Artículo en el que se pasa de puntillas por los delitos para vender el relato. Así nos cuelan desde la ideología de género eso que llaman los derechos hmanos de los depredadores sexuales que dicen que se sienten mujeres, se emplea transgénero y transexual para no decir hombre que se autodeclara como mujer.
Bidi bidi bom bom, uh. Este artículo es el sexo sentido con lentejuelas, es como aquello del que pregunta a otro ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? El otro ¡Sí! Y le responde que yo no digo ni que sí ni que no, lo que digo es que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa, El otro una vez y otra y otra y otra y otra intentando encontrar la fórmula mágica que dé paso al cuento.
Cabe destacar que el articulista tiene la cara más dura que el cemento armado, ríete estruendosamente, a mandíbula batiente, con su no conflicto de intereses.
Transgendered prisoners in the united states: a progression of laws (by Rudolph Alexander, Jr. USA)
Hombres que identifican como mujeres en Estados Unidos: Progresión jurídica.
Primero que nada un abanico de cuestiones antes que se ponen de relieve repetidas veces.
El debido proceso de ley protege al ciudadano contra actuaciones del Estado que "estremecen la conciencia (shock the conscience)". Por esta razón, se le prohíbe a las autoridades gubernamentales actuar de forma "fundamentalmente injusta (fundamentally unfair)" en contra de un acusado, demandado o convicto.
Las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los EEUU garantiza que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Según la Enmienda V de la Constitución, nadie podrá ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad corporal.
Requisitos del debido proceso legal para la colocación y la retención en la segregación, así como las condiciones mínimas que se deben proporcionar en las unidades de la segregación.
Cuentan con la ley federal y estatal con respecto a la colocación de la segregación o aislamiento: la XIV enmienda a la Constitución garantiza que no privarán de libertad sin el debido proceso de la ley.
El Alto Tribunal de los EEUU mantiene que los reclusos no tienen ningún interés constitucional federal independiente de la libertad del debido proceso en permanecer libres de la segregación puesto que es un tipo de confinamiento que los reclusos “deben razonablemente anticipar de recibir en un cierto punto en su encarcelamiento.”
En consecuencia, la Constitución de los EEUU no requiere protecciones del debido proceso antes de colocar o de mantener a un sujeto en la segregación.
Si bien las leyes estatales que establecen expectativa en que siguiendo libre de la segregación, se puede crear un interés de la libertad protegida por la cláusula del debido proceso.
Ahora bien, en Sandin v. Conner, el Tribunal Supremo sostuvo que las leyes estatales no crean un interés federal de la libertad del debido proceso a menos que la segregación imponga “una dificultad anormal y significativa” en lo referente a vida ordinaria de la cárcel.
Cláusula sobre Protección Igualitaria, parte de la XIV Enmienda, establece que "ningún Estado de los Estados Unidos podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de derechos."
https://greelane.com/es/humanidades/cuestiones/qualified-immunity-definition-and-examples-5081905 Gozar de una inmunidad calificada es una doctrina que protege a los demandados de interferir con los derechos constitucionales de ser responsables.
Esto es a menos que violen una ley bien establecida y definida. https://reuters.com/articulo/eeuu-violencia-idLTAKBN23M20K
Por ejemplo "una defensa legal llamada "inmunidad calificada" que se puede usar para proteger a funcionarios gubernamentales de demandas, incluyendo a los agentes de policía acusados de uso excesivo de fuerza".
El estatuto conocido como sección 1983 (acción civil por privación de derecho: fue Section 42 U.S.C. § 1983 (en inglés).
