Agárrate los machos. It's amazing, honey.
Es un artículo.
Las cárceles estadounidenses se han transformado en un gigantesco dispensador de hormonas para los delincuentes de todo pelaje; los surtidores carcelarios del transgenerismo a costa del contribuyente. Así es, ellos delinquen y tú pagas sus caprichos y delirios.
Los delincuentes citados, si habéis seguido los casos, los vais a situar la mar de bien.
Este artículo maneja el término transexual, si bien es lo mismo que transgénero, uno y otro pertenecen a la misma ficción identitaria del sexo sentido, género sentido, cuerpos equivocados, almas sexuadas, neurosexismo, autodeclaración de género sentido, autoidentificación, autodeterminación, autopercepción, lo que sea, uno y otro es sexismo. Tan sólo es un hombre que afirma que se siente mujer y listo, no hay más misterios. Cuando le preguntas qué es eso de sentirse mujer, por lo general, no hay respuesta, salen de escena, literal, eh, hacer mutis (por el foro), si acaso algún zoquete responde que es ponerse una falda con medias de rejilla, una trenza y unos coloretes.
https://www.aele.org/law/Digests/jail147.html
Un Tribunal Federal de Apelaciones resolvió que un estado no inflige castigos crueles e inusuales al negarse a proporcionar una cirugía estética de reasignación a un recluso.
El demandante, un recluso varón que se declara como mujer de una cárcel de Texas bajo custodia del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), presentó una demanda contra la Política G-51.11 del TDCJ como inconstitucional en virtud de la Octava Enmienda tanto en forma como en su aplicación.
El demandante argumentó que la Política G-51.11 equivalía a una sistemática indiferencia deliberada a sus necesidades médicas, puesto que impedía que TDCJ considerara si la cirugía estética de reasignación era médicamente necesaria para él.
El tribunal de primera instancia concedió juicio sumario para el Director de TDCJ según las circunstancias del demandante que cuestionaba la Octava Enmienda.
El Tribunal Federal de Apelaciones sostuvo que el demandante no presentó, en realidad, objeto de controversia en relación con la indiferencia deliberada de la TDCJ a las graves necesidades médicas del demandante con arreglo a la Octava Enmienda, en vista de que las reclamaciones correspondientes se referían a un tratamiento sobre el cual existe una controversia en el seno de la comunidad médica.
En el blog se corresponde al número 50 Michelle Kosilek aka Robert Kosilek — Chicago, Illinois. EEUU. Cadena perpetúa por el asesinato de su mujer.
Tal como otro tribunal federal de apelaciones concluyó en Kosilek v. Spencer, #12-2194, 774 F.3d 63 (1st Cir. 2014) (en sesión plenaria), no hubo consenso en la comunidad médica sobre la necesidad y eficacia de la cirugía estética de reasignación como tratamiento para la disforia de género.
El tribunal también sostuvo que el demandante no podía presentar una reclamación por castigo cruel e inusual según texto simple y el sentido original de la Octava Enmienda, más allá de los hechos que pueda haber presentado en caso de custodia preventiva.
El tribunal sostuvo que no podía ser cruel ni inusual negar un tratamiento que ninguna otra prisión jamás proveyó. Gibson v. Collier, #16-51148, 2019 U.S. App.Lexis 9397, 2019 WL 1417271 (5th Cir.).
En el blog se corresponde al número 84 Vanessa Lynn aka Scott Lynn Gibson — Gatesville, Texas. EEUU. Robo con violencia e intimidación, delitos de tenencia y depósito de armas, agresión y homicidio.
Un recluso de Wisconsin señaló que se había autoidentificado como mujer toda su vida. Antes del encarcelamiento, en 2008, lo diagnosticaron con disforia de género.
Tras de ser encarcelado, solicitó un tratamiento hormonal, en tanto desencadenó en un proceso de varias fases que el Departamento Correccional expuso en la entonces nueva política sobre el tratamiento de salud del trastorno de identidad de género.
El departamento tardó más de un año en evaluar su postulación para la terapia hormonal.
El DOC luego se negó a proporcionarle el tratamiento recomendado por su propio experto, dado que más o menos le faltaba un mes para que saliera de la cárcel.
Si bien el Director de Salud Mental del DOC lo animó a que buscara un proveedor comunitario para recetarle hormonas, el acuerdo de su libertad condicional le prohibía tomar hormonas o vestirse como mujer.
Un tribunal federal de apelaciones concluyó que el tribunal de primera instancia rechazó antes de tiempo algunos de sus reclamos en una demanda contra el procedimiento antedicho.
