Del 416 al 427.

416) Señorita Tay Tay aka Carl Tate. Illinois. EEUU. Tribunal de distrito de Estados Unidos del Distrito Norte de Illinois. 

 

Su historial: asesinato/ intento de.

https://idoc.state.il.us/subsections/search/inms_print.asp?idoc=R12529 El tribunal desestima sin perjuicio las reclamaciones de Tate contra Sheahan. 

DECLARACIÓN. 

Carl Tate, un recluso varón autoidentificado mujer confinado en el centro correccional Shawnee, entabla acciones contra el anterior Sheriff, Michael F. Sheahan, del condado de Cook y Ron DeRosa, capellán de la cárcel del condado de Cook. 

En el cuarto auto de acusación enmendado, Tate alega que, en tanto en la Cárcel del Condado Cook, de 1998 a 2002, DeRosa abusó sexualmente de él. 

También interpone demanda contra Sheahan por no impedir las agresiones sexuales y los abusos cometidos por DeRosa. Sheahan pidió que se retiraran las reclamaciones de Tate contra él. En la cuarta queja enmendada, 

Tate que conoció a DeRosa en abril de 1998 tras de enterarse de que su hermana había muerto. A lo largo de la visita, DeRosa, al parecer, le manoseó el brazo de manera sexual y empezó a toquetearlo. 

Después de ese incidente, llamó o trajo a Tate a su oficina tres o cuatro veces al mes. Tenían sexo oral mutuamente y, de vez en cuando, DeRosa invitó a otros reclusos a participar en esas actividades sexuales. DeRosa les explicó que la Biblia alentó a su comportamiento, dio regalos Tate, se refirió a Tate como una bendición y señaló que Tate "sirviendo sexualmente a DeRosa también servía a Dios". 

Una vez que Tate ingresara en el Departamento de Correcciones de Illinois en 2002, DeRosa lo visitó y llamó animándole a tener sexo con otros "para cumplir con la palabra de Dios". 

Tate sostiene que, desde aquella época en la cárcel del condado de Cook, ha intentado suicidarse y ha sufrido trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad, depresión y disforia de género. 

Tate, según parece, reprimió el abuso sexual de manos de DeRosa hasta diciembre de 2016, cuando se dio cuenta del daño en el curso de sesiones de terapia. Entonces le envió una carta al Departamento del Sheriff del Condado de Cook. DeRosa no ha presentado una comparecencia en este caso. 

Por consiguiente, el Tribunal no se refiere a la viabilidad de las reclamaciones de Tate contra DeRosa en esta Orden denunciando el abuso sexual, pero no recibió respuesta alguna. 

Tate presentó el caso que nos ocupa en febrero de 2017. Sheahan estimó la ley de prescripción. La ley de prescripción es una defensa afirmativa que Tate no necesita anticipar en su denuncia a fin de resistir una moción de desestimación. United States v. Lewis, 411 F.3d 838, 842 (7th Cir. 2005). 

No obstante, eso no es el supuesto en que las alegaciones por sí solas establecen todo lo suficiente para la defensa afirmativa, tales como cuando una denuncia revela que una acción es extemporánea en virtud de la ley de prescripción. Id.; véase también Brooks v. Ross, 578 F.3d 574, 579 (7th Cir. 2009) (plantea la ley de prescripción para la defensa sobre la moción de desestimación cuando las fechas pertinentes especificadas se presentan en la denuncia). 

La Sección 1983 en sí misma no tiene ley de prescripción, en su lugar utiliza las prescripciones de plazos para reclamaciones similares en el estado donde demanda se originó.

 "En Illinois, la ley de prescripción es de dos años". Domínguez v. Hendley, 545 F.3d 585, 588 (7th Cir.2008) (citando 735 Ill. Comp. Stat. 5/13-202). Si bien la ley estatal establece la prescripción de los plazos para una demanda, la ley federal rige cuando se devenga reclamaciones. Wallace contra Kato, 549 U.S. 384, 388, 127 S. Ct. 1091, 166 L. Ed. 2d 973 (2007). 

"La regla habitual [es] que [la acumulación (o devengo) ocurre] cuando el demandante cumplimenta y presenta una causa para el litigio; es decir, cuando el demandante puede presentar una demanda y obtiene reparación”. Id. (Tercera alteración en el original) (citas omitidas)". 

Esta ocurre “cuando el demandante sabe o debe saber que sus derechos constitucionales han sido violados". Inst. conductual de Ind., LLC v. Hobart City of Common Council, 406 F.3d 926, 929 (7th Cir. 2005) (cita omitida) (la cita marca omitido). 

Después de identificar el perjuicio, el Tribunal "debe determinar la fecha en que el demandante podría haber demandado por ese perjuicio. Esa fecha debe coincidir con la fecha en que el demandante sabe o debería haber sabido que sus derechos fueron violados". Id. (cita omitida) (la cita marca omitido). 

El Tribunal abordó previamente la ley de prescripción en la revisión de la demanda enmendada de Tate. Doc. 12 a las 4–5. En dicha Orden, la Corte consideró las denuncias de abuso sexual que sufrió en virtud de Clay v. Kuhl, 727 N.E.2d 217, 220–23, 189 Ill. 2d 603, 224 Ill. Dec. 918 (2000), y Doe v. Sociedad de los Misioneros del Sagrado Corazón, No. 11 C 2518, 2012 WL 5499430, en *5 (N.D. Ill. 13 de noviembre de 2012). 

Según el Tribunal Supremo de Illinois en Clay, donde los alegatos de una denuncia mostraban claramente que el demandante “siempre fue conciente de la conducta indebida acusada" y no hubo “aseveración de que el demandante reprimió los recuerdos del abuso,... la acción del demandante debe considerarse extemporánea bajo la regla del descubrimiento”. 

Clay, 727 N.E.2d at 221–22. En Clay, la demanda demostró que el demandante sabía que era la víctima de conducta sexual inapropiada y sufrió perjuicio. Id. Aunque alegó que los daños estaban latentes hasta cierta medida y no se manifestaron completamente hasta años después de que el abuso ya hubiera ocurrido... No existe requerimiento de que un demandante deba conocer el alcance total de sus lesiones antes de. 

Aporta demanda. Id. en 222; ver también Softcheck v. Imesch, 855 N.E.2d 941, 948, 367 Ill. Apl. 3d 148, 305 Ill. Dic. 425 (2006) (sosteniendo, en función de Clay, que aunque los demandantes alegaron que no entendían que el abuso sexual estuvo mal, a falta de denuncia, que los demandados o alguien haya intentado de convencer a los demandantes de tal sexo cuando cumplieron la mayoría de edad, y el tribunal acepta que ambas causas se examina en Illinois y no federal por reglas de acumulación, pero el Tribunal puede considerarlas relevantes en su análisis bajo las leyes federales, donde las reglas federales proporciona acumulación cuando el demandante conocía o debería haber conocido de su agravio, la misma vara de medir aplicada en Clay y Doe. Case: 1:17-cv-00997 Documento #: 59 Archivado: 05/24/19. Entre un sacerdote y un menor no es ilícito acaso, más bien, beneficioso para el crecimiento del niño, la regla de descubrimiento no se aplica). 

En Doe, otro miembro de este Tribunal sostuvo que cuando un demandante alegó "él no se percató que el abuso fue ilícito hasta [un] evento desencadenante en 2006 y, algo igual de importante, que los agravios no se pusieron de manifiesto hasta tal momento" aplicó la regla de descubrimiento y la demanda se había establecido a tiempo. Doe, 2012 WL 5499430, a *7. 

El Tribunal había concluido que no podía desestimar el caso por extemporáneo basándose en la declaración de Tate de que había reprimido el abuso sexual hasta 2016, cuando un profesional de la salud mental le explicó el perjuicio que le causó DeRosa y que DeRosa le explicó que la Biblia alienta al acto sexual. Doc. 12 at 4–5; véase Chafin v. W.V. Div. de Servicios Juveniles. No. 2:16-cv-05127, 2018 WL 1121556, at *5–6 (S.D. W. Va. Enero. 25, 2018) (encontrando que era inapropiado para resolver la cuestión de si la regla del retraso de descubrimientos basada sobre memorias reprimidas aplicada a las reclamaciones de abuso sexual sobre moción de sobreseimiento). 

Nada en la cuarta demanda modificada de Tate requiere que la Corte reconsidere esta conclusión, ni Sheahan presenta ningún argumento contundente para tal salida. En un caso, el tribunal concluyó que "ninguna autoridad sensata de instrucción podría creer que un niño abusado repetidamente entre su decimotercero y decimosexto cumpleaños no sabía lo que ocurría”, haciendo que sus reclamaciones federales devenga en el tiempo del abuso. Ernestt v. Warner, 860 F. Supl. 1338, 1341 (SD Ind. 1994). 

Pero la Corte se niega a llegar a la misma conclusión en la moción de desestimar etapa, en particular, en vistas de las alegaciones de Tate que DeRosa adoctrinó a Tate para que creyera que la actividad sexual sirvió a Dios, una alegación que no presente en Ernstes. 

Véase Doe, 2012 WL 5499430 (Observando que el demandante no debería haber reconocido tampoco que las acciones del sacerdote acusado equivalía a una falta de conducta dada la edad del demandante y las aseveraciones del demandado de la particularidad de su amistad); Softcheck, 855 N.E.2d at 948 (se halla que regla de descubrimiento no se aplicó, señalando que las reclamaciones no incluían ninguna alegación "que los demandados o cualquiera que haya tratado de convencer a los demandantes después de haber cumplido la mayoría de edad, tal sexo entre el sacerdote y el menor no es ilícito sino, más bien, beneficioso para el crecimiento del menor). 

 En tanto que un expediente más desarrollado puede mostrar que Tate sabía del carácter ilícito de las acciones DeRosa y le causaron agravio años antes de esta demanda, las alegaciones de la demanda cuarta enmendada no demuestran claramente que la ley de prescripción impide la tramitación de las demandas. 

Véase United States v. N. Tr. Co., 372 F.3d 886, 888 (7th Cir.2004) (descartar un caso por ser prematuro que se basa en denuncias de quejas irregulares). Pero el Tribunal encuentra que Tate, sin embargo, no ha alegado una reclamación viable contra Sheahan. 