La sección 1983 establece que es ilegal que cualquier persona, que se desempeñe bajo la autoridad de las leyes estatales (under of color of), prive a otro de sus derechos otorgados por la Constitución u otras leyes federales autoridad de las leyes estatales (under of color of), prive a otro de sus derechos otorgados por la Constitución u otras leyes federales. https://www.whitehouse.gov/es/acerca-de-la-casa-blanca/nuestro-gobierno/la-rama-legislativa/
La Constitución. Carta de Derechos considerados popularmente como los derechos fundamentales de los Estados Unidos (sus archiconocidas Enmiendas). https://whitehouse.gov/es/acerca-de-la-casa-blanca/nuestro-gobierno/la-constitucion/#:~:text=La%20cuarta%20enmienda%20protege%20a,fundamentadas%20en%20una%20causa%20probable.
Un “recurso de certiorari” es una orden (orden judicial) emitida por un tribunal o “apelación” superior que revise las decisiones tomadas por un tribunal inferior para que cualquier irregularidad en proceso o procedimientos legales.
El certiorari es discrecional, lo que significa que el Tribunal puede decidir verlo o no. Se ve por certiorari el resto de las sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones. https://ayudalegalpr.org/resource/recursos-que-se-presentan-ante-el-tribunal-supremo?ref=QLtYD
En 1973, el Tribunal Supremo, en el caso McDonnell Douglas Corp. c. Green, 411 U.S. 792, sostuvo que igualmente se puede demostrar la existencia de discriminación mediante pruebas indirectas o circunstanciales y estableció la teoría del tratamiento dispar como prueba de discriminación. https://greelane.com/es/humanidades/cuestiones/disparate-impact-discrimination-4582550 "Es una teoría legal derivada del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Cláusula de Protección Igualitaria de la Decimocuarta Enmienda.
Las demandas basadas en impactos dispares buscan cambiar procedimientos que parecen neutrales en su lenguaje y estructura, pero perjudican a grupos particulares en la práctica." https://prisonlaw.com/
Los derechos de los reclusos en la segregación administrativa (actualizado 06/2010): La “segregación” es el término usado para describir una forma altamente restrictiva de custodia donde separan de la población general de la prisión y se colocan a un preso en una “prisión dentro de una prisión.”
Contienen a los presos que se segregan para razones disciplinarias o razones administrativas de la seguridad o de la protección, por regla general, en las unidades de la alto-seguridad (por lo común una unidad de la segregación administrativa (ASU) o la unidad de alojamiento de la seguridad (SHU)), donde pasan cerca de 22 horas cada día en una celda (como norma con un compañero), sin trabajo o las oportunidades del programa y con tiempo hacia fuera de la célula limitada a las necesidades constitucionales tales como ejercicio, duchas y asistencia médica.
En Wilkinson v. Austin, la corte encontró que la colocación ampliable “supermax” para ciertos tipos de delitos y de actividades de pandilla, que constituyó “una dificultad anormal y significativa;” de ahí que los presos de Ohio que llevaron el caso tenían un interés de la libertad en estar libres de tal ubicación y de un derecho a la protección del debido proceso.
La corte sostuvo como suficientes las políticas de Ohio para dar el aviso de la razón de la colocación de supermax, llevando a cabo una audiencia de la clasificación.
La constitución de los EE.UU. también requiere que haya una “cierta evidencia/prueba” para apoyar una decisión para colocar a un recluso en la segregación para más de un período inicial corto.
El estándar de una “cierta evidencia” supone un engorro para los administradores de la cárcel en vista de que significa que una corte no anulará una decisión para segregar a menos que no haya evidencia confiable para apoyar la decisión. https://twitter.com/greg_doucette/status/825895053730127873?t=DcrBUTyWXdYDoc73EWnniA&s=19
La Ley Jimmy Ryce. https://telemundo47.com/local/ejecutaran-a-asesino-de-jimmy-ryce/79811/
"La aprobación de la Ley Jimmy Ryce permite a las autoridades enviar a los depredadores sexuales peligrosos a instituciones mentales una vez que hayan completado sus penas de prisión".
El artículo es brutal. http://informaciondelonuevo.com/2014/01/asesino-violador-que-descuartizo-nino.html?m=1
Internamiento Civil. Civilly Committed. El internamiento involuntario en las instituciones psiquiátricas. Involuntary commitment to psychiatric institutions. Declarado no responsable por motivos de enfermedad o defecto mental.