Las personas detenidas dependen por entero del estado para su atención médica, por lo que los funcionarios penitenciarios tienen el deber constitucional de proveer a los reclusos la atención para atender necesidades médicas apremiantes.
El Tribunal de Apelación declaró que el personal penitenciario no puede esperar a que finalice la sentencia de un recluso antes de proporcionar los tratamientos necesarios.
Por otro lado, los funcionarios no pueden impedir que un recluso en libertad condicional acceder a loa servicios de salud de forma independiente.
La condición debe ser lo suficientemente grave como para accionar las garantías constitucionales; de lo contrario, la naturaleza del trastorno es irrelevante, comentó el tribunal. Se requerían nuevos procedimientos sobre estas reclamaciones. Mitchell v. Kallas, #16-3350, 895 F.3d 492 (7th Cir. 2018).
En el blog se corresponde al número 424 Lisa Mitchell. Wisconsin — EEUU. Corrupción de menores con fines sexuales.
Una reclusa estatal estaba sufriendo disforia de género. Nacida mujer con características femeninas e identificada mujer. Recibió atención médica para su condición, pero argumentó que el tratamiento fue tan insuficiente que viola la Octava Enmienda.
El tribunal de apelaciones determinó que ella preparó pruebas incuestionables que mostraban que la demandante recibió tratamiento hormonal, medicamentos bloqueadores de testosterona y sesiones semanales de asesoramiento.
Un precedente de 1986, Supre v. Ricketts, #84-2803, 792 F.2d 958 (10th Cir. 1986), sugirió que tales formas de tratamiento imposibilitaría la responsabilidad en virtud de la Octava Enmienda.
En el blog se corresponde al número 425 Shauna Christine Supre aka Ralph Spencer — Colorado. EEUU.
Ingresó al Departamento Correccional de Colorado en 1978 por robo de coches y fuga.
Teniendo en cuenta la evidencia "ningún investigador razonable podría deducir deliberada indiferencia por parte de los funcionarios de prisiones. Y el tribunal de distrito no restringió incorrectamente la oportunidad [del demandante] para hacer la de posición.
Por tanto, declaramos juicio sumario a los funcionarios de prisiones”. Lamb v. Norwood, #317-3171, 2018 U.S. App. Lexis 18557 (10th Cir.).
En el blog se corresponde al número 426 Michelle Renee Lamb aka Thomas Lamb — Departamento Correccional de Kansas, EEUU.
El 11 de mayo de 2018, la Oficina Federal de Prisiones (FOP) modificó sus directrices para el tratamiento de los reclusos que se identifican como transgénero bajo custodia. Esto representó un retroceso de las protecciones para reclusos autodeclarados transgénero introducidas bajo el expresidente Barack Obama después de que algunos reclusos impugnaran las políticas en los tribunales.
El sexo de un preso se utilizaría para tomar la decisión inicial sobre dónde se alojarán os presos transgénero, en vez del género con el que se identifican.
La medida se produjo luego de que cuatro mujeres detenidas en un centro de detención de Texas presentaran una demanda federal argumentando que las anteriores directrices penitenciarias, introducidas en enero de 2017 pocos días antes de que Obama dejara el cargo, las ponían en mayor riesgo de violación porque podrían tener que compartir instalaciones con hombres que se declaraban mujeres.
Con arreglo a las nuevas directrices, las autoridades penitenciarias tienen instrucciones a tener en cuenta la salud y protección de los reclusos autoidentificados mujeres, así como “si la ubicación amenazaría la gestión y la seguridad de la entidad y/o plantearía un riesgo para otros reclusos en la institución”.
Manual sobre delincuentes transgénero, Declaración del Programa de la Oficina Federal de Prisiones 5200,04 CN-1 (11 de mayo de 2018).
Un recluso catalogado como transexual afirmó que los funcionarios penitenciarios demandados actuaron con indiferencia deliberada ante sus graves necesidades médicas al negarse a proporcionarle terapia de reemplazo hormonal para su trastorno de identidad de género (GID).
La demanda del demandante contra los demandados en carácter oficial fue bloqueada por inmunidad. Los demandados en sus funciones individuales tenían derecho a inmunidad calificada porque la evidencia, incluso evaluada desde el punto de vista más favorable para el demandante, no mostró una violación de la Octava Enmienda.
El tribunal de apelaciones señaló que "numerosos" profesionales de la salud mental habían evaluado al demandante, pero ninguno llegó a un diagnóstico de GID o declaró que el tratamiento de GID era apropiado.
