propio, que se representa a sí mismo. Es alguien que no tiene un/a abogado/a que le represente en un caso judicial).
Apelación del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Oeste de Texas. PER CURIAM (por la corte). "Joshua Praylor, recluso de Texas # 1128305, apela la denegación de su demanda de derechos civiles contra varios funcionarios del Departamento de Justicia Criminal de Texas. (TDCJ) y los sistemas de atención médica de la Universidad de Texas y la Universidad Tecnológica de Texas (TDCJ). Véase 28 U.S.C. § 1915(e)(2). Praylor argumenta que la negativa del TDCJ a su solicitud de tratamiento hormonal para tratar su transexualidad constituye un castigo cruel e inusual bajo la VIII Enmienda. Praylor busca una orden judicial que ordene al TDCJ a que le proporcione tratamiento hormonal y sujetadores. Su petición es DENEGADA".
Según el expediente de Praylor, "no solicitó ningún tipo de tratamiento que no fuera la terapia hormonal".
Según la declaración del director médico del TDCJ, la TDCJ tenía una política para el tratamiento de reclusos clasificados como transexuales, pero que Praylor no tenía derecho al tratamiento hormonal debido a la duración de su condena, la imposibilidad de la prisión para llevar a cabo una cirugía estética de reasignación, la inexistencia de necesidad médica de la hormona y la perturbación en una prisión donde todos eran hombres.
Además, el director testificó que Praylor había sido evaluado en dos ocasiones y había inadmisibilidad en su caso, no era elegible para el tratamiento hormonal y también informó que la TDCJ facilitó evaluaciones psicológicas como parte de sus procesos para evaluar a los reclusos clasificados como transexuales. Por consiguiente, con base a su expediente y las circunstancias de la queja de Praylor, "la negación de su petición específica de terapia hormonal no constituye indiferencia deliberada."
El Tribunal concluyó que el rechazo al tratamiento hormonal no era lo suficientemente perjudicial como para representar una violación de la VIII Enmienda y, en consecuencia, se confirmó la desestimación del caso por parte del tribunal de primera instancia. https://prisonlegalnews.org/news/2007/may/15/tx-transsexual-prisoners-lawsuit-seeking-hormone-therapy-dismissed/
433) Traci Greene ("Greene"). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio. Greene v. Bowles, No. 02-3626, 361 F.3d 290 (6th Cir. 2004). [2004 JB May]
https://casetext.com/case/greene-v-bowles Deliberada indiferencia y responsabilidad penal. Presentó una acción [sección] de 1983 contra los funcionarios penitenciarios, alegando indiferencia deliberada de las consecuencias [de su seguridades]. Es decir, conocimiento que permita deducir el dolo, la intención, el propósito.
Según la doctrina legal, la “voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud.”
Comprende, entonces, voluntad y conocimiento. El tribunal de distrito concedió sentencia sumaria a favor del alcaide y el recluso apeló. Apelaciones revocó y devolvió.
"Un jurado de un tribunal de distrito de EEUU en Ohio falló en contra de Traci Greene, un recluso autoidentificado como mujer que demandó al estado. Los abogados de Greene alegaron que su cliente fue golpeado duramente por otro recluso en la Institución Correccional para hombres Warren en el suroeste de Ohio en 1996. https://abcnews.go.com/US/story?id=90919&page=1
Los funcionarios clasificaron en un principio a Greene como mujer, pero luego trasladaron a Greene a la cárcel para hombres cuando se enteraron de que el recluso era un hombre y recibía un tratamiento hormonal. Pese al tamaño del busto, a 34-D, y otras características femeninas, Greene era teóricamente capaz de embarazar a las mujeres, dijeron los funcionarios durante el juicio".