En la medida en que la demanda cuarta enmendada no establece claramente las reclamaciones contra Sheahan, fundado en su respuesta a la moción para desestimar el caso, el tribunal interpreta los reclamos federales de Tate por no proteger a Tate del abuso sexual contra Sheahan a título individual y oficial (funciones públicas). Con respecto a la reclamación individual, Tate no ha alegado debidamente la presunta implicación de Sheahan en la supuesta violación constitucional. 

La Sección 1983 crea una causa de acción basada en la responsabilidad personal y basada en la culpa, que significa que se es responsable penalmente bajo los acusados individuales que tiene que haber causado o el Tribunal tampoco aborda la eventual aplicación de cualquier posible disposición porque ninguna de las partes plantea tal argumento.

 Como tal, el Tribunal no aborda si Tate ha presentado reclamaciones individuales por violación de los derechos a la privacidad o derecho a un juicio con las debidas garantías (salvo en la medida en que su reclamación de falta de protección remite a la XIV Enmienda). Caso: 1:17-cv-00997 N.° de documento: 59 Archivado: 24/05/19 Página 3 de 5 N.° de ID de página: participó en una privación de derechos constitucionales. Pepper v. Vill. of Oak Park, 430 F.3d 805, 810 (7th Cir. 2005) (cita marca omitida). 

La responsabilidad personal existe cuando la conducta se produjo las órdenes del acusado o con su conocimiento y consentimiento. Gentry v. Duckworth, 65 F.3d 555, 561 (7th Cir. 1995). Para un supervisor como Sheahan, esto significa que él debía haber sabido "sobre la conducta y cooperación, que aprobó, condonó, o hizo la vista gorda". 

Arnett v. Webster, 658 F.3d 742, 757 (7th Cir. 2011). Tate no incluye alegaciones para sugerir plausiblemente que Sheahan, como el superior jerárquico de la Cárcel del Condado de Cook, sabía de las acciones de DeRosa y las consintió. 

En cuanto a la reclamación oficial (funciones públicas), Tate basa la responsabilidad de Monell en (1) una política expresa que, cuando se impone, es anticonstitucional; (2) una práctica muy extendida que, aunque no autorizada expresamente por la ley o políticas municipales, tiene tanta permanencia y está firmemente establecida, como para considerarla costumbre o uso con fuerza de ley; o (3) un daño constitucional causado por una persona con autoridad en la formulación de políticas. McCormick v. City of Chicago, 230 F.3d 319, 324 (7th Cir. 2000). 

Las políticas o las prácticas deben ser las causas inmediatas o impulso detrás de las violaciones constitucionales. Woodward v. Corr. Med. Servs. de Ill., Inc., 368 F.3d 917, 927 (7th Cir. 2004) (cita omitida)(i) Para alegar de manera adecuada una difundida la práctica de demanda Monell, Tate debe "alegar contenido fáctico que permite al tribunal extraer inferencia que no carece de fundamento de que el [Sheriff] mantenía una política, costumbre o usos que contribuyeron a la supuesta violación. McCauley v. City of Chicago, 671 F.3d 611, 616 (7th Cir. 2011) (marcas de la cita omitidas). 

Tate parece perseguir una reclamación bajo la segunda y la potencial tercera prolongación. Pero las alegaciones no sugieren que el abuso sexual que sufrió Tate se derivó de políticas o prácticas instituidas por Sheahan o que la Cárcel tuviera algo de conocimiento de las acciones de DeRosa para que las visitas de capellán le hicieran responsable bajo Monell. 

Nos salimos un minuto del documento y os explico algo que no aparece en el documento: Monell v. Departamento de Servicios Sociales, 436 US 658 (1978), es una opinión emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en la que la Corte anuló Monroe v. Pape al sostener que un gobierno local es una "persona" sujeta a una demanda en virtud de la Sección 1983 del Título 42 del Código de los Estados Unidos; Acción civil por privación de derechos). 

Vuelta al documento. Véase Harris v. Wexford Health Sources, In., No. 15-cv-10936, 2017 WL 4467480, at *3–4 (N.D. Ill. Oct. 6, 2017) (desestimando el reclamo de Monell cuando la denuncia no proporcionó adecuadamente los hechos para respaldar cómo los agravios del demandante fueron causadas por las supuestas políticas o prácticas del demandado). 

Paz v. Weir, que Tate cita como soporte, no ayuda a su causa en que presenta sus pretensiones puesto que el caso Paz abordó una reclamación de Monell que sobrevivió a un juicio sumario a la luz de los hechos detallados relativos al conocimiento del condado de posibles abusos e ignorancia de las políticas relativas a las visitas de capellanes. Véase 137 F. Supp. 2d 782, 812–17 (S.D. Tex. 2001) (en juicio sumario, halla una disputa de hecho en cuanto a si el demandante podría establecer una reclamación Monell por las infracciones a su derecho a la integridad física). 

Los hechos presentados en Paz contrastan considerablemente con las escasas alegaciones de la cuarta demanda enmendada, que no sugieren ninguna política o práctica que pudiera estar vinculada a los presuntos agravios de Tate. 

Por lo tanto, el Tribunal desestima las S.1983 las reclamaciones de Tate contra Sheahan a título oficial e individual. Por último, en la medida que Tate, en la demanda contra Sheahan, busca una imposición intencional y provocación intencional de angustia emocional (Intentional Infliction of Emotional Distress, o IIED), la cuarta demanda enmendada no incluye ningún alegato para respaldar tal reclamación. 

Para recuperarse de IIED, Tate debe alegar que (1) que la conducta de Sheahanfue extrema y atroz; (2) intención de provocación intencional de angustia emocional o sabía de lo que su conducta entrañaría; y (3) La conducta de Sheahan causó, en efecto, angustia emocional severa. Lifton v. Bd. def Educ. de Chicago, 416 F.3d 571, 579 (7th Cir. 2005). 

Nada en la cuarta demanda enmendada sugiere que Sheahan tenía conocimiento de las acciones de DeRosa y falló en prevenir el daño infringido a Tate, lo que significa que Tate no ha alegado que Sheahan tenía la intención de dañar a Tate o sabía que sus actos lo harían. Véase Woods v. Maryville Case: 1:17-cv-00997 Doc #: 59 Archivado: 05/24/19. Academy, No. 17 C 8273, 2018 WL 6045219, de *9 (N.D. Ill. Nov. 19, 2018) (desestimando reclamación IIED contra la junta directiva, no hallándose acusación de que los miembros de la junta sabían del presunto abuso sexual perpetrado por otro menor en el centro de alojamiento del demandado por DCFS). 

En consecuencia, Tate tampoco puede proceder en una demanda de IIED contra Sheahan. 

A causa de que la Corte considera que Tate no prueba una demanda contra Sheahan, aunque podría potencialmente subsanar los defectos de alegación, el Tribunal desestima sin perjuicio las reclamaciones contra Sheahan y concede a Tate una última oportunidad para alegar reclamaciones viables en su contra. 

Fecha: May 24, 2019 /s/_Sara L. Ellis Case: 1:17-cv-00997 Documento #: 59 Archivado: 05/24/19 

 

 

417) Giraldo v. California. Departamento de Corrección y Rehabilitación de California (CDCR). 

Manipulación mediática, lobbistas cuelan datos que pueden resultar irrisorios para que el hombre que se declara mujer, dado que afirma que ser mujer es un mero sentimiento en la mente de un hombre, sea el más vulnerable de la sociedad a lo largo de los siglos. https://inthesetimes.com/article/transgendered-behind-bars  

Alexis Giraldo, un hombre que se identifica a sí mismo como mujer fue recluido, en enero de 2006, en la prisión estatal de Folsom, una cárcel para hombres en California; ingresó por dos causas, por un delito menor y por saltarse la condicional. 

De traca, el libelo afirma que los hombres que se identifican como mujeres son el tiro blanco del mundo mundial, en parte, debido a que en California, como en la mayor parte de los otros estados estadounidenses, el precio inasequible de las cirugías estéticas, el asesoramiento y las hormonas impide que estos individuos adquieran cambios regístrales/ legales de sexo. Y que, mientras están encarcelados, la mayoría de reclusos que se autoidentifican mujer tienen dificultades para acceder a hormonas y no acceden a cirugía estética mientras cumplen su condena. 

Pasamos a los documentos judiciales para que se vean las triquiñuelas. https://law.com/therecorder/almID/1202426052089/Giraldo-v-California-Department-of-Corrections-and-Rehabilitation/?slreturn=20220124030105  

El Primer Distrito de Apelaciones revocó en parte una sentencia, en parte la confirmó y remitió las medidas para que estas siguieran con el procedimiento. 

 El tribunal estimó que la relación entre custodio y recluso es una relación especial dando lugar a un compromiso de atención al recluso. 

Además, el tribunal sostuvo que no existe un derecho privado para entablar acciones por daños causados por la violación de penas crueles o inusuales de la Constitución de California. 

Alexis Giraldo era un hombre que se autoidentificó como mujer recluido en el sistema penitenciario de California. Según Giraldo, su compañero de celda lo acosaba, agredía, violaba y amenazaba a diario. 

Giraldo denunció el abuso a los funcionarios penitenciarios, pero no fue transferido a un lugar seguro hasta que, al final, su compañero de celda lo violó y atacó con un arma. Giraldo demandó al Departamento de Corrección y Rehabilitación de California (CDCR) y a varios sujetos (Departamento) para cuestionar las políticas penitenciarias de alojamiento de los hombres que se autodeclaran como mujeres, que tenían aspecto físico de mujeres, en el marco de reclusos varones sin que se llegue a adoptar ninguna medida importante contra el riesgo de agresión sexual. 

Giraldo alegó negligencia, afirmando que, en particular, hay un deber de asistencia para su protección derivado de la doctrina de la “relación especial”. 

Giraldo también alegó, en su parte pertinente, que los demandados actuaron con indiferencia deliberada hacia sus necesidades de seguridad, que a su vez refleja una conducta consciente contravenida a la cláusula castigo cruel o inusual de la Constitución de California, por lo que solicitó una indemnización de daños y perjuicios. 

Los acusados interpusieron una excepción perentoria (la afirmación por el demandado de un hecho que impida la producción de efectos jurídicos del hecho alegado por el actor como fundamento de su pretensión). 