El hecho de que el demandante estuviera en desacuerdo con su juicio médico no fue base para una reclamación federal de derechos civiles. Reid v. Griffin, #15-1678, 2015 U.S. App. Lexis 21926 (8th Cir.).
En el blog se corresponde al número 427 Andrew Reid — Departamento Correccional de Arkansas. EEUU.
Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Octavo Circuito. Este caso a su vez resuena a Sasha Reed aka Farrell Reed que en el blog se corresponde al número 386.
Un recluso varón que se identifica mujer buscó una cirugía estética de reasignación y el tribunal de primera instancia concedió una orden judicial que ordenaba la cirugía.
Luego, un tribunal federal de apelaciones suspendió la orden hasta que se resolviera la apelación presentada. Mientras la apelación estaba pendiente, el demandante fue puesto en libertad condicional.
La corte de apelaciones encontró que los hechos que rodearon la liberación del recluso no estaban lo suficientemente desarrollados para determinar si la liberación ocurrió por "casualidad" o por las acciones de los demandados.
El Tribunal de Apelaciones ordenó al Tribunal de Primera instancia que realizara más procedimientos para tomar tal decisión y considerar si anular o no su orden judicial. Norsworthy v. Beard, n.° 15-15712, 2015 Solicitud de EEUU.Lexis 17447 (9th Cir.).
En el blog se corresponde al número 428 Michelle Lael B. Norsworthy aka Jeffrey Bryan Norsworthy — California. EEUU.
Un Tribunal Federal de Apelaciones renovó la reclamación de la Octava Enmienda de un recluso que se identificaba mujer basada en una deliberada indiferencia a sus serias necesidades médicas al negarle la cirugía estética de reasignación (SRS) bajo la política general contra dicha cirugía.
En la denuncia se alegaba de manera convincente que el demandante tenía severa disforia de género, bien fundado en reiterados incidentes de intentos de castración pese a recibir tratamiento hormonal.
Siquiera sin contar la política general, la denuncia demostraba de manera apropiada que los funcionarios demandados actuaron sin tener en cuenta riesgos excesivos para la salud del recluso al negarse a la cirugía basándose únicamente en una recomendación de un médico sin experiencia previa en medicina transgénero. Rosati v. Igbinoso, #13--15984, 2015 U.S. App. Lexis 10860(9th Cir.).
En el blog se corresponde al número 59 Mia Rosati aka Philip Walker Rosati —California. EEUU.
Sentenciado por el asesinato de su esposa. Sentencia de 83 años a cadena perpetua en una prisión estatal en San Diego.
ACTUALIZACIÓN: Un recluso varón de unos 60 años que sufría un trastorno de identidad de género y se autoidentificaba como mujer demandó al Departamento Correccional de Massachusetts por no proporcionarle una cirugía estética de reasignación. Se le estaba suministrando tratamiento hormonal y otros tratamientos médicos.
Una decisión anterior del panel del tribunal federal de apelaciones sostuvo que el demandante tenía derecho a una cirugía estética de reasignación financiada por los contribuyentes y negarse a proveer el procedimiento violaría la Octava Enmienda.
La solicitud de cirugía estética de reasignación, manifestó el panel, se basó en una grave necesidad médica, y el departamento correccional demandado rehusó a satisfacer esa necesidad por razones que equivalían a un pretexto que no estaba respaldado por ningún interés criminológico legítimo. Kosilek v. Spencer, #12-2194, 2014 U.S. App. Lexis 951 (1st Cir.).
En el blog se corresponde al número 50 Michelle Kosilek aka Robert Kosilek —Chicago, Illinois. EEUU. Cadena perpetúa por el asesinato de su mujer.
El pleno de la corte federal de apelaciones, al fallar en pleno, anuló y encontró que teniendo en cuenta el estándar comunitario de atención médica la calidad del tratamiento ya proporcionado y los problemas relativos a la seguridad y la seguridad penitenciaria en el centro de seguridad media donde el recluso fue internado, la atención actual brindada no contraviene la Octava Enmienda. Kosilek v. Spencer, #12-2194, 2014 U.S. App. Lexis23673 (1st Cir. en banc).
En el blog se corresponde al número 50 Michelle Kosilek aka Robert Kosilek —Chicago, Illinois. EEUU. Cadena perpetúa por el asesinato de su mujer.
Un recluso que padecía un trastorno de identidad de género (GID) alegó que la negativa de los funcionarios penitenciarios a autorizarse la cirugía de reasignación violaba la Octava Enmienda, de manera expresa, a sabiendas de anteriores intentos de automutilación.