Tribunal de Apelaciones de EEUU, Sexto Circuito. 16 de marzo de 2004 https://casetext.com/case/greene-v-bowles "Traci Greene ("Greene") recurre la decisión de concesión de un juicio sumario a favor del demandado-apelado Warden Anthony J. Brigano ("Warden Brigano") en la demanda de Greene de § 1983 contra Warden Brigano y otros funcionarios penitenciarios resultante de un ataque a Greene por otro recluso. Como se concluye que el tribunal de distrito erró al determinar que no hay cuestionamientos de hecho sobre si Warden Brigano actuó con indiferencia deliberada hacia la seguridad de Greene,
REVOCAMOS el fallo del tribunal de distrito para que esta siga con el procedimiento conformes con esta opinión". Greene era un hombre que se identificaba como mujer y en el momento de su encarcelamiento en Warren (WCI), "estaba en preoperatorio, si bien todavía mostraba características femeninas, entre ellas senos desarrollados, ademanes femeninos y estaba recibiendo terapia hormonal".
Debido a su "apariencia femenina", Greene fue colocado en la Unidad de Custodia Preventiva (PCU) para reforzar la seguridad contra los ataques de otros reclusos. En julio de 1996, un segundo recluso en la PCU, Hiawatha Frezzell ("Frezzell"), agredió a Greene en varias ocasiones, culminado en un ataque grave el 12 de julio en el que Frezzell golpeó a Greene con la fregona y luego lo golpeó con un extintor de 22 kilos.
Frezzell tenía un largo historial de agresiones a otros reclusos y estaba clasificado como preso de máxima seguridad; en el momento del ataque, Greene estaba clasificado de seguridad media.
Según el alcaide, Frezzell era un "recluso agresivo", pero había sido internado en la PCU para protegerlo del impacto de su testimonio contra reclusos en el amotinamiento de la prisión de Lucasville. Tras el ataque, Frezzell fue transferido de la PCU a la unidad de aislamiento y acusado de intento de asesinato, y Greene presentó una demanda contra Warden Brigano y otros funcionarios alegando indiferencia deliberada al infringir la VIII y XIV Enmiendas de la Constitución. Warden Brigano, el alcaide, solicitó juicio sumario argumentando que Greene no podía demostrar que estaba al tanto de un riesgo significativo para su seguridad; los otros demandados también solicitarían juicio sumario sobre la base de inmunidad calificada.
Se le concedió al alcaide Brigano y se denegó a los demás acusados que apelaron dicha decisión ante este tribunal, el cual confirmó la negativa respecto a dos imputados y la revocó en cuanto a uno.
Siguió un juicio con jurado dictándose un veredicto para los demandados, a final Greene apeló la concesión de juicio sumario al alcaide.
"El tribunal señaló que la responsabilidad del alcalde no impidió un veredicto del jurado en contra del personal subalterno que fueron hallados no responsable." https://thefreelibrary.com/Greene+v.+Bowles.-a0136884859
434) Lisa Barrett aka Christopher Robert St. John. Cárcel estatal de New Hampshire (Hampshire State Prison; NHS). EEUU. Barrett v. Coplan, 292 F. Supp. 2d 281 (D.N.H. 2003). [N/R]
https://casetext.com/case/barrett-v-coplan "Barrett, quien fue procesado como Christopher Robert St. John, ha estado en prisión desde 1994, cumpliendo sentencias por delitos que van desde robo y agresión hasta resistencia a las autoridades."
"Un juez federal dictaminó que un recluso transexual puede demandar a los trabajadores de la prisión estatal como individuos, no como funcionarios, por no proporcionarle terapia hormonal y una cirugía estética de reasignación". https://eu.seacoastonline.com/story/news/2003/11/26/inmate-sues-n-h-prison/51264134007/
"Lisa Barrett, de 28 años, de Laconia, que es un hombre, dice que negarle la cirugía estética de reasignación y las hormonas es negligencia porque los funcionarios penitenciarios sabían que podría suicidarse o mutilarse si no se trataba".
El juez James Muirhead recomendó la desestimación de la demanda de Barrett contra los trabajadores de la prisión "a título oficial".
La Constitución, dijo Muirhead, prohíbe las demandas contra entidades estatales a menos que la Legislatura lo permita, lo que no se ha hecho en este caso. Mientras estaba en cárcel, Barrett intentó suicidarse y autocastrarse, según documentos judiciales.