Entre otras cosas, argumentaron que la doctrina de la “relación especial” no se aplicaba en el contexto de los reclusos y que Giraldo no alegó una responsabilidad constitucional en virtud de la ley de California puesto que invocó las normas destinadas a “indiferencia deliberada” para su reclamación de castigo cruel o inusual, sin embargo, esa prueba actúan sólo en la ley federal. 

El departamento legal y de mociones concluyó que la objeción tenía que ser sostenida en cuanto a la reclamación de negligencia de Giraldo por falta de una relación especial. 

El tribunal desestimó la objeción en cuanto al reclamo de castigo cruel o inusual de Giraldo, concluyendo que presentó una reclamación incluso si California utilizó criterios diferentes para un patrón de indiferencia deliberada. 

A lo largo del juicio, el tribunal de primera instancia concedió una moción de sobreseimiento con respecto al castigo cruel o inusual. 

El tribunal justificó que no existía ningún derecho privado para entablar acciones por daños causados por la violación de penas crueles o inusuales de California. 

El jurado dictó un veredicto mayoritario de defensa y se estancó en cuanto a ciertos demandados. 

Giraldo obtuvo la desestimación de su denuncia con perjuicio para que pueda apelar la desestimación de sus reclamaciones por negligencia y sus reclamaciones en virtud de la Constitución del Estado de penas crueles o inusuales. 

 El tribunal declaró que existe una relación especial entre un custodio y un recluso que da lugar a un compromiso de atención para proteger al recluso del daño previsible infligido por un tercero. Esta era una cuestión de primer impacto en California, este deber se reconoció también por autoridades pertinentes. 

El Segundo Repertorio sobre Responsabilidad y cartillas legales, por ejemplo, declara que quien toma la custodia de otro, según lo exija la ley o por voluntad propia, tiene el deber de proteger a la persona de daños previsibles. 

La regla general se extiende a los reclusos, que están bajo la custodia de custodios en un entorno en el que puede esperarse que esté habitado por delincuentes peligrosos. 

La autoridad del caso confirma la regla, al parecer todos los casos que han considerado el asunto habían reconocido un deber que un custodio le debe a un recluso. 

El tribunal subrayó que tan sólo sostenía que hay una relación especial entre el custodio y el recluso que impone un deber de cuidado del custodio hacia el recluso. Así, la objeción de la defensa se sostuvo conjuntamente en cuanto a demandados. 

El tribunal no alcanzó cuestiones relacionadas, como quién de los demandados centraría en la categoría de “custodio” y similares. Esas cuestiones, advirtió el tribunal, se dejarían para otro día. 

El tribunal luego declaró que no existía ningún derecho privado para entablar acciones por daños causados por la violación de penas crueles o inusuales de la Constitución de California. 

El artículo I, sección 17 de la Constitución de California establece que no se podrán imponer multas excesivas ni castigos crueles e inusuales. https://law.justia.com/constitution/california/article-i/section-17/. 

No es insulsa la cláusula ni su historia, indicó que los legisladores trataron conferir un derecho privado para entablar acciones por daños y perjuicios. El Tribunal consideró, por tanto, si una acción de responsabilidad civil por daños y perjuicios para remediar una supuesta violación constitucional debe, empero, ser reconocida. La respuesta fue “no”. 

En primer lugar, existían alternativas adecuadas disponibles para una reclamación como la planteada por Giraldo. El tribunal ya había concluido, por ejemplo, que la ley estatal imponía al menos a parte del personal penitenciario el deber de proteger a los reclusos de daños previsibles causados por otros reclusos, cuyo incumplimiento daría lugar a una demanda por negligencia. 

Giraldo igualmente tenía disponible una reclamación con arreglo a la ley federal de derechos civiles por violación de la Octava Enmienda de la Constitución federal. 

Asimismo, permitir las demandas de indemnización por daños y perjuicios por violación de la cláusula de castigo cruel o inusual de la Constitución de California modificaría la ley. Esto redunda en contra de inferir la existencia de tal reclamación. 

En último lugar, si bien la prohibición de infligir castigos crueles o inusuales era un significativo derecho constitucional destinado a proteger la dignidad humana, dada la disponibilidad de otras reparaciones adecuadas, simplemente no había base para reconocer una reclamación por daños y perjuicios por una violación del Artículo I, sección 17. 

 Sobre la base de sus conclusiones, el tribunal sostuvo que el tribunal de primera instancia incurrió en error al sostener la objeción en cuanto a la demanda de negligencia de Giraldo, pero la objeción se sostuvo correctamente en la demanda constitucional de castigo cruel o inusual de Giraldo. 

El tribunal agregó que el tribunal de primera instancia no incurrió en error al desestimar amparo cautelar de Giraldo y desagravio declaratorio donde había sido puesto en libertad condicional. Giraldo ya no estaba bajo el control material del Departamento, por lo que la conducta que impugnaba ya no se aplicaba a él. https://www.prisonlegalnews.org/news/2011/jul/15/california-recognizes-special-relationship-between-jailer-and-prisoner/ 

Un Tribunal de Apelaciones de California reconoce que existe una "relación especial" entre el custodio y el recluso que da lugar a un compromiso para la protección del recluso de daños previsibles y, por lo tanto, puede respaldar una demanda por negligencia de la ley estatal. 

Al sostenerlo, California se une a una lista de jurisdicciones que han reconocido una relación especial. Giraldo alegó causas: por negligencia; por provocación de angustia emocional; y por violación constitucional que prohíbe el castigo cruel o inusual. Buscó daños y perjuicios, así como una orden judicial y desagravio declaratorio con respecto al alojamiento de varones recluidos que se identifican mujeres en los espacios carcelarios. Nº A119046. Resuelto: 14 de noviembre de 2008 https://caselaw.findlaw.com/ca-court-of-appeal/1041804.html  

La apelación del demandante presenta dos cuestiones nunca antes resueltas en California: (1) si la relación entre el custodio y el recluso es una relación especial que da lugar a un deber de atención al recluso; y (2) si existe un derecho privado de acción por daños y perjuicios por la violación de la cláusula de castigo cruel o inusual de la Constitución estatal, artículo I, sección 17. Se responde sí a la primera pregunta, no a la segunda. 

 

 

418) Donna Dawn Konitzer aka Scott Konitzer. Tribunal de Distrito de Wisconsin, EEUU. Cargos de atracos a mano armada y apuñalamiento a otro recluso.  

https://twitter.com/bc_Sanders/status/1144517758115168256?t=LRCvQcF2pvtBUUBvCD6v5g&s=19 No apto para la libertad condicional hasta 2026, Konitzer ha recibido tratamiento hormonal financiado por el estado durante años de acuerdo a la política penitenciaria para tratar la disforia de género. 

Konitzer afirmó que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y que estaba sufriendo un castigo cruel e inusual al no permitirle someterse a una cirugía estética para completar su reasignación. 

Su defensa a cargo de lobbistas del transgenerismo, Larry Dupuis de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Wisconsin (ACLU de Wisconsin). https://epgn.com/2010/11/18/10363957-wis-inmate-seeks-statefunded-sexchange/  

"Un recluso de Wisconsin que ha logrado características femeninas fruto de un tratamiento hormonal financiado con fondos públicos está litigando contra los funcionarios de la prisión por no completar el proceso de reasignación de género (cirugía estética). Este proceso sigue pendiente en el tribunal federal de Milwaukee, presentado por un recluso con nombre real Scott Konitzer que usa el nombre de Donna Dawn Konitzer. El demandante cumple una condena de 123 años por numerosos atracos a mano armada y por apuñalar a otro recluso. El departamento, desde 1999, ha estado proporcionando a Konitzer, de 40 años, tratamiento hormonal para estimular el desarrollo femenino, pero no autorizará la cirugía estética genital. Konitzer afirma que un médico de la prisión dijo que la cirugía seguiría a los tratamientos hormonales y la negativa a continuar viola la protección de la Octava Enmienda contra el castigo cruel e inusual. Con todo, la política del departamento prohíbe la cirugía. Konitzer, que luce como mujer a causa de las hormonas, de igual forma se opone a ser alojado en prisiones para hombres, donde los guardias realizan los cacheos y los reclusos comparten duchas comunitarias. Konitzer no puede llevar sujetador o ropas para mujer." 

Los tribunales han interpretado durante años la garantía de la Octava Enmienda contra los castigos crueles e inusuales en el sentido de que las cárceles deben proporcionar una atención adecuada y médicamente necesaria. 

Durante las últimas décadas, los reclusos han argumentado en demandas que la terapia hormonal de afirmación de género y la cirugía estética deberían ser obligatoria y financiadas por el contribuyente. 

También alegan que deberían tener la capacidad de vivir de acuerdo con su identidad de género, con su autopercepción, lo que se conoce como transición social: acceder a ropa y cosméticos, y ser traslados a cárceles de mujeres. Sin embargo los estados, elementalmente, se oponen al costo de estos tratamientos. https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-wis-inmate-seeks-to-nix-deal-in-sex-change-case-2010nov10-story.html  

Cárcel de Columbia en Portage, Wisconsin. El recluso quiere rechazar un acuerdo que lo convertiría en el primero en Wisconsin al que se le daría ropa interior de mujer en una cárcel de hombres y, en su lugar, continuar su demanda que propone una cirugía estética financiada por los contribuyentes. 

Presentó la demanda en 2003, acusa al departamento de que lo obligan a aceptar el acuerdo a cambio de retirar la demanda. 

Los funcionarios de Wisconsin dijeron que ya habían comenzado poner en práctica el acuerdo y se opondrían a cualquier pretensión de reabrir el caso. 

El acuerdo mantenía a Konitzer en una prisión para hombres, el centro correccional Columbia en Portage, si bien le daría baño y ducha. 

estado no se opondría al cambio de nombre de Konitzer, le perdonaría $5,000, incluidos honorarios legales, y le facilitaría un tratamiento de seis meses para la calvicie. https://prisonlegalnews.org/news/2006/aug/15/transgender-wisconsin-prisoners-continue-hormone-treatment-despite-law/  

En 2006, Wisconsin aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los médicos de la prisión proporcionar hormonas o cirugía a los reclusos que se identifiquen como transgénero. 