Los dos siguiente enlaces son interesantes:
1) https://www.cidh.oas.org/privadas/principiosproteccionmental.htm
2) http://jaapl.org/content/35/1/130
Pasamos al artículo para recovecos.
Resumen: En 1976, los reclusos adquirieron el derecho a tratamiento médico de los EE.UU.
El Tribunal Supremo a través de la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohibía, en parte, el castigo cruel e inusual. Al año siguiente, un Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito dictaminó que el tratamiento médico incluía servicio de salud psiquiátrica. Esos fallos se aplicaban por lo general a los reclusos, pero no en principio a los reclusos que sufrían trastorno de identidad de género.
Así pues, los tribunales dictaminaron que el trastorno de identidad de género no era un trastorno mental grave — un elemento clave del derecho a la atención médica y al tratamiento de la salud mental.
Más adelante, algunos tribunales de apelaciones fallaron que el trastorno de identidad de género era un trastorno mental grave, lo que desencadenó el derecho de los reclusos al servicio médico y tratamiento de salud mental para este trastorno.
Reclusos con trastorno de identidad de género han litigado para la cirugía estética de reasignación como parte de su tratamiento que los administradores de las prisiones han rechazado.
El último fallo ordenó sin ambages al Departamento Correccional de Massachusetts someter a un recluso que padezca un trastorno de identidad de género a una cirugía estética de reasignación, pero el sistema penitenciario ha apelado.
Este fallo, y fallos anteriores han promovido la política respecto a los reclusos clasificados como transexuales. Palabras clave: trastorno de identidad de género; reclusos autoidentificados como transexuales; castigo cruel e inusual; derecho al tratamiento. 1. Introducción.
En 1976, los reclusos adquirieron el derecho a tratamiento médico de los EE.UU. El Tribunal Supremo a través de la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohibía, en parte, el castigo cruel e inusual [1]
En 1977, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito dictaminó que el tratamiento médico incluía tratamiento psiquiátrico o de salud mental [2].
La sentencia posterior se propagó a otros circuitos afianzando el derecho a tratamiento de salud mental para los reclusos que padecen enfermedades mentales graves [3-11]
Estos fallos inicialmente se aplicaban en gran medida a los reclusos pero no a los reclusos que padecían trastorno de identidad de género.
Los tribunales dictaminaron en aquel tiempo que el trastorno de identidad de género no era un trastorno mental grave — un elemento clave del derecho a la atención médica y al tratamiento de la salud mental.
Más adelante, algunos tribunales de apelaciones fallaron que el trastorno de identidad de género era un trastorno mental grave, lo que desencadenó el derecho de los reclusos al tratamiento de salud mental.
Reclusos con diagnóstico de trastorno de identidad de género han apelado ante los tribunales para lograr una cirugía estética de reasignación como parte de este tratamiento [12–14], pero los administradores de las cárceles y legisladores estatales han criticado dicho tratamiento declarando que era abusivo para los contribuyentes [15,16].
Este artículo explora la evolución de las leyes con respecto a los reclusos con un diagnóstico de trastorno de identidad de género. En primer lugar, este artículo explica en resumidas cuentas cómo los reclusos adquirieron el derecho al tratamiento de salud mental, vinculándolo a la prohibición de la VIII Enmienda contra el castigo cruel e inusual.
En lo sucesivo, este artículo aborda decisiones judiciales que reconocen el trastorno de identidad de género como un trastorno mental grave y fallos judiciales que no lo especifiquen.
Al mismo tiempo, este artículo trata de los estados que utilizan el internamiento civil como un medio de confinamiento de individuos con trastorno de identidad de género cuando algunos delincuentes son acusados de delitos sexuales.