El portavoz del Departamento de Correccionales, Jeff Lyons, respondió que el centro penitenciario no hacía comentarios sobre litigios pendientes. Muirhead en la opinión del Tribunal dijo que "aunque Barrett nació hombre, es psicológica y emocionalmente mujer y ha vivido como mujer desde los 17 años.
Barrett dijo que padece un trastorno de identidad de género que, según documentos judiciales, es una "condición grave reconocida por la comunidad médica que a menudo requiere tratamiento. Barrett empezó a recibir hormonas a principios de los '90. Cuando estuvo en la cárcel del condado de Belknap antes de su juicio; el departamento médico le facilitó hormonas.
La demanda acusa en particular a la alcaide Jane Coplan de negligencia a Barrett, en la prisión estatal Coplan rechazó la solicitud de Barrett de ser alojado en la prisión de mujeres y dijo que no podía vestirse como una mujer porque lo ponía en riesgo de agresión, según documentos judiciales. Barrett también nombró al comisionado de la prisión y al personal médico de la prisión."
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/292/281/2331516/ Demandante pro se Lisa Barrett, recluso en la prisión estatal de NHSP, presenta demanda en virtud de 42 USC § 1983 contra varios trabajadores de NHSP. Barrett alegó que los demandados habían violado sus derechos bajo la Octava Enmienda al no facilitarle un tratamiento adecuado para sus graves necesidades médicas mientras estuvo encarcelado. 435) Jessica M. Lewis aka Mark L. Brooks. Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Nueva York. EEUU. Brooks v. Berg, No. 00-CV-1433, 2003 U.S. Dist Lexis 11911 (N.D.N.Y.). [2003 JB Oct]
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/289/286/2430598/ Tribunal de Distrito de EEUU Distrito norte de New York. Jessica M. Lewis, a/k/a Mark L. Brooks, Demandante, v. (GLS/DEP) Stan Berg, delegado adjunto del distrito; Superintendentee, Correccional de Clinton Institución; Daniel Senkowski, Superintendente,
Correccional de Clinton Institución, Demandados. 1 El tribunal respeta la preferencia del demandante y utiliza el pronombre femenino. 2 Se le ordena al Secretario que adjunte el Informe Recomendación del Juez Principal DiBianco a esta decisión. Se ordena al secretario que adjunte el informe recomendación del Presidente del Tribunal DiBianco a esta decisión, y se presume familiaridad.
El demandante pro se Mark Brooks a/k/a Jessica Lewis presenta esta acción alegando que los demandados violaron sus derechos de la Octava y Decimocuarta Enmienda. 20-07-2003. "Mark Brooks, que se hace llamar Jessica Lewis, quiere que los contribuyentes paguen por su cirugía estética de reasignación para que pueda pasar su tiempo restante, unos 37 años, en una cárcel para mujeres".
http://hungangels.com/vboard/archive/index.php/t-391.html "Brooks, de 34 años, que sostiene que se identifica como mujer, confía que el estado le proporcione electrólisis, modulación de voz, terapia hormonal, implantes mamarios y reasignación genital". Un asesino convicto de Nueva York está demandando al estado para reasignarse quirúrgicamente y "vivir su vida como mujer.
https://upi.com/Archives/2003/07/17/UPI-NewsTrack-Quirks-in-the-News/6104109540584 "Mark Brooks, de 34 años, descrito en el New York Post como un thrill-killer (hace referencia a la emoción/excitación que da el asesinato; o sea, asesino por excitación/emoción) presentó una demanda de $500,000 para cubrir la cirugía estética y servicios complementarios".
El juez federal de Albany, Lawrence Kahn, permitió que la demanda siguiera su curso, al determinar que el estado pudo haber sometido a Brooks a "castigo cruel e inusual" al negarse a permitirle consultar con un especialista sobre el tratamiento.