Un tribunal federal provisionalmente derribó la ley, concluyendo que viola el derecho del recluso a la atención médica protegido constitucionalmente: En enero de 2006, un tribunal federal de Wisconsin dictó una orden de protección de emergencia para evitar que el estado suspendiera el tratamiento hormonal para tres reclusos que se declararon mujeres a pesar de que una nueva ley estatal prohibía el tratamiento. https://findlaw.com/legalblogs/seventh-circuit/law-denying-hormone-therapy-to-wisconsin-inmates-unconstitutional/ 

En 2011, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito dictaminó que la ley que prohibía el tratamiento hormonal a los reclusos de Wisconsin diagnosticados con trastorno de identidad de género era inconstitucional.  

https://casetext.com/case/konitzer-v-frank-4 Orden que niega la solicitud del demandante para anular (doc. #350). Denegar solicitud del demandante (doc. #362), aprobando la solicitud del demandante de autorización para presentar exceso de páginas (doc. #401) desestimado por improcedente. 

 

 

419) Monica Franklin aka Jose Franklin. Departamento de Correcciones de Illinois. Centro Correccional de máxima seguridad Stateville, Crest Hill, Illinois. Tribunal de distrito de Estados Unidos del Distrito Norte de Illinois.

 

Tribunal de distrito de Estados Unidos del Distrito Norte de Illinois. Jose Franklin, demandante v. 12 C 2970 Marcus Hardy, y otros demandados. Memorandum Opinión. Charles P. Kocoras, Juez de Distrito: 

Este asunto se presentara ante la Corte sobre la moción de los demandados Marcus Hardy ("Hardy"), Guy Pierce ("Pierce"), Tracy Engleson ("Engleson"), Salvador Godinez ("Godinez") y Shaun Bass ("Bass"). (Colectivamente denominados "Demandados") para desestimar de conformidad con la regla federal 12(b)(6). de derecho procesal civil. Por las razones expuestas, la moción es aprobada en parte y denegada en parte. 

ANTECEDENTES. 

Demandante Jose Franklin (1) (“Franklin”), también conocido como Monica Franklin, es un recluso autoidentificado como mujer confinado en el Centro Correccional Stateville, en todos los momentos relacionados a esta acción. Godinez es y fue el Director del Departamento Correccional de Illinois. Hardy y Pierce eran guardas en Stateville en relación con esta moción. 

Engleson era el jefe de la unidad de alojamiento de Franklin. Bass era el consejero de Franklin en el centro correccional. (1) Para los propósitos de esta moción, aceptamos como ciertas las alegaciones de la reclamación de Franklin. 

Antes de su encarcelamiento, Franklin fue diagnosticado con trastorno de identidad de género ("GID"). Franklin estaba recibiendo tratamiento hormonal y le recetaron varios medicamentos, entre ellos espironolactona (supresor de andrógenos y estimulador de estrógenos) y estradiol (hormonal sexual femenina). Franklin todavía no se ha sometido a una cirugía estética de reasignación pero la contemplaba posibilidad "en un futuro próximo". 

Antes del internamiento de Franklin en Stateville, el personal médico de la Cárcel del condado de Cook, donde Franklin estaba recluido, le proporcionó medicamentos para siete días para que pudiera continuar su tratamiento sin interrupción, pendientes de revisión por parte de los proveedores de atención médica de Stateville. Franklin llegó a Stateville el 10 de noviembre de 2011. 

En el transcurso del procedimiento de admisión en Stateville, los medicamentos con prescripción de Franklin fueron confiscados. Uno de los miembros del personal médico de Stateville, al parecer, le dijo a Franklin: "Nosotros no hacemos eso". 

Además, los médicos y personal de enfermería dejaron de prescribir el tratamiento para GID. Franklin estuvo sin medicación desde el 10 de noviembre de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012 (y después de esa fecha recibió la medicación de manera irregular). 

El 30 de enero de 2013, Franklin presentó una segunda reclamación enmendada de nueve cargos alegando violaciones de sus derechos civiles en aplicación de 42 U S.C S. 1983. 

Franklin afirma que los Demandados violaron sus derechos constitucionales al actuar con indiferencia deliberada ante sus graves necesidades médicas. 

Franklin alega que durante meses se le negó la atención y el tratamiento médico necesario, incluida la terapia hormonal para su disforia de género, un padecimiento para el que había estado recibiendo tratamiento durante años antes de llegar a Stateville. 

El 22 se abril de 2013, los Demandados presentaron la moción inmediata de desistimiento. 

El personal sanitario demandado no se ha sumado a la moción de desestimación; con anterioridad el Tribunal rechazó una moción de desestimación presentada por el director médico de Stateville. Véase actas de las órdenes del 3 de agosto de 2012. 

NORMATIVA JURÍDICA. 

Una moción de desestimación de la Regla 12(b)(6) se usa para probar fundamento jurídico de una reclamación. Hallinan v. Orden Fraternal de Policía de Chicago. Logia No. 7, 570 F.3d 811, 820 (7th Cir. 2009). 

Al revisar una moción para desestimar, el tribunal acepta como ciertas todas las alegaciones basadas en los hechos alegadas en la demanda y hacer inferencias razonables a favor de la parte que no presentó la moción. Id. con arreglo a la regla 8(a)(2), una demanda debe contener "una declaración clara y corta de la demanda que demuestre que el demandante tiene derecho a la reparación", suficiente para proporcionar al demandado una "adecuada notificación de la petición y su fundamento". 

Tamayo v. Blagojevich, 526 F.3d 1074, 1084 (7th Cir. 2008) (citando Fed. R. Civ. P. 8(a)(2) ; Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 555 (2007)). 

Asimismo, las alegaciones en la demanda deben "sugerir que el demandante tiene derecho a la reparación, proporcionando alegaciones que elevan el derecho a reparación sobre un nivel especulativo". Tamayo, 526 F.3d at 1084 (énfasis en original). 

No obstante, un alegato solo necesita transmitir suficiente información para permitir que el demandado entienda el gravamen de la demanda. Payton contra Rush- Presbyterian-St. Luke’s Med. Ctr., 184 F.3d 623, 627 (7th Cir. 1999). 

DISCUSIÓN. 

El Séptimo Circuito ha sostenido que una ley de Wisconsin que prohibía al Departamento Correccional del estado proveer tratamiento hormonal a los reclusos que padecían GID era inconstitucional. Fields v. Smith, 653 F.3d 550, 554 (7th Cir. 2011). 

Los funcionarios de prisiones y los proveedores de atención médica no pueden actuar con indiferencia deliberada ante las graves necesidades médicas de un recluso. Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97, 104 (1976); Fields, 653 F.3d at 554. Los demandados señalan con acierto que no pueden ser considerados responsables únicamente sobre la base de una responsabilidad general de supervisión. 

La teoría legal conocida como "responde at superior (que responda el superior; considera a la persona jurídica responsable de la conducta de un agente individual que actúe en el marco o ámbito de su agencia)" no se aplica a las acciones presentadas bajo 42 U.S.C S.1983 . 

Véase, por ejemplo, Kinslow v. Pullara, 538 F.3d 687, 692 (7th Cir. 2008). Ahora bien, la sección 1983 crea una causa de acción judicial basada en la responsabilidad personal y afirmada sobre falla; por lo tanto, "para ser responsable bajo § 1983, un demandado debe haber causado o participado en una privación constitucional". Pepper v. Village of Oak Park, 430 F.3d 809, 810 (7th Cir. 2005) (citación omitida). 

Franklin adecuadamente ha alegado tal implicación personal. Según Franklin, a cada uno de los Demandados se le informó de la necesidad de tratamiento de su GID y no adoptó medidas. 

Franklin alega que notificó a Hardy, Pierce y Godinez por medio de reclamaciones, correspondencia, y/u otros recursos administrativos; que personalmente buscó la intervención de Engleson mediante solicitudes; y que presentó múltiples quejas ante Bass que no fueron procesadas dentro del plazo fijado. 

Si los Demandados buscan información más detallada sobre el conocimiento y participación de cada demandado, la información se puede determinar a través del proceso de descubrimiento, sin embargo, la protesta de Franklin de que los Demandados ignoraron las quejas, las cartas y las súplicas personales relacionadas con la falta de atención médica necesaria plantea una denuncia verosímil bajo 42 U.S.C. S. 1983 contra Hardy, Pierce, Engleson y Bass. 

Por otra parte, Franklin no ha alegado como corresponde la participación de Godinez. 

El Director del Departamento Correccional de Illinois está muy al margen de las decisiones relacionadas con la atención médica de los reclusos en un centro correccional para ser considerado responsable por los hechos alegados. 

Véase, por ejemplo, Gray v. Taylor, 714 F. Supp. 2d 903, 911 (N.D. Ill. 2010) (no se permite reclamación contra el Director de IDOC en el caso de libertad de expresión porque "no se puede esperar que los administradores se involucren en las minucias de los sucesos diarios en la vida de miles de reclusos (citas omitidas); Brown v. Ghosh, No. 09 C 2542, 2010 WL 3893939, at *7 (N.D. Ill. Sept. 28, 2010) (el director de IDOC no estaría "directamente involucrado ni tendría conocimiento de las acciones diarias de dispensación de medicamentos o supervisión de tales políticas médicas que puede considerarse que él mismo participó o supo de las decisiones que llevaron a las deficiencias alegadas); Williams v. Carter, No. 12 C 50140 , 2012 WL 4815476, en *4 (ND Ill. 10 de octubre de 2012) (una carta al director ejecutivo de Wexford fue insuficiente para dar lugar a la responsabilidad por parte de la corporación misma para la atención médica de un recluso). 

La participación de Godínez es muy atenuada para la responsabilidad civil y la segunda demanda enmendada se desestima en cuanto a Godínez. El Tribunal reconoce que los reclusos no tienen intereses protegidos en la resolución satisfactoria de las reclamaciones de las instituciones. Grieveson v. Anderson, 538 F.3d 763, 772 (7th Cir. 2008); Antonelli v. Sheahan, 81 F.3d 1422, 1430-31 (7th Cir. 1996). 

Pese a ello, un funcionario penitenciario puede ser considerado responsable por no haber respondido a las violaciones de los derechos constitucionales de un recluso que llegan a su conocimiento a través del proceso de reclamación. 

Ver Santiago v. Walls, 599 F.3d 749, 758-59 (7th Cir. 2010); ver también Knight v. Wiseman, 590 F.3d 458, 463(7º Cir. 2009). "[N]otros funcionarios médicos podemos ser acusados de indiferencia deliberada cuando hay una razón para dar crédito (o conocimiento real) que los médicos de la prisión o sus asistentes están maltratando (o no asistiendo (a un recluso". Arnett v Webster, 658 F.3d 742, 754 (7th Cir. 2011) (citando Hayes v. Snyder, 546 F.3d 516, 525 (7th Cir. 2008)). 