El tratamiento ofrecido, que incluía terapia hormonal, asesoramiento psicológico y permitirle vivir y vestirse como mujer, alegó, no había aliviado su permanente angustia mental que le causó sus intentos de castrarse.
El Tribunal Federal de Apelaciones resolvió revocar la desestimación de la demanda por falta de la reclamación, dado que la reclamación podía ser posible en sus hechos.
La denuncia establecía debidamente un reclamo por deliberada indiferencia a una grave necesidad médica. De'Lonta v. Johnson, #11-7482. 2013 U.S. App. Lexis 2005 (4thCir.).
En el blog se corresponde al número 423 Ophelia Azriel De'lonta aka Michael A. Stokes — Virginia. EEUU. Cargos de robo, drogas y armas.
Un juez federal de primera instancia dictaminó que un recluso autopercibido mujer que cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar a su esposa (después de que ella sintiera coraje debido a que él estaba usando su ropa) tenía derecho a una cirugía estética de reasignación a expensas del gobierno.
Sus médicos habían indicado que la cirugía de reasignación podría ser la única forma adecuada para tratar su grave trastorno de género.
En tanto estaba encarcelado, intentó suicidarse dos veces y una vez trató de castrarse.
El juez consideró que las aparentes preocupaciones de seguridad expresadas por los funcionarios demandados eran "un pretexto para enmascarar la verdadera razón de la decisión de negarle la cirugía estética de reasignación, temen la controversia, el reproche, el ridículo y el escarnio".
La negación de tal cirugía estética violaría la Octava enmienda, afirmó el juez en una larga opinión.
Todo indica que es la primera decisión judicial en los EEUU que ordena una cirugía de este tipo para un recluso. Kosilek contra Spencer, n.° 00-12455, 2012 Dist. de EE.UU. Lexis 124758 (D. Mass.).
En el blog se corresponde al número 50 Michelle Kosilek aka Robert Kosilek —Chicago, Illinois. EEUU.
Cadena perpetúa por el asesinato de su mujer.
Una ley del estado de Wisconsin que prohíbe rotundamente proporcionar terapia hormonal o cirugía estética de reasignación a reclusos autopercibidos mujeres, sea cual sea sus necesidades médicas, viola la Octava Enmienda.
Los presuntos intereses en mantener la seguridad de la prisión no justificaban negar el tratamiento hormonal con el argumento de que el desarrollo de atributos sexuales secundarios femeninos, tal como los senos, expondría a los reclusos autopercibidos mujeres a un mayor riesgo de agresión sexual.
Era manifiestamente indudable de que tales reclusos son dianas de agresión sexual incluso sin terapia hormonal. "Negarse a brindar un efectivo tratamiento para una grave condición médica no tiene un propósito criminológico válido y equivale a tortura". Fields v. Smith, #10-2339, 2011 Solicitud de EE. UU. Lexis 16152 (7th Cir.).
En el blog se corresponde al número 429 Andrea Fields — El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Wisconsin. EEUU.
Un recluso condenado por pederastia (violación de una menor), secuestro y robo, luego de cumplida su condena, fue internado civilmente como un individuo sexualmente peligroso.
El recluso, que es un hombre pero sufre un trastorno de identidad de género, en 1996 cambió su nombre de David a Sandy y buscó tratamiento que incluía el suministro de hormonas y acceso a ropas para mujer. Se rechazó dicha solicitud como "grotesca en el mejor de los casos y psicóticas en el peor de los casos".
Al final, se administró una dosis de hormonas en 2009, pero luego cesó el tratamiento.
Un tribunal federal de apelaciones mantuvo dictamen sobre deliberada indiferencia o una evaluación profesional desproporcionada ejercido, incluso aunque no descansa en ningún motivo o propósito siniestro fijado para hacer daño.
También confirmó una orden judicial que requería terapia hormonal, señalando que habían pasado quince años desde que el recluso solicitó dicho tratamiento y diez años desde que los profesionales médicos recomendaron que se le facilitara. Batista v. Clarke, #10-1965, 2011 U.S. App. Lexis10308 (1st Cir.).
En el blog se corresponde al número 430 Sandy Jo Battista David Megarry Jr — Massachusetts. EEUU. Pederastia (convicted child rapist).
Un recluso de New Jersey impugnó la decisión adoptada por los funcionarios penitenciarios de negarse a diagnosticarle un trastorno de identidad de género (GID) y facilitarles un "adecuado tratamiento psicológico".