El fiscal de distrito del condado de Putnam, Kevin Wright, quien procesó a Brooks por el asesinato en julio de 1989 del estudiante de la Universidad de Hofstra, Dean Lockshiss, calificó el fallo de Kahn como "indignante." Brooks, que cumple una condena de entre 50 años y cadena perpetua, está demandando al estado de Nueva York para conseguir una cirugía estética de reasignación con dinero del contribuyente y para pasar el resto de su condena en una cárcel de mujeres.
https://thehighroad.org/index.php?threads/serving-50-years-to-life-in-prison-suing-ny-state-to-get-a-sex-change.31547/ "A decir verdad, Brooks mató a un chaval cojonudo, trabajador y amado por todos los que lo conocieron", dijo Wright. "Es realmente espantoso que la madre de su víctima tenga que leer que ella como contribuyente está pagando por este tipo de procedimiento a alguien que acabó con la vida de su hijo." Brooks y Michael Mebert tendieron una trampa al joven para que se parara para auxiliarlos fingiendo que tenían una avería con el coche, en Brewster, Nueva York. Le robaron $ 4, y luego uno de ellos le disparó en la cabeza y el otro en el cuello. https://womenarehuman.com/ruthless-male-murderer-who-identifies-as-a-lesbian-dreams-of-entering-womens-prison-jessica-marie-ne-mark-brooks/
Estando en la cárcel, el asesino envió una serie de cartas a los funcionarios penitenciarios, explicándoles, en agosto de 1998, que se identificaba como mujer. En su demanda dice que desde pequeño se identificó como mujer aunque de disforia no tuvo conocimiento hasta que estuvo encarcelado.
Ha afirmado que él es una “mujer homosexual” (vamos, que es un hombre heterosexual que dice que es lesbiana) y en multitud de ocasiones ha expresado la esperanza de cumplir su sentencia en una prisión para mujeres.
Acusado como cómplice de Michael Mebert en el robo y tiroteo de un motorista por la carretera federal Hill en el condado de Putnam https://casetext.com/case/people-v-brooks-300
436) Barbie Black aka Robert L. Black. Tribunal de distrito de Estados Unidos. D. Columbia. Black v. Kendig, 227 F. Supp. 2d 153 (D.D.C. 2002). [N/R]
https://casetext.com/case/black-v-kendig-2 Pendiente de examen de la abajo firmante, Jueza Federal de los Estados Unidos, la solicitud de sobreseimiento presentada por los demandados, o, como alternativa, para el juicio sumario.
"El demandante Barbie Black, alias Robert L. Black, un recluso transexual bajo la custodia de la Agencia Federal de Prisiones (BOP), presentó la acción inmediata contra Kenneth Moritsugu, el Director Médico de la BOP Federal, a título personal y en sus funciones públicas, y a Kathleen Hawk Sawyer, directora de la BOP federal en su carácter oficial. Demanda Enmendada ¶¶ 8, 9, 74-86. Ante un tribunal I, el demandante alega que el demandado Moritsugu, actuando al amparo de la ley estatal, violó los derechos de la Octava Enmienda del demandante al no proporcionarle tratamiento apropiado por su transexualidad y "al no promulgar políticas que habría requerido que el personal médico de la BOP le suministrara tratamiento para la transexualidad".
Demanda modificada ¶ 76. Ante un tribunal II, el demandante alega que la demandada Hawk, en su carácter oficial, violó los derechos de la Octava Enmienda del demandante "al no aplicar la política actual y al no implementar ninguna política que requiera que la BOP brinde tratamiento al Sr. Black para la transexualidad". Id. ¶ 78. Ante un tribunal III, el demandante alega una reclamación de garantía de igualdad ante la ley de la Quinta Enmienda contra el demandado Kendig referida a discriminación basada entre reclusos transexuales y reclusos con otros trastornos mentales "al exigir a los reclusos transexuales prueben que recibieron un tratamiento específico para la transexualidad antes del encarcelamiento como un requisito para recibir tal tratamiento." Identificación. ¶ 80.
Ante un tribunal IV, el demandante alega que la demandada Hawk fue deliberadamente indiferente a las necesidades de seguridad del demandante, en violación de la Octava Enmienda, al: (1) "designar y confinar [al demandante] a instalaciones de máxima y media seguridad"; (2) no promulgar una política que prohibiera a la BOP designar al demandante a dichas instalaciones; y (3) no hacer cumplir la política actual de la BOP".