“Los demandados no sanitarios simplemente no pueden ignorar las dificultades de un recluso". Arnett, 658 F.3d en 755. Los supervisores no pueden "hacer la vista gorda" a las violaciones constitucionales. TE v. Grindle, 599 F.3d 583, 588 (7th Cir. 2010) (citando Jones v. Ciudad de Chicago, 856 F.2d 985, 992 (7th Cir. 1988)). 

El caso en cuestión no presenta un escenario en el que los agentes y supervisión evitan responsabilidad pues el demandante estaba recibiendo atención permanente de los profesionales de atención médica de una institución penitenciaria. 

Ver, por ejemplo, Johnson v. Snyder, 444 F.3d 579, 586 (7th Cir. 2006) (el hecho de que las necesidades médicas del demandante fueran atendidas por el personal médico aisló al director de la responsabilidad); contrastar Reed v. McBride, 178 F.3d 849, 854-56 (7th Cir. 1999) (el alcaide debía actuar cuando los funcionarios supuestamente negaron a un recluso medicación y alimentos como soporte vital); Burks v. Raemisch, 555 F.3d 592, 595 (7th Cir. 2009) ("El Gobernador, y en ese caso el Superintendente de Prisiones y el Alcaide de cada prisión, tienen derecho a relegar al personal médico de la prisión la provisión de buena atención médica). 

Donde, como al respecto, Franklin alega que estuvo del todo sin la atención médica necesaria, los Demandados no pueden culpar a los proveedores de atención sanitaria empleados por Wexford Health Sources, Inc. Se alega que cada Demandados estaba en condiciones de ayudar a Franklin para lograr atención sanitaria ante la supuesta negativa de atención del personal sanitario. 

CONCLUSIÓN. 

Por las razones antes mencionadas, se niega la moción de desestimación de los demandados en cuanto a Hardy, Pierce, Engleson y Bass. Se concede la moción de sobreseimiento en cuanto al demandado Godínez. Charles P. Kocoras Juez de Distrito de los Estados Unidos Dated: June 19, 2013. 

 

 

420) CeCe McDonald aka Chrishaun Reed McDonald. Minneapolis, Minesota. EEUU. Asesinato.  

https://twitter.com/mfaboston/status/1462133648359149578?t=JdgIUPk-CoigH3YTrHDXxQ&s=19 

Un hombre negro que dice que se siente mujer, al ser negro dice que lo oprimen por su raza y por su autopercepción, dos ejes de los tres ejes de opresión (sexo, raza, clase).  

Despropósito... a propósito, con deliberada intención

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42906348 De asesinato a homicidio involuntario… 

Acusado de asesinato en segundo grado con intención y enfrentaba una pena de 25 años. Si bien tras la fuerte presión de los lobbies transactivistas, su caso dio un giro al argumentarse día tras día desde los medios de comunicación que había sufrido un ataque "transfóbico, homofóbico y racista" y era una "mujer negra" que sintió miedo y reaccionó en defensa propia. 

Hay información en español, así te venden la feria los medios, llevan años pico y pala, bajo cuerda. "Lo que para la acusación era un caso claro de asesinato, para la defensa era un ejemplo de supervivencia a un crimen de odio, en que la verdadera víctima era CeCe, atacada primero por su raza y género, y que había actuado en su propia defensa", según BBC.  

https://ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/beatriz-ramos-puente/la-historia-de-cece-una-mujer-transexual-cuyo-encarcelamiento-la-convirtio-en-un-simbolo-de-los-derechos-lgtb_201804035ac309960cf2bc677fc254a4.html  "Su encarcelamiento fue humillante, asegura CeCe, e impulsó una movilización de los activistas por los derechos de la comunidad LGTB. Y se convirtió en la protagonista de una campaña para su liberación, después de ser condenada a 25 años por asesinato. En prisión fue aislada en dos ocasiones, algo que describe como "depresivo". 

Un año después del incidente, la fiscalía rebajó la acusación de asesinato a homicidio no premeditado…Y el 13 de enero de 2014 fue liberadao: "CeCe McDonald, la transexual negra encerrada en una prisión de hombres que se convirtió en un emblema para la comunidad LGBT". https://m.elmostrador.cl/braga/2018/03/16/cece-mcdonald-la-transexual-negra-encerrada-en-una-prision-de-hombres-que-se-convirtio-en-un-emblema-para-la-comunidad-lgbt/  

Era 2011, tenía 22 años y su caso no habría llamado la atención si no fuera por dos ingredientes de raza y género que lo acabarían convirtiendo en un emblema para la comunidad LGBTQI+ de Estados Unidos: CeCe estaba en una prisión para hombres: "Mujer afroestadounidense transgénero va a juicio por asesinar a un hombre luego de ser agredida".  

https://www.democracynow.org/2012/4/27/cece_mcdonald_black_transgender_woman_faces "Los partidarios de McDonald dicen que el caso es sintomático de la discriminación hacia las personas transgénero y los afroestadounidenses que hay en el sistema de justicia penal. 

“La gente estaba enfurecida por lo que le pasó a ella y porque el condado de Hennepin no reconoció su derecho a la defensa propia”, dice Katie Burgess, directora ejecutiva de la Red de Apoyo a la Juventud Trans, que contribuyó a llamar la atención sobre el caso y señala que la gente transgénero de color es discriminada el doble que sus pares blancas". 

"Si bien lo sucedido esa noche no está claro, la lucha que siguió terminó con la muerte de Dean Schmitz, luego de que aparentemente fuera apuñalado con unas tijeras de tela que estaban en la cartera de McDonald". https://rebelion.org/cece-mcdonald-mujer-transexual-negra-es-condenada-a-41-meses-en-polemico-caso-de-homicidio/ 

El 13 de enero de 2014 fue puesto en libertad, hoy día es un activo en medios de comunicación y participa en multitud de eventos sobre sexo sentido de los hombres, y hasta ha recibido varios galardones, ya está muy bien situado en el transactivismo. https://bcrw.barnard.edu/fellows/cece-mcdonald/ 

 

 

421) Ju'Zema Goldring. Atlanta. Georgia. EEUU. 

Un hombre que se percibe a sí mismo como mujer recibe 1.5 millones de dólares por ser encarcelado bajo cargos falsos en una cárcel de hombres donde, según la información recibida, fue agredido. https://twitter.com/nytimes/status/1496258526502658057?t=7AciCLUuR6tikhtPBcRrNA&s=19  

Pasó seis meses en una cárcel de hombres, cárcel que corresponde por ser un hombre, donde lamentablemente fue agredido. Fue acusado por posesión de cocaína, esta nunca fue hallada por las autoridades de Atlanta. 

Pasó seis meses en la cárcel después de que fue arrestado en octubre de 2015, cuando dos policías le detuvieron por cruzar la calle temerariamente en el centro de Atlanta, según Atlanta Journal-Constitution. 

Según sus abogados, los agentes encontraron una “pelota antiestrés” en su bolso, la abrieron y la analizaron en busca de cocaína. A pesar de un resultado negativo en la prueba, Goldring fue fichado por tráfico de drogas (cocaína). https://nypost.com/2022/02/21/trans-woman-awarded-1-5-million-after-she-was-jailed-on-charges/ 

Medio año después fue puesto en libertad, cuando la Oficina de Investigación de Georgia realizó una prueba independiente, que no detectó cocaína, por lo que los cargos fueron retirados: "La prueba fue negativa y los policías la acusaron de todos modos”, dijo el abogado Jeff Filipovits en un comunicado. 

Los abogados de Goldring presentaron una demanda federal de derechos civiles en 2019. 

Según la oficina del alcalde, la demanda fue contra el oficial individual y no se ha ordenado a la ciudad que pague. https://www.fox5atlanta.com/news/atlanta-officer-ordered-to-pay-black-trans-woman-for-false-arrest-lawyers-say 

 "Directrices" para prevenir la discriminación de la identidad de género; la policía de Atlanta adoptó una serie de reglas para el tratamiento de las personas que se identifican según sus autopercepciones. Se debe tratar por su nombre adoptado, si bien legalmente este cambiado o no, y tratar por los pronombres apropiados elegidos por los/as usuarios/as.

"Los abogados de Goldring argumentaron que el oficial violó la política de interacción transgénero del Departamento de Policía de Atlanta, que se adoptó en 2014, por la que los agentes deben usar el nombre y los pronombres de una persona con la que se identifican durante las interacciones de manera apropiada a la identidad de género de la persona”. https://diario.mx/estados-unidos/otorgaran-15-mdd-a-mujer-afroamericana-transgenero-arrestada-erroneamente-en-2015-20220223-1901051.html  

Miguel A. Domínguez, uno de los abogados de Goldring, comentó en una entrevista de este martes que “todo el asunto tuvo un tremendo impacto negativo en su vida” y había tenido molestias con pesadillas y problemas de salud mental después de haber sido encerrada durante 23 horas al día siendo una persona inocente. Michael Smith, portavoz de la ciudad de Atlanta, rechazó comentar sobre el tema este martes. 

Steve Avery, portavoz del Departamento de Policía de Atlanta dijo que los oficiales Henry y Restrepo, acusados en la demanda, siguen desempeñando sus funciones. https://lavisionweb.com/2022/locales-atlanta-georgia/mujer-trans-afroamericana-recibe-1-5-millones-tras-pasar-6-meses-en-la-carcel-por-cargos-falsos/  

"Este caso significa una victoria pequeña pero significativa en nombre de la comunidad LGBTQ+ y otras personas marginadas aquí en Atlanta, que han estado sufriendo a causa de la vigilancia policial discriminatoria e insensible de personas que juran proteger y servir a sus comunidades, pero que al amparo de la oscuridad son indiferentes a las consecuencias de sus prácticas discriminatorias sobre los más vulnerables entre nosotros”, dijo el abogado Miguel A. Domínguez de abogados Morgan & Morgan". 