Afirmó ser un hombre que se percibía a sí mismo como mujer, que, si bien nació hombre, es mujer "psicológica y emocionalmente".
Esta negativa se basó en evaluaciones del personal médico que encontraron que el recluso no mostraba "dos criterios principales" de GID, dicho con otras palabras, "una fuerte identificación con el sexo opuesto y alto grado de disconformidad con su cuerpo".
La política de la agencia correccional prevé de esta forma que la cirugía estética de reasignación es una intervención optativa y no se facilita ni está disponible para los reclusos.
Al rechazar las reclamaciones del recluso, el Tribunal de Apelaciones señaló que el recluso, de treinta y tres años, nunca ha sido diagnosticado con GID y varias evaluaciones del personal psiquiátrico de la prisión no pudieron llegar a tal diagnóstico.
En resumidas cuentas, la prisión continuó prestando tratamiento de salud mental al recluso y lo instó a conversar sobre sus sentimientos.
La falta de aceptación del "autodiagnóstico" de GID del recluso no fue arbitraria ni caprichosa y no violó sus derechos constitucionales. Smith v. N.J. Dept. of Corrections, # A-3303-08T2, 2010 N.J. Super. Unpub. Lexis2139.
En el blog se corresponde al número 298 James Randall Smith — Trenton, Nueva Jersey. EEUU. Delincuente sexual. Secuestro y violación.
El tribunal federal de primera instancia niega la moción de los funcionarios penitenciarios de reconsideración de la orden que les exige brindar a los reclusos catalogados como transexuales terapia hormonal y psicoterapia para el tratamiento de las cuestiones de género.
Los funcionarios basaron su moción en una alegación de que el supuesto historial del recluso de tratar de vivir como una mujer no estaba probado.
Sin embargo, el tribunal determinó que dichas pruebas corresponden sólo con la cuestión de si los demandados eran o no responsable de no haber diagnosticado y tratado con anterioridad, antes de que el recluso antes de que se autocastrara, y solo fue ligeramente relacionada con el diagnóstico y tratamiento por trastorno de identidad de género (GID) después de esa castración.
El tribunal de primera instancia dictaminó que GID era una condición de salud mental de vida o muerte si no reciben tratamiento, teniendo en cuenta las acciones de los reclusos de automutilación e intentos de suicidio después de haber solicitado una y otra vez tratamiento para GID. Gammett v. Idaho State Board of Corrections, No. CV05-257, 2007 U.S. Dist. 66456(D. Idaho).
En el blog se corresponde al número 414 Jenniffer Spencer aka Randall Gammett —
Idaho. EEUU. Robo e intento de fuga.
La ubicación del recluso clasificado como transexual, el cual vivía como una mujer pero tenía genitales masculinos, en aislamiento administrativo durante 14 meses sin una audiencia ni derecho a apelar no violó su derecho al debido proceso.
Si bien la ubicación aisló al recluso, no prolongó el período de reclusión ni impuso una dificultad "inusitada y considerable" suficiente para vulnerar las debidas garantías procesales, ya que el recluso recibió los "habituales artículos de primera necesidad" de la vida en prisión. DiMarco v. Wyoming Depart. of Corrections, No. 04-8024, 2007 U.S. App. Lexis 1497 (10th Cir.).[N/R]
En el blog se corresponde al número 431 Miki Ann DiMarco — Wyoming. EEUU. Fraude bancario.
Se le ordenó a un centro juvenil en Hawai que tomara medidas para remediar el omnipresente abuso sexual, físico y verbal de lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, y que deje de emplear el aislamiento, salvo en caso de emergencia; el aislamiento como instrumento de "proteger" tales pabellones contra los abusos y el hostigamiento.
Sin embargo, el tribunal desestima la afirmación de que los miembros del personal violaron los derechos de la Primera Enmienda de los menores haciendo referencia ala Biblia o discutir de religión con ellos, cuando no hubo evidencia de que las acciones se basaron en las políticas del centro. R.G. v. Koller, No. Civ.05-00566, 415 F. Supp. 2d 1129 (D. Hawaii 2006).Subsequent decision at 2006 U.S. Dist. Lexis 21254. [2006 JB Jun] Tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito de Hawaii. R.G. v. Koller,415 F. Supp. 2d 1129 (D. Haw. 2006).
https://www.hivlawandpolicy.org/resources/rg-v-koller-415-f-supp-2d-1129-d-haw-2006
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Hawaii ha admitido una solicitud contra el Centro de menores de Hawaii (HYCF) exigiendo que detuviesen los aislamientos, abusos y no desatención a los "menores LGBT" bajo su custodia.