Después cuatro años y medio de litigios y deliberaciones de conciliación, las partes presentaron un Acuerdo de conciliación el 23 de junio de 2001.
Se dispuso que el demandante se sometiera a una evaluación de diagnóstico realizada por personal de la BOP en instalaciones médicas de la BOP. Al mismo tiempo, el Acuerdo dispuso que al dictamen de la BOP, otro médico elegido por la BOP pudiera evaluar el diagnóstico y proponer un plan de tratamiento.
El 10 de mayo de 2002, Kendig emitió un "Plan de tratamiento para el recluso Robert Black" según lo contemplado en el Acuerdo de conciliación.
De conformidad con el párrafo 18, el demandante reincorporó las reclamaciones procesadas previamente sin perjuicio" el 21 de mayo de 2002. Posteriormente, se presentaron las solicitudes y el Tribunal, con el consentimiento de las partes, concedió la solicitud del demandante para que se le permitiera presentar una Segunda Demanda Enmendada en la que vuelve establecer una reclamación de la Octava Enmienda y un reclamo por incumplimiento del Acuerdo de Conciliación.
CONCLUSIÓN Por las razones antes expuestas, es, el día ___ de marzo de 2003, RECOMIENDA, que solicitud de sobreseimiento presentada por los demandados o, como alternativa, para Juicio Sumario Expediente No. 100) sea OTORGADA EN PARTE, y que el Número V de la Segunda Demanda Enmendada del Demandante sea DENEGADA; y TAMBIÉN RECOMENDÓ que, en todos los demás aspectos, la moción de la defensa para desestimar o, como alternativa, para el juicio sumario (Docket No. 100) sea DENEGADA; y TAMBIÉN RECOMENDÓ que la Moción para el Requerimiento Judicial Preliminar del demandante Barbie Black (Docket No. 111, Part 2), la Solicitud complementaria y el Memorando para orden judicial preliminar del demandante Barbie Black (Expediente n.° 86, Parte 2) y la Segunda solicitud complementaria y memorando del demandante Barbie Black para una medida cautelar (Docket No. 89, Part 2) sea DENEGADA.
437) Jennifer Katherine Allard aka James Joseph Allard. Corte de Apelaciones de los EEUU, Noveno Circuito.
8 de junio de 2001 Pederasta James Allard. Allard v. Gomez, #00-16947, 9 Fed. aprox. 793, 2001 Aplicación de EE. UU. Lexis 13321 (9th Cir. 2001). https://casetext.com/case/allard-v-gomez
Pederasta, child rapist.
http://americansexoffenders.com/SexOffenders/C James Joseph Allard / Jennifer Katherine Allard. Conducta Inmoral (Immoral Conduct) — los actos de o lascivos con un menor de 14 años y penetración con objetos extraños de una víctima menor de 14 años.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU, en una decisión dividida, revocó un otorgamiento de juicio sumario a los funcionarios penitenciarios de California en una demanda presentada por un ex recluso estatal alegando que los funcionarios fueron deliberadamente indiferentes a su disforia de género.
https://prisonlegalnews.org/news/2007/may/15/summary-judgment-reversed-on-former-prisoners-gender-dysphoria-claim/ "James/Jennifer Allard es un ex-recluso de California. Era indiscutible que tenía un trastorno de disforia de género, que en repetidas ocasiones solicitó tratamiento hormonal para la disforia de género entre 1995 y 1998, y que durante el período en cuestión, en el Centro Médico de California, donde Allard estuvo internado, estaba aplicando una política integrada a nivel de departamento que de una forma negó dicho tratamiento para el trastorno de identidad de género, cualquiera que sean la recomendaciones médicas para el tratamiento de fulano o mengano, de tal o cual".
El tribunal de distrito otorgó juicio sumario a los demandados por cuanto el tribunal determinó que los demandados sí habían evaluado médicamente a Allard y, sobre esa base, se había rechazado el tratamiento hormonal. Allard apeló. El tribunal de apelaciones revisó el expediente y averiguo que el Dr. Viesti había recomendado la terapia hormonal.