Baños de Atlanta ya no tendrán determinada la identidad de género https://lavisionweb.com/2021/locales-atlanta-georgia/banos-de-atlanta-ya-no-tendran-determinada-la-identidad-de-genero/ 

Aprueban ley que prohíbe a los varones acceder al deporte femenil en las escuelas de Georgia: El Senador Marty Harbin impulsó la “Save Girls Sports Act” (“Ley de Deportes Salvemos a las Chicas” https://lavisionweb.com/2022/locales-atlanta-georgia/aprueban-ley-que-prohibe-deportes-transgenero-en-las-escuelas-de-georgia/ 

 

 

422) Fallon Aubee aka Jean-Paul Aubee. Vancouver, British Columbia. Canadá. Asesinato en primer grado (asesino a sueldo; relación con sindicato del crimen y pandillas). 

Un asesino a sueldo que solicitó su traslado a una cárcel de mujeres. https://twitter.com/kylekirkup/status/857375255874154497?t=a6nV_WW5seeWwZyJ_MO5Qg&s=19 

Tranadá. Las políticas transgeneristas de Trudeau han puesto en peligro a las mujeres, según Toronto Sun. https://thebridgehead.ca/2019/12/04/justin-trudeaus-transgender-policies-have-resulted-in-women-and-children-locked-in-prison-with-male-sex-predators-and-killers/ 

La lista de requisitos del sistema penitenciario canadiense (Correctional Services Canada; CSC) para cambiar de una prisión de hombres a una de mujeres es insignificante, patética e irrisoria. 

Si estos farsantes se ganan el premio gordo y terminan en una prisión de mujeres, de forma automática, son trasladados a una cárcel de seguridad media aunque hayan cometido crímenes atroces. 

Cuánta claridad cuando dice que este tipo de política woke es una clara consecuencia lamentable y esencial de que la sociedad acepte la idea de que los hombres pueden convertirse en mujeres simplemente diciéndolo, una idea que el primer ministro Justin Trudeau ha aplicado.

 "Podrá cumplir el resto de su sentencia por asesinato en una cárcel para mujeres'. https://nationalpost.com/news/canada/transgender-inmate-in-b-c-wins-right-to-move-to-a-federal-prison-for-women 

 "Aubee, cuyo nombre real era Jean Paul, fue condenado en 2003 por un asesinato relacionado con pandillas que tuvo lugar en Saskatchewan unos 10 años antes. 

La exmujer de Aubee le dijo a la policía que, en 1997, Aubee y un hombre habían matado a Gordon Spears". Los agentes presentaron cargos tras organizar una operación encubierta que involucró a Aubee en un sindicato del crimen (el sindicato del crimen es una afiliación libre de mafiosos a cargo de actividades delictivas organizadas. 

Aubee fue condenado en 2003 por un asesinato relacionado con pandillas en Saskatchewan, luego de confesarse como parte de una operación policial. https://www.iheartradio.ca/610cktb/news/transgender-bc-inmate-approved-for-transfer-to-women-s-prison-1.2898983 

Asesinos aterrorizan a mujeres en prisiones canadienses. Taimado: Traslado a hurtadillas, sin hacer ruido sigilosamente de depredadores sexuales a las cárceles de mujeres. https://www.feministcurrent.com/2017/04/24/whats-current-trans-identified-male-applied-transfer-womens-prison-trudeaus-new-policy/ 

Los hombros son encarcelados en función de su "identidad de género sentido"; es decir, por su autopercepción. En pocas palabras, el asesino dice "me siento mujer" y automáticamente va a una cárcel de mujeres. https://theinterim.com/issues/society-culture/transgender-convicts-terrorize-women-in-all-female-canadian-prisons/ 

Tenemos información en español. Primer traslado de un hombre que se identifica como mujer a una prisión de mujeres: "Fallon Aubee, condenado a cadena perpetua, pueda llegar a ser el primer recluso en ir a una prisión femenina". http://montrealquebeclatino.com/noticias/noticias-montreal/canada-prepara-el-primer-traslado-de-un-hombre-transgenero-a-una-prision-de-mujeres/ 

"Las cárceles en Canadá ficharán a las personas según cómo se sienten y no por sus cromosomas, un avance progresista al que busca acogerse el reo Fallon Aubee,un hombre transgénero condenado a cadena perpetua por asesinato que quiere pasar su tiempo en una prisión femenina". 

"Aubee, que admite que se plantea someterse a una operación de cambio de sexo aunque no todavía, denuncia que sufre maltrato y discriminación en la prisión, e incluso que ha recibido llamadas amenazadoras y ha pensado en el suicidio". https://www.actuall.com/familia/canada-prepara-el-primer-traslado-de-un-hombre-transgenero-a-una-prision-de-mujeres/

LifeSiteNews informó cómo el Servicio de Correccional de Canadá (CSC) estaba trasladando a escondidas a criminales peligrosos y violentos a las cárceles de mujeres, debido a su afirmación de ser mujeres. https://www.lifesitenews.com/news/violent-male-convicts-claiming-to-be-trans-are-terrorizing-women-in-all-female-canadian-jails/ 

En 2018, Jonathan Van Maren de LifeSite señaló el fenómeno de los reclusos que afirman ser mujeres y que, como resultado, reciben "penas de prisión más cómodas" https://lifesitenews.com/blogs/men-are-saying-theyre-women-to-get-cushier-prison-sentences-and-female-pr/  

El artículo es demoledor... Señala que la mayoría de la gente reconoce que esto es una locura pero, debido a que han aceptado (o se han visto forzadas a aceptar) las premisas de la ideología de género, no tienen nada que decir que no resulte en un linchamiento rápido por el delito de transfobia, que en estos días es un delito más espantoso que encerrar a un violador con un montón de mujeres, escribe Van Maren. 

 

423) Ophelia Azriel De'lonta aka Michael A. Stokes. Virginia. EEUU. Cargos de robo, drogas y armas.  

https://twitter.com/roanoketimes/status/371967557848137728?t=qzkAVJGhVP6fcxQNV1ptfA&s=19 "Anatómicamente es un hombre pero se identifica como mujer"  

https://acluva.org/en/cases/delonta-v-johnson-amicus "Desde nuestra victoria en otro caso que implica a Ofelia hace seis años, el Departamento Correccional de Virginia le ha permitido recibir tratamiento hormonal y vivir como mujer en la medida de lo posible en una cárcel para hombres". Causa De'lonta V. Johnson. Abogado (s): Rebecca Glenberg y Joshua Block de la ACLU. 

"Nacido como Michael A. Stokes, De'Lonta lleva en prisión 30 años cumpliendo una sentencia de 73 años por robo de banco".  

https://postandcourier.com/archives/virginia-inmate-serving-73-year-sentence-for-bank-robbery-waiting-to-hear-if-eligible-for/article_fb4aa203-1095-5a12-a205-b10cc0ef4bd7.html Se le diagnóstico disforia de género. Su cerrazón por someterse a una cirugía estética de reasignación lo llevó a intentar castrarse. Demanda contra el estado para tratamiento quirúrgico (cirugía estética)  

https://huffpost.com/entry/ophelia-delonta-virginia-sex-change-lawsuit_n_2572097 Afirmó que se violaron sus derechos constitucionales cuando las autoridades penitenciarias se negaron a evaluarlo para una cirugía de reasignación. 

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EEUU le permitió seguir con su demanda que fue desestimada en el Tribunal de Distrito de EEUU, en la que alega que el Departamento Correccional de Virginia "le negó un adecuado tratamiento médico". 

Unos meses después del intento de castración, el recluso presentó una demanda federal alegando que el estado no cumplió con su deber de proporcionarle atención médica adecuada, puesto que no lo operaría. https://www.dailymail.co.uk/news/article-2000470/Prisoner-Ophelia-Delonta-sues-state-funded-sex-change-failed-self-castration.html

"Dice que la cirugía es necesaria para tratar su trastorno de identidad de género, una enfermedad mental en la que las personas creen que nacieron con el sexo equivocado". https://nbc12.com/story/24466381/transgender-inmate-granted-parole 

A un recluso de Virginia, quien se identifica como mujer, que busca una cirugía estética de reasignación "pagada por el estado, le fue concedida su libertad condicional. Es un acontecimiento acaeciendo en medio de un caso controvertido y clave". 

Se le concedió la libertad condicional por buen comportamiento tras cumplir más de 30 años de una sentencia de 73 años. 

Cuando le informaron de su condicional, sus planes por lograr una cirugía estética financiada por el estado se fueron a pique. "Si sigo siendo un recluso en el Departamento Correccional, aún tendrían que facilitar esa cirugía", dijo. 

El estado informó que sus intentos de castración, autolesionándose, se debían a un trastorno límite de la personalidad. Michael A. Stokes estuvo bajo la custodia del Departamento Correccional de Virginia desde 1983. https://www.casemine.com/judgement/us/5914b7f7add7b049347825e4/amp 

En prisión le diagnosticaron disforia de género y empezó a recibir tratamiento hormonal en 1993 mientras estaba en el centro penitenciario de Greensville. 

Este tratamiento se dio hasta 1995, cuando fue transferido a la cárcel de Mecklenburg y su tratamiento hormonal se suspendió en virtud de la nueva pauta política de prisión ("the Policy"); los reclusos que presentaran [disforia de género] serían remitidos al personal de salud mental del centro para una nueva evaluación. 

Tras la interrupción, Michael A. Stokes sufre náuseas, urticaria y depresión, también empieza a autolesionarse y unas 20 veces se corta en los genitales. En 1999, el recluso presentó una demanda contra el Dr. Smith, otros médicos de la prisión de Virginia y el director de VDOC, Ron Angelone, alegando que los demandados violaron la prohibición de aplicar castigos crueles o inusuales de la Octava Enmienda de la Constitución. Solicita reanudar su terapia hormonal y requirió reparación, es decir, una indemnización. 

El tribunal de distrito desestimó las reclamaciones, incluidas las quejas contra todos los demandados y concluye que la interrupción del tratamiento hormonal no violaba la Octava Enmienda. 

En 2003, el Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito de EEUU. determinó que Michael Stokes podía alegar que negarle la cirugía estética violaba la prohibición de la Octava Enmienda contra el castigo cruel e inusual. https://www.reuters.com/article/us-usa-crime-sexchange-idUSBRE90S03X20130129 

El recluso y las autoridades estatales llegaron a un acuerdo que le proporcionaría tratamiento hormonal y tratamiento psicológico. https://zagria.blogspot.com/2015/02/ophelia-delonta-1963-inmate.html 

Un eje cronológico: 

En 1999, aunque sin éxito, presentó por primera vez una demanda solicitando un tratamiento hormonal. 