El fallo, basado en las garantías procesales de la Enmienda XIV, reafirma los derechos de los menores a ser protegidos del abuso bajo custodia estatal y respalda el planteamiento de que el aislamiento no es una forma constitucionalmente válida de salvaguardar a los residentes en centros de menores.
Los demandantes eran tres adolescentes que estaban internados en HYCF y "que se identifican o son percibidos LGBTQ". Estos alegaron haber sufrido abuso verbal, amenazas y agresiones físicas y sexuales por parte del personal.
Los demandantes denunciaron los abusos pero HYCF no tomó medidas para detenerlo y respondió al acoso aislando a las víctimas del abuso.
El tribunal señaló que el aislamiento viola el respeto a las garantías procesales cuando se realiza con la intención explícita de castigar o sin un propósito legítimo.
HYCF argumentó que aisló a los residentes para protegerlos y el tribunal dictaminó que el aislamiento de la juventud LGBTQ por parte de HYCF no tenía fines legítimos.
Con respecto a la falta de protección, el tribunal señaló que los demandantes tienen derechos al debido procedimiento legal y al bienestar personal.
El criterio para determinar si ha ocurrido una violación constitucional es una ”indiferencia deliberada."
El tribunal concluyó que HYCF actuó con indiferencia deliberada porque no logró mantener: 1) las políticas y la capacitación necesarias para proteger a los menores LGBTQ, 2) el dotación de personal y supervisión adecuadas, 3) sistema de reclamaciones y 4) un sistema de clasificación para proteger a los jóvenes vulnerables.
7 de febrero de 2006.
La transactivista ACLU dirigiendo el cotarro pues uno de los menores se identificó transgénero. Según la demanda, los tres demandantes fueron abusados y acosados "por su orientación sexual e identidad de género mientras estaban en HYCF".
Los demandados negaron los hechos y acusaron a los menores de represalia y desquite por las sanciones que habían recibido al incumplir las normas del centro.
Hawai'i - R.G., et al. v. Koller, et al. https://www.aclu.org/cases/hawaii-rg-et-al-v-koller-et-al
Orden que concede en parte y niega en parte. Se acepta la situación caótica del centro.
https://www.aele.org/law/2006JBJUN/rvk.html
El tribunal determinó que había un clima generalizado de hostilidad en función de la orientación sexual, sexo o identidad de género real o percibido.
El tribunal también encontró que los actos de sermones religiosos y predicación era un marco sin competencia.
El sistema penitenciario de Texas no violó el derecho constitucional de los reclusos transexuales a un tratamiento médico adecuado al denegar una petición de terapia hormonal. Praylor v. Tx. Dept. of Criminal Justice, No. 04-50854,
2005 U.S. App. Lexis 25043 (5th Cir.). [2006 JB Jan]
En el blog se corresponde al número 432 Joshua Praylor — Gatesville, Texas. EEUU.
El tribunal federal de apelaciones restablece la reclamación contra el alcaide de la prisión por aparente denegación de protección a un recluso transexual de un ataque de un recluso de máxima seguridad.
El interno demandante planteó una cuestión en una base fáctica suficiente sobre si el alcaide tenía conocimiento del posible riesgo para su seguridad debido a su vulnerabilidad y al status de "agresivo" de su asaltante, pero no cumplieron con su deber para protegerlo. Greene v. Bowles, No. 02-3626, 361 F.3d 290 (6th Cir. 2004). [2004 JB May]
En el blog se corresponde al número 433 Traci Greene ("Greene") — Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio.
La ubicación de reclusos intersexuales con características tanto masculinas como femeninas en aislamiento durante 438 días con prerrogativas muy limitadas únicamente por su "ambigüedad de sexo" no supone vulneración una violación de la Octava Enmienda.
Tal ubicación no tenía como finalidad el castigo, sino proteger la seguridad del recluso y otros reclusos, y al recluso demandante se le proporcionaron todas las necesidades básicas.
El tribunal de la misma manera rechaza la demanda de igualdad de protección. No obstante, la continuidad del aislamiento administrativo más allá de los 30 días, sin una audiencia y sin ningún intento de "aumentar" las condiciones de vida de los reclusos, fue "completamente arbitraria y caprichosa" y carecía de una base racional.
Los funcionarios penitenciarios deberían haberlo sabido y, por lo tanto, no tenían derecho a inmunidad calificada pero solo se otorgaron daños nominales de $1, en ausencia de evidencia de lesión real, tal y como mentales y físicos duraderos como resultado de permanecer en segregación.