Al mismo tiempo, un equipo psiquiátrico validó la recomendación del Dr. Viesti. Esto creó controversia, pudiéndose enjuiciar en cuanto a la base de la negativa de los funcionarios de suministrar a Allard la terapia hormonal. Por ende, el juicio sumario fue incorrecto. La decisión del tribunal de distrito fue revocada y el caso remitido para procedimientos adicionales.
Este caso está publicado en el Apéndice Federal y está sujeto a las normas que rigen los casos no publicados. Véase: Allard v. Gomez, 9 Fed.Appx. 793 (9th Cir. 2001).
En última instancia, el Tribunal de Apelaciones dictamina que la diferencia de opinión médica no es suficiente para presentar una reclamación de indiferencia deliberada y, por consiguiente, se confirmaría la decisión del tribunal de distrito.
438) John Andrew Cuoco. Correccional Federal para hombres en Otisville, condado de Orange en Nueva York. EEUU. Cuoco v. Moritsugu, #98-2954, 222 F.3d 99, 2000 Solicitud de EE. UU. Lexis 18376 (2.º Cir. 2000). https://casemine.com/judgement/us/59147dfaadd7b0493444892e
Cuoco contra Moritsugu. Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito: los demandados contaban con inmunidad calificada y, por lo tanto, tenían derecho a juicio sumario. Por esa razón, se revoca en parte, se despeja en parte y se devuelve al tribunal de distrito para que dicte sentencia a favor de todos los demandados.
https://biotech.law.lsu.edu/cases/immunity/cuoco_v_moritsugu.htm Según con su informe pro se modificado, detallado y preparado cuidadosamente, del que se extraen los hechos para los fines de esta apelación,
"Cuoco estuvo detenido en prisión preventiva en FCI Otisville a partir del 5 de septiembre de 1991. Era un transexual preoperatorio de hombre a mujer. Antes de su arresto, estuvo recibiendo tratamientos con estrógenos sintéticos bajo la supervisión de un médico para tratar su disforia de género o transexualidad. Cuando Cuoco ingresó a Otisville, le contó a un ayudante de médico su condición. También explicó que había estado tomando estrógeno en dosis que se reduciría en tres meses, cuando le operaran para extirparle los testículos. A Cuoco se le permitió conservar las diez tabletas de la hormona que llevaba cuando ingresó en la cárcel para autoadministrarse".
El 10 de septiembre, Cuoco salió de su celda de aislamiento administrativa para reunirse con el demandado Dr. Barraco.
Cuando salió de su oficina, Barraco le preguntó al guardia que había escoltado a Cuoco a su oficina si trajo "él/ella". En una entrevista médica posterior, Barraco le dijo a Cuoco que no sabía absolutamente nada sobre transexuales y hasta entonces no había diagnosticado ni tratado a un transexual.
Le preguntó a Cuoco si esperaba que la Agencia de Prisiones le hiciera una cirugía de reasignación y Cuoco respondió que no pensaba someterse a ninguna cirugía estando encarcelado.
Barraco le renovó la receta de de estrógenos sintéticos.
El 17 de septiembre, Barraco le dijo a Cuoco que no recibiría más estrógeno sintético ya que, al no haberse operado, no era un "real o genuino transexual".
Dijo que la política de la Agencia de Prisiones solamente se aplicaba a los "verdaderos transexuales" y le dijo que si quería hormonas tendría que presentar un recurso administrativo.
Como respuesta, Cuoco amenazó con suicidarse. Cuoco comenzó a sufrir síntomas de abstinencia como resultado de la terminación del tratamiento hormonal.
El 20 de septiembre, Cuoco volvió a amenazar con suicidarse y lo trasladaron a una celda de la unidad hospitalaria de la prisión. Sólo había un colchón, lo dejaron en ropa interior y la obligaron a dormir con las luces encendidas.
El 20 de septiembre, Cuoco presentó una reclamación informal. Barraco llamó al director médico de la Agencia de Prisiones, Moritsugu, para tener el visto bueno y poder rechazar la solicitud de tratamiento hormonal de Cuoco.