En 2003, con el respaldo de transactivistas ACLU volvió a demandar al Departamento Correccional de Virginia y se llega a un acuerdo, se le facilita tratamiento hormonal y "vivir como mujer en la medida de lo posible en una prisión para hombres". 

A lo largo de los siguientes años intentó coaccionar al sistema penitenciario autolesionándose, pero el Departamento Correccional del estado se negó a evaluarlo para cirugía estética. 

En 2011, elegible para libertad condicional pero no la obtuvo debido a unas series de infracciones. 

 El 6 de enero de 2012 la ACLU interpuso un amicus curiae. 

En 2013 la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito resolvió alegación de que el Departamento Correccional de Virginia violó sus derechos constitucionales cuando se negó a que lo evaluaran para una cirugía estética de reasignación. 

El caso se remitió al tribunal inferior. 

A finales de 2013 se anunció que se le había concedido la libertad condicional. 

 

 

424) Lisa Mitchell. Wisconsin. EEUU. Corrupción de menores con fines sexuales. 

Según Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, un recluso autopercibido mujer podía demandar por denegación de tratamiento hormonal..  

https://wisbar.org/NewsPublications/Pages/General-Article.aspx?ArticleID=26499 "En 2010, fue sentenciado a 18 meses de cárcel y a 18 meses de supervisión ampliada (libertad bajo supervisión o condicional) por un cargo de incitación al contacto sexual infantil".  

https://eu.jsonline.com/story/news/local/wisconsin/2018/07/11/7th-circuit-reinstates-transgender-inmates-lawsuit-over-treatment/775443002/ El Tribunal de Apelaciones de EEUU. ha resuelto que un ex recluso de Wisconsin, quien se identifica mujer, puede demandar a los funcionarios del Departamento Correccional de Wisconsin por negarle el tratamiento hormonal, tanto en la cárcel como bajo libertad condicional. 

EI Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de EEUU restituyó la mayor parte de una demanda de Lisa Mitchell contra Kevin Kallas, el director de salud mental del Departamento Correccional, y tres agentes de libertad condicional. Un juez federal en Madison había desestimado, a favor de los imputados, la queja de Mitchell presentada en su nombre sin abogado.

"La pena por los delitos de Mitchell no puede extenderse a la privación del tratamiento médico que requiere por su grave disforia de género", escribió la jueza Diane Wood para un panel de tres jueces. 

"El personal del DOC de Wisconsin debe abordar la solicitud de Mitchell para tratar la disforia de género con la misma urgencia y atención que cualquier otra seria condición médica". 

Según la decisión, Mitchell, de 37 años, quien se ha identificado como mujer toda su vida, en 2010, fue sentenciado a 18 meses de cárcel y a 18 meses de libertad condicional por un cargo de incitación al contacto sexual infantil. 

Cuando ingresó al Centro Correccional de Columbia en otoño de 2011, Mitchell buscó tratamiento hormonal para la disforia de género con la que había sido diagnosticado en 2008. El DOC había aplicado una política oficial sobre dicho tratamiento a principios de 2011. 

Un médico hizo una valoración preliminar e informó en febrero de 2012. 

Un comité revisó y remitió la solicitud a un consultor externo de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, que visitaba Wisconsin cada dos meses. 

A Mitchell le dijeron que tendría que esperar hasta la próxima visita en abril, pero la entrevista no se realizó hasta finales de mayo, unos seis meses después de que Mitchell solicitara por primera vez el tratamiento. 

El asesor presentó un borrados de informe en noviembre, finalizado en diciembre, que respaldaba totalmente la solicitud de tratamiento de Mitchell de hacía un año. 

En enero de 2013, Kallas negó la solicitud y dijo que Mitchell debía ser puesto en libertad ese mes. 

Afirmó que la política del DOC era empezar el tratamiento hormonal si un recluso tenía seis meses o más para cumplir — el 7º Circuito señaló que no se menciona en el plan del Departamento de disforia de género de 2011. 

Kallas animó a Mitchell a que buscara tratamiento cuando saliera de prisión y le entregó una copia del informe del asesor. A pesar de que, según la afirmación de Mitchell, sus agentes de libertad condicional le prohibieron buscar tratamiento e incluso le requieran que se vistiera y se presentara como un hombre como condición para su liberación. 

Él demandó en 2015, representándose durante meses antes de que el Séptimo Circuito cite un abogado de oficio de una gran firma de abogados con sede en Chicago para que lo ayudara en su apelación. 

El tribunal de distrito decidió que el retraso y la última negación del tratamiento no constituían una indiferencia deliberada por Kallas. Y, sea como fuere, ese tribunal consideró que no había ningún derecho claramente definido al tratamiento hormonal, por lo que todos los funcionarios estaban protegidos por inmunidad calificada. 

La inmunidad calificada es un principio legal creado judicialmente que protege a los funcionarios del gobierno estatal y local de ser demandados por sus acciones en un tribunal civil https://greelane.com/es/humanidades/cuestiones/qualified-immunity-definition-and-examples-5081905) 

Kallas argumentó que ningún precedente legal vinculante requiere que la disforia de género de los reclusos deba tratarse de inmediato. 

El Séptimo Circuito dijo que la cuestión no se puede enmarcar específicamente para todas y cada una de las lesiones o enfermedades, y que Kallas argumentó que ningún precedente legal vinculante requiere que la disforia de género de los reclusos deba tratarse de inmediato. 

Si bien Mitchell tuvo algunas sesiones con psicólogos, no reemplazan los tratamientos médicos. Pero sobre la cuestión del retraso, el tribunal acordó que Kallas no había sido informado de que 13 meses podrían considerarse como deliberada indiferencia, por lo que tiene derecho a inmunidad calificada en esa determinada reclamación.

'La gravedad de la disforia de género no se está cuestionando. Pero la ligereza de evaluar la idoneidad de la terapia hormonal aún no se ha examinado'. Algunas de las cuestiones puede presentar la necesidad de responderse por un jurado, dijo el tribunal de apelaciones. 

En 2018, eI tribunal de apelaciones devolvió el caso a la corte de distrito, donde se reconsiderarían las reclamaciones de Mitchell. https://www.civilrightsjusticecenter.com/recent-posts/july-16th-2018 

Supre v. Ricketts https://casetext.com/case/supre-v-ricketts 

 

 

425) Shauna Christine Supre aka Ralph Spencer. Colorado. EEUU. 

"Demandante-parte apelada Shauna Supre (demandante) es un delincuente convicto que ha sido diagnosticado como un transexual". 

Estaba bajo la custodia del Departamento Correccional de Colorado, en enero de 1982, cuando entabló una demanda de derechos civiles de conformidad con 42 U.S.C. § 1983 procurando obtener lo que consideraba tratamiento médico necesario para la disforia de género. 

El caso fue a juicio el 4 de enero de 1983, pudiéndose proseguir al día siguiente y el finalmente se consideró cerrado el 16 de enero de 1984 sin resolución judicial. El 26 de noviembre de 1984, el demandante recibió $20,910.05 por los honorarios y costos de abogados, 596 F. Supp. 1532. 

El nombre del demandante se cambió de Ralph Spencer a Shauna Christine Supre en 1980. Aunque el demandante se considera una mujer, se utilizarán pronombres masculinos lo largo del presente dictamen. Ingresó al Departamento Correccional de Colorado en 1978 por robo de coches y fuga. 

A su solicitud, el demandante fue trasladado a la Penitenciaría del Estado de Utah en marzo de 1980, pero fue devuelto al sistema penitenciario de Colorado en agosto de 1980. 

A partir de septiembre de 1980, fue ubicado voluntariamente en custodia preventiva debido a su aspecto femenino y a causa de que se sabía que era una “rata”, es decir, chivato, soplón o informante, elige la opción que mejor luzca. Permaneció en custodia preventiva durante el resto de su condena. https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/792/958/441863/ 

En el curso de 1980, el demandante se autolesionó y cortó sus genitales. 

Solicitó ser tratado con estrógeno pero esta solicitud fue denegada. Se proporcionó asesoramiento psiquiátrico, y se informó a sobre los riesgos del tratamiento con estrógenos. Tras continuos intentos de castración, los testículos del demandante sufrieron lesiones severas y un médico del Hospital Estatal de Colorado los extirpó en julio de 1981. 

Vuelve a solicitar estrógenos y se vuelve a rechazar la solicitud. 

El 7 de enero de 1982, el demandante presentó demandas por derechos civiles. 

En abril de 1982, el Departamento Correccional publicó su "Política Provisional sobre reasignación sexual" que excluye la "evaluación y tratamiento de reasignación sexual por disforia de género". 

En enero de 1983 se llevó a cabo un "Taller de desarrollo de políticas transexuales" que condujo a un cambio en la política del Departamento para permitir "la totalidad de los beneficios de los servicios de salud mental y terapias ofrecidas por el Departamento de Correccionales". 

Regla provisional 405-14 del Departamento Correccional de Colorado (18 de febrero de 1983). 

El Dr. Kleinsasser señaló que esta nueva política no excluía la terapia con estrógenos. Registros en vol. VII, 47. 

El caso fue a juicio el 4 de enero de 1983, el tribunal emitió una orden provisional que le permitía recibir dosis bajas de estrógeno. Después de la terapia de estrógeno, el demandante desarrolló tejido mamario. 

En junio de 1983, Carlos Baca, director auxiliar de los centros penitenciarios de Colorado, escribió al presidente de la Junta de Libertad Condicional solicitando que el demandante fuera puesto en libertad condicional en su última sentencia para que pudiera optar a la conmutación de la sentencia. 

El 20 de junio de 1983, el demandante hizo otro intento de automutilación genital. 

El 25 de junio de 1983, el demandante obtuvo la libertad condicional y el gobernador de Colorado le conmutó la sentencia el 30 de agosto de 1983. 

El 16 de enero de 1984 una orden fue expedida para declarar el caso cerrado. 

El demandante presentó una solicitud de honorarios y gastos de abogado el 27 de febrero de 1984 y en noviembre de 1984 se concedió su reclamación. 

 

 

426) Michelle Renee Lamb aka Thomas Lamb. Departamento Correccional de Kansas, EEUU. Lamb v. Norwood. Tribunal de Apelaciones para el Décimo Circuito. 