Al demandante también se le concedería los costos de los expertos, los honorarios de los abogados y los costos judiciales parte vencedora en virtud de 42 USC Sec. 1988. DiMarco v. Wyoming Dept. of Corrections, 300 F. Supp. 2d 1183(D. Wyo. 2004). [N/R]
En el blog se corresponde al número 431 Miki Ann DiMarco — Wyoming. EEUU. Fraude bancario.
Un recluso que padece un trastorno de identidad de género (GID) presentó una reclamación de la Octava Enmienda por atención médica inadecuada sobre la base de alegaciones de que los funcionarios de la prisión se negaron a facilitarle una evaluación y tratamiento de esta condición, y que el Departamento Correccional del estado tenía una política que prohibía cualquier tratamiento hormonal o quirúrgico para reclusos que padecen de GID sea cual sea su estado de salud.
Si bien la Undécima Enmienda prohibió los reclamos contra de funcionarios de penitenciaria en su condición oficial, el recluso demandante presentó la denuncia contra el Comisionado del Departamento Correccional de New Hampshire a título individual. Barrett v. Coplan, 292 F. Supp.2d 281 (D.N.H. 2003). [N/R]
En el blog se corresponde al número 434 Lisa Barrett aka Christopher Robert St. John — Cárcel estatal de New Hampshire (Hampshire State Prison; NHS). EEUU.
Un recluso que sufre de un trastorno de identidad de género presentó una demanda por atención médica deficiente basada en presunta indiferencia a su necesidad de protección contra la automutilación tras la suspensión de la terapia hormonal. De'Lonta v. Angelone, #01-8020, 330 F.3d 630(4th Cir. 2003). [2003 JB Sep]
En el blog se corresponde al número 423 Ophelia Azriel De'lonta aka Michael A. Stokes — Virginia. EEUU.
Cargos de robo, drogas y armas.
La participación previa de magistrado federal de EEUU para llegar a un acuerdo de la causa no requerida, por sí misma, su recusación en virtud de 28 U.S.C. Sec. 455(b)(1)para "conocer personalmente hechos probatorios controvertidos relativos al procedimiento".
No obstante, el juez magistrado se recusa a causa de que ya se llegó a un acuerdo y este litigio requería, entre otras cosas, la resolución de una disputa entre las partes sobre el significado del arreglo conciliatorio, para los cuales no era posible para que el juez de primera instancia pudiera ser citado como testigo por cualquiera de las partes y, además, le preocupaba el posible perjuicio a la "apariencia de imparcialidad".
El caso se refería a una reclamación de un recluso transexual en preoperatorio contra la
Agencia Federal de Prisiones solicitando de terapia hormonal. Black v. Kendig, 227 F.Supp. 2d 153 (D.D.C. 2002). [N/R]
En el blog se corresponde al número 436 Barbie Black aka Robert L. Black — Tribunal de distrito de Estados Unidos.
El agente penitenciario y el gerente de la unidad de custodia preventiva podrían ser responsables de no ofrecer protección a un recluso varón, que padece un trastorno de identidad de género y aparenta ser una mujer, de la agresión física de otro recluso en una cárcel exclusivamente para hombres. Doe v. Bowles, No. 00-3159, 254 F.3d 617 (6th Cir. 2001). [2002 JB Feb] Doe contra Bowles se refiere a Greene v. Bowles, No. 02-3626, 361 F.3d 290 (6th Cir.
2004). [2004 JB May]
En el blog se corresponde al número 433 Traci Greene ("Greene") — Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio.
'Jane/Judy/John/Richard/Baby Doe', alias utilizado por los estadounidenses para citar a personas de las que desconocen su nombre o que permanece en el anonimato. Es como Fulano de tal, Mengano, Zutano, Perengano, Perico de los Palotes, Juan Nadie. Es un seudónimo.
En DOE contra BOWLES. 19 de junio de 2001. Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Sexto Circuito.
El tribunal de distrito negó inmunidad calificada a los demandados Bowles, Kemp yStratton. Los demandados apelan esa negación y se revoca en parte y se desestima las reclamaciones en cuanto a los restantes demandados por falta de jurisdicción.
El Noveno Circuito sostiene que hubo problemas procesales en cuanto a si se negó la terapia hormonal a un recluso transexual sobre la base de una evaluación médica individualizada o como resultado de una norma general, que constituyó una indiferencia deliberada hacia las necesidades médicas del recluso.