Moritsugu rechazó la solicitud de Cuoco a pesar de que, según Cuoco, sabía o debería haber sabido de los síntomas de abstinencia.
El 23 de septiembre, Cuoco se quejó por escrito a la dirección de los Servicios de Salud sobre la negativa respecto a su medicación y sus consecuencias. No hubo respuesta. El 24 de septiembre, Barraco le dijo a Cuoco que Moore y Warden Hershberger habían sido informados de la situación.
Al día siguiente, Cuoco habló con Hershberger. Se negó a escuchar las quejas de Cuoco y dijo que Cuoco "debería actuar como un hombre tal como lo concibió dios".
El 25 de octubre, el abogado de Cuoco le envió una carta a Hershberger preguntándole sobre la solicitud de estrógeno de Cuoco. No hubo respuesta. Entonces Cuoco presentó su denuncia.
Los procesados solicitaron la desestimación o, en su defecto, juicio sumario, alegando que tenían derecho a la inmunidad calificada.
CONCLUSIÓN.
Se revoca la orden del tribunal de distrito en la que se negó juicio sumario a los demandados Barraco, Moritsugu y Quinlan, y se anula la desestimación de la demanda del tribunal de distrito respecto a Hershberger, Moore, Malik y Salamack.
Se solicita que se dicte juicio sumario para Barraco y Moritsugu por motivos de inmunidad absoluta de conformidad con 42 USC 233(a) y para Quinlan, Hershberger, Moore, Malik y Salamack por motivos de inmunidad calificada. Cuoco v. United States.
Se confirma el fallo del tribunal de distrito. https://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1074318.html
John A. Cuoco apela una orden del Tribunal de Distrito de los EEUU para el D.Sur de Nueva York que niega la reclamación que presentó para una Orden Anulando su condena por dos cargos cada uno de robo y robo con un arma peligrosa.
El tribunal de distrito rechazó los argumentos de Cuoco, tantos los que aseguraba que el tribunal de primera instancia violó la Constitución como el Código Federal de procedimiento penal en su Regla 43. https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/title-ix/rule-43-defendants-presence/
439) James Ellis Mcculley, a/k/a. Michelona Sierra McCulley, v. Ronald J. Angelone; McCulley v. Angelone, #00-6211 #00-6438, 2000 U.S. App. Lexis 14667 (4th Cir. 2000). Fourth Circuit Court of Appeals.
No se puede acceder al documento.
Habemus fumata... Hay un tal Jay McCulley, que se hace llamar Michelona Sierra De'Lonta, según se dice, fue puesto en libertad antes de tiempo para poder someterse a una cirugía estética de reasignación.
Sucedió en el 2000, por lo que las fechas coinciden, en Virginia lo sitúan. Como Jay McCulley hay información, propaganda del lobby, del transactivismo. https://www.cbsnews.com/news/the-odd-truth-29-06-2000/ https://richmond.com/transsexual-inmates-sue-state/article_656a5092-de46-53c0-8016-e780cccb2819.html
Estuvo internado en Marion Correctional Treatment, Virginia. Centro de Tratamiento Correccional Marion | Virginia.
Yeah, yeah, yeah, yeah. http://www.ifge.org/news/1999/feb/nws99feb09.htm
En un artículo de 1999 en el Roanoke Times de Michael Hemphill, un recluso presentó una demanda contra el Sheriff de la cárcel de la ciudad de Roanoke.
El demandante de 23 años, Jay McCulley, había estado tomando hormonas durante años y en 1995 fue castrado. Sin embargo, desde su encarcelamiento en junio de 1998, por tentativa de lesión dolosa, a McCulley se le negó el acceso a las hormonas.
En su demanda, McCulley describe el control de hormonas como un "castigo cruel e inusual" y dice que su reasignación de género está siendo desgarrada, injustificada y debe ser revocada la decisión.
Según el artículo, el Sheriff George McMillan controló las hormonas habida cuenta la reasignación de McCulley no era una necesidad médica.
McMillan argumentó que la retención de las hormonas no ponía en riesgo a McCulley ni causaba lesiones graves.
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