15 de agosto de 2018. https://casetext.com/case/lamb-v-norwood-3  

El Tribunal denegó su moción. Presentado en los documentos: Michelle Renee Lamb a/k/a Thomas Lamb, pro se (sin la asistencia de un abogado; auto-representación).  

https://www.aclukansas.org/en/cases/lamb-v-norwood Los transactivistas ACLU presentaron escrito de amicus (escrito amicus mediante el cual se permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones para la solución de un caso sometido ante un tribunal).

"Michelle Renee Lamb nació hombre, no obstante, desde joven, Michelle presentó características femeninas y se identificó como mujer. Michelle en el momento actual está en una prisión estatal y está sufriendo disforia de género. Por esta condición está recibiendo tratamiento médico, si bien afirma que el tratamiento es muy deficiente y viola la Octava Enmienda". 

"Para esta reclamación, Michelle debe demostrar que los funcionarios penitenciarios han actuado con indiferencia deliberada hacia su disforia de género. 

Las evidencias incuestionables muestran que Michelle está recibiendo tratamiento hormonal, medicamentos que bloquean la testosterona y asesoramiento semanal. 

Un precedente de 1986, Supre v. Ricketts , 752 F.2d 958 (10th Cir. 1986), sugiere que estas formas de tratamiento exime de responsabilidad por una violación de la Octava Enmienda". 

"Basándose parcialmente en este precedente, el tribunal de distrito concedió un juicio sumario a los funcionarios penitenciarios. Michelle impugna la concesión del juicio sumario, y lo ratificamos". 

Este caso se planteó en un juicio sumario. Para obtener un juicio sumario, los funcionarios penitenciarios tenían que demostrar la ausencia de una serie de hechos y elementos materiales para que pudiera centrarse en los aspectos objeto de controversia y su derecho a un juicio como cuestión de derecho.

 "Al considerar la solicitud de la aplicación de la prueba del juicio sumario por parte del tribunal de distrito, emprendemos una revisión de novo". 

R. de novo: Revisión por un tribunal de apelaciones de la decisión de un tribunal de primera instancia. La revisión judicial de novo se utiliza en cuestiones de cómo se aplicó o interpretó la ley https://inversiopedia.com/revision-judicial-de-novo/ 

Cuando los demandados solicitaron un juicio sumario, el informe de investigación sirvió como el análogo de una declaración jurada que sustentaba la moción de juicio sumario. 

"Para refutar el reporte de la investigación, Michelle tenía la libertad de presentar su propia prueba, incluyendo su declaraciones juradas y material que se haya obtenido mediante descubrimiento". Conclusión: "Afirmamos la adjudicación de juicio sumario a los funcionarios penitenciarios". 

 

 

427) Andrew Reid. Departamento Correccional de Arkansas. EEUU. Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Octavo Circuito. 

https://casetext.com/case/reid-v-griffin "Andrew Reid es un recluso estatal recluido en la Unidad Supermax (máxima seguridad) Varner (Varner/Varner Supermax Unit) del Departamento Correccional de Arkansas (ADC). Reid presentó una petición pro se de conformidad con 42 U.S.C. § 1983, alegando indiferencia deliberada hacia su grave necesidad médica. Reid apela la decisión del tribunal de distrito sobre concesión desfavorable de juicio sumario. 

Nosotros declaramos. 

1 - Reid nació hombre pero se identifica como mujer. El presente dictamen hace referencia al uso de pronombres femeninos. 2.- El honorable J. Leon Holmes, Juez de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Este de Arkansas, aprobando el informe y recomendación formulada por el Honorable Jerome. Kearney, Juez Federal de los Estados Unidos del Distrito Este de Arkansas. 

En la demanda, Reid alegó que los demandados se negaron a proporcionarle terapia de reemplazo hormonal para su disforia de género (GID). 

Reid alegó que, durante dos años antes de presentar esta queja, había buscado tratamiento para GID por parte de los médicos de ADC. 

En febrero de 2013, Reíd intentó castrarse y los médicos solo fueron capaz de salvar uno de sus testículos. 

Durante la recuperación, se reunió con el "Comité GID" de ADC, que determinó que no se ajustaba a los criterios para un diagnóstico de GID. 

 Cuatro meses después, en junio de 2014, Reid se cortó el testículo restante, fue sometido a una cirugía de urgencias y regresó a prisión al día siguiente bajo vigilancia suicida de 72 horas". https://caselaw.findlaw.com/us-8th-circuit/1721126.html 

Según documento, 

Considero que fue inaceptable que la Dra. Margaret Rector y la directora médica Wendy Kelley no proporcionaran tratamiento adicional a Reid e ignoraran ei riesgo de que se lastimara otra vez luego de cortarse un testículo. 

Cambiaría por completo la orden del tribunal de distrito que otorga un juicio sumario a favor de la Dra. Rector y Kelley en sus capacidades individuales basadas en inmunidad cualificada. 

Con mayor amplitud leí la reclamación de Reid que el Tribunal para alegar que la Dra. Rector y Kelley ignoraron deliberadamente el riesgo de que Reid se lastimara a sí mismo, no solo que ignoraron sus solicitudes de tratamiento por trastorno de identidad de género (GID). 

Reid alega que la primera vez que visitó a la Dra Rector fue en 2012 y solicitó ver a un especialista en GID, pero la Dra. Rector negó la solicitud. 

Como resultado, Reid inició una huelga de hambre, por lo que le recetaron Prozac para tratar su depresión. En febrero de 2013, intentó castrarse y en ambulancia lo llevaron al hospital donde los médicos pudieron salvar un testículo. 

 Después de este suceso, Reid se reunió con un grupo de miembros del personal, incluidas Kelley y la Dra. Rector, para solicitar un diagnóstico formal de GID. La junta no facilitó a Reid un diagnóstico de GID ni ningún otro diagnóstico. 

Lo devolvieron a su celda y la Dra. Rector le dijo que le iría bien. Cuatro meses después, Reid se cortó el otro testículo, momento en el que lo llevaron al hospital y lo pusieron bajo observación por el riesgo de suicidarse. 

En su lista de reclamaciones legales, Reid, en líneas generales, alega que la "indiferencia deliberada a las necesidades médicas, condiciones de riesgo y la discriminación sexual" violaron sus derechos de la Octava Enmienda. En ninguna parte de estos reclamos legales alega que la Dra. Rector y Kelley fueron deliberadamente indiferentes a sus necesidades médicas al no diagnosticarlo con GID. 

Por ende, aunque la denuncia menciona en repetidas ocasiones la frustración de Reid por no haber recibido tratamiento GID, esa no es su única alegación. Si la denuncia pro se es interpretada a fondo, como debe ser, Johnson v. Arden, 614 F.3d 785, 798 (8th Cir.2010), no considero que la Dra. Rector y Kelley tengan derecho a inmunidad calificada. 

Los funcionarios tienen derecho a inmunidad calificada si pudieran creer lo suficiente que su respuesta no fue deliberadamente indiferente al riesgo de daño. Gordon ex rel. Gordon v. Frank, 454 F.3d 858, 863 (8th Cir.2006). 

En este caso, no era razonable que la Dra. Rector y Kelley creyeran que tan sólo podían enviar a Reid de vuelta a su celda y decirle que estaría bien cuando sabía que antes se había declarado en huelga de hambre y castrado. 

Al hacerlo, ignoraron adrede el alto riesgo de que Reid se lastimara a sí mismo y, como tal, no tienen derecho a inmunidad calificada. Ver Reed v. Woodruff Cnty., Ark., 7 F.3d 808, 810 (8th Cir.1993) (“Nuestros casos aplican la misma norma al derecho de un recluso a ser protegido de autolesión o suicidio"). 

Citando Meuir v. Greene trabajadores de la cárcel del condado, el Tribunal argumenta que Reid no ha sido capaz de crear realmente controversia de pruebas materiales para resistir al juicio sumario porque no ha preparado “ni testimonio de expertos ni pruebas documentales para respaldar [su] afirmación de que el trato dado por el personal médico de la Cárcel era constitucionalmente deficiente”. 487 F.3d 1115, 1119 (8th Cir.2007). 

Pero en Meuir, los demandados presentaron declaraciones juradas de un dentista y uno de los médicos de tratamiento que atestiguan que el tratamiento que le dieron al demandante fue adecuado. Identificación. 

Esta prueba llevó a este Tribunal a concluir que las meras declaraciones del demandante de que había recibido un trato inadecuado no crearon ningún problema real de un hecho material “[a] la vista de los registros médicos indicando que se ofreció tratamiento y las declaraciones juradas de los médicos que indican que la atención facilitada fue adecuada”. Identificación. (Citando Dulany v. Carnahan, 132 F.3d 1234, 1240 (8th Cir.1997)). 

Sobre el particular no se puede decir lo mismo. La Dra. Rector y Kelley no presentaron declaraciones juradas que indicaran que creían haber dado a Reid un tratamiento adecuado cuando continuaron con su medicación psiquiátrica y le dijeron que estaría bien tras su primera intención de castrarse. Y, aunque la Dra. Rector y Kelley presentaron una declaración jurada del Dr. Albert Kittrell, el Dr. Kittrell revisó el expediente de Reid solo para "dar una opinión sobre si [el expediente de Reid] indica un diagnóstico de disforia de género a la luz del DSM-V". 

No juzgó si la Dra. Rector y Kelley facilitaron un tratamiento adecuado a Reid después de su primer intento de castración. Este no es un caso, como Meuir, donde los expedientes médicos y el testimonio de varios médicos contradicen el argumento concluyente del demandante y establece que la atención dada fue adecuada. 

Mejor dicho, el expediente muestra que luego de que la Dra. Rector y Kelley supieran que Reid había sido tratado por problemas psicológicos, se había declarado en huelga de hambre y se había cortado un testículo, no proporcionaron ningún tratamiento adicional. 

No hay prueba que admita la posición de la Dra. Rector y Kelley de que su falta de tratamiento adicional para evitar que Reid se autolesionara era médicamente lógica. Por lo tanto, hay un problema real de un hecho material sobre si ningún tratamiento adicional. 

No hay prueba que admita la posición de la Dra. Rector y Kelley de que su falta de tratamiento adicional para evitar que Reid se autolesionara era médicamente lógica. Por todo ello, hay una problema real de un hecho material sobre si Rector y Kelley en sus capacidades individuales". 

Este caso os va a sonar muchísimo a este: Sasha Reed aka Farrell Reed que en el blog se corresponde al número 386.