Allard v. Gomez, #00-16947, 9 Fed. aprox. 793, 2001 Aplicación de EE. UU. Lexis13321 (9th Cir. 2001).
En el blog se corresponde al número 437 Jennifer Katherine Allard aka James Joseph Allard — Corte de Apelaciones de los EEUU, Noveno Circuito.
El Octavo Circuito rechaza la demanda de una recluso para exigir que el estado pague la cirugía plástica de reasignación; el programa estatal Medica ID cubrió la psicoterapia y la medicación para su trastorno de identidad de género, pero no tuvo que pagar la cirugía estética. Smith v. Rasmussen, #99-3262, 249 F.3d 755, 2001 Solicitud de EE. UU. Lexis 8467(8th Cir. 2001). John Smith (seudónimo; es una reclusa). John Smith. Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Octavo Circuito. Decidido: 04 de mayo de 2001.
https://caselaw.findlaw.com/us-8th-circuit/1054515.html
El Departamento de Servicios Sociales de Iowa (el Departamento o el Estado) apela la sentencia del tribunal de distrito de que el Departamento violó los mandatos del título XIX de la Ley de seguridad social, 42 U.S.C. § 1396 et seq. (1992 &Supp.2000) (Ley Medicaid o Ley), cuando se negó a financiar la cirugía de la demandante, John Smith (seudónimo).
"Smith, de 41 años, nació con la fisiología de una mujer. Padece el trastorno de identidad de género, que, cuando es grave, se equipara a lo que popularmente se conoce como transexualidad. La Dra. Sharon Satterfield, psiquiatra que trata a Smith y especialista en trastornos de identidad de género, ha determinado que la cirugía estética de reasignación (transición de mujer a hombre de características físicas) es el tratamiento necesario para Smith. Esta transformación implica varios procedimientos quirúrgicos, tratamiento hormonal y asistencia psicológica. Smith ya se sometió a la cirugía de reducción y contorno de pechos. En esta etapa, Smith busca el pago del Departamento por la cirugía final, que es una faloplastia, una técnica quirúrgica que simula un pene".
Desde su Departamento de administración, Donald Herman, testificó en el juicio que el programa estatal de Medicaid cubre la psicoterapia y los medicamentos recetados para el trastorno de identidad de género, pero los procedimientos quirúrgicos no están cubiertos. Incluso ei Departamento ha financiado procedimientos para Smith, como una histerectomía necesaria por otro diagnóstico distinto a su identidad de género sentido.
El Departamento rechazó el pago de una faloplastia porque el procedimiento estaba excluido por una regulación estatal que prohíbe financiar la cirugía plástica para ciertos fines y que excluye específicamente la cirugía de reasignación.
El 19 de mayo de 1997, Smith presentó una demanda bajo 42 USC § 1983, alegando que la regulación que excluye la financiación de la cirugía para el trastorno de identidad de género es poco razonable y, por lo tanto, viola su derecho en virtud de la Ley.
Seguros de salud | USAGov Opciones de cobertura médica, incluyendo Medicaid, Medicare y COBRA.
https://www.usa.gov/espanol/seguros-de-salud
Se revoca la sentencia del tribunal de distrito dado que la regulación del Departamento no viola ese derecho y se devuelve el caso con instrucciones para desestimar la demanda.
El Segundo Circuito desestima una acción pro se de un clasificado como transexual detenido en prisión preventiva, alegando que se le negaron tratamientos de estrógeno mientras estaba recluido.
Cuoco v. Moritsugu, #98-2954, 222 F.3d 99, 2000 Solicitud de EE. UU. Lexis 18376(2.º Cir. 2000).
En el blog se corresponde al número 438 John Andrew Cuoco — Correccional Federal para hombres en Otisville, condado de Orange en Nueva York. EEUU
El Cuarto Circuito confirma la denegación de un tribunal de primera instancia de su solicitud de una orden judicial preliminar que exige a los funcionarios penitenciarios de Virginia que siguieran recibiendo las inyecciones hormonales que el recluso había recibido antes de ingresar a la prisión.
El tribunal concluyó que el tribunal de distrito aplicó correctamente el balance de una situación especialmente difícil y no abusó de su facultad discrecional negando la reparación que solicita.
McCulley v. Angelone, #00-6211 #00-6438, 2000 U.S. App. Lexis 14667 (4th Cir.
2000)
En el blog se corresponde al número 439 James Ellis Mcculley aka Michelona Sierra McCulley — Virginia. Centro de Tratamiento Correccional Marion | Virginia. EEUU.