2. La fundamentación para de reclusos que adquieren el derecho al tratamiento.
El pilar para que los reclusos adquieran el derecho al tratamiento se encuentra en un fallo del Tribunal Supremo de EEUU en 1976 sobre el castigo cruel e inusual — un concepto muy amplio. Cuando la América colonial elaboró su constitución, tomó la prohibición contra el castigo cruel e inusual de la Constitución inglesa, pero los delegados estadounidenses no la definieron.
En un principio, la prohibición contra el castigo cruel e inusual se usó en los primeros fallos judiciales que asociaban la pena capital que implicaba ahorcamientos, fusilamientos y la silla eléctrica. Todas estas decisiones sostenían ejecuciones por estos métodos para no ser castigos crueles e inusitados. .
En 1910, el Tribunal Supremo de los EEUU sostuvo por primera vez que un castigo constituía un castigo cruel e inusual, declarando que la “VIII Enmienda es gradual por lo que no prohíbe sólo los castigos crueles e inusuales conocidos en 1689 y 1787, sin embargo puede adquirir un significado más amplio a medida que la opinión pública empieza a ilustrarse con la justicia humana* ([17], p. 350).
Tal y como implicó a un funcionario federal que había sido condenado por destruir registros públicos y recibió una sentencia draconiana (en otras palabras, se le ordenó encadenar mientras estuviera preso, no recibiría visitas y no podría casarse cuando fuera liberado).
Con el tiempo, el Tribunal Supremo de los EEUU declaró que la VIII Enmienda “debe extraer su significado en los estándares de decencia que evolucionan continuamente y marcan el progreso de una sociedad que madura." ([18], p. 101).
En este caso, un tribunal militar condenó a un soldado por traición y el panel intentó añadir, además de una sentencia de cárcel, una pérdida de su ciudadanía. Asimismo, después de un tiempo, el Tribunal Supremo de los EEUU dictaminó que cuando el Estado inflige daño a los reclusos, el daño se convierte en una violación de la VIII Enmienda si el daño no sirve a intereses criminológicos u objetivos [19].
Con estos casos como cimientos, los jueces federales, incluyendo el Tribunal Supremo de EEUU, se desplaza a otras áreas. En Gamble v. Estelle (1976), un recluso de Texas afirmó que se lesionó la espalda en una cuadrilla de trabajo. El médico recetó aspirinas para este recluso.
El recluso, en lugar de eso, pensó que el médico debería haber ordenado una radiografía y consideró que había sido privado de tratamiento médico. Este recluso apeló al Tribunal Supremo de los EEUU, donde perdió su apelación, si bien, el Tribunal Supremo de los EEUU describió cómo un recluso podría construir un caso válido bajo la VIII Enmienda.
En esencia, si un recluso (él o ella) ha alegado que se le ha privado de tratamiento médico en violación de la VIII enmienda, la prohibición de los castigos crueles e inusuales, debe demostrar que los funcionarios de prisiones fueron deliberadamente indiferente a un problema médico grave [1].
En concreto, el Tribunal Supremo de los EEUU declaró que la indiferencia deliberada a las serias necesidades médicas de los reclusos constituye la imposición de sufrimientos innecesarios e inapropiados, proscrito por la VIII Enmienda.
Esto es cierto ya sea que la indiferencia sea manifestada por los médicos de la prisión en su respuesta a las necesidades del recluso o por los guardias de la prisión en su respuesta negar o retrasar adrede el acceso a la asistencia médica o interferir a propósito con el tratamiento una vez prescrito.
Aparte de sobre cómo se pone de manifiesto la indiferencia deliberada hacia la enfermedad o perjuicio grave del recluso, establece una causa de acción bajo § 1983.
La Ley de Derechos Civiles de 1871, sección 1983, es el vehículo para que los ciudadanos o reclusos demanden en un tribunal federal cuando sus derechos constitucionales han sido violados por agentes estatales. Al año siguiente, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito consideró el caso de un recluso de Virginia, le negaron la libertad condicional por problemas psicológicos.
El recluso argumentó que tenía derecho a la salud mental o al tratamiento psicológico. Como Gamble, Bowring pierde su apelación. Guiados por el fallo en Gamble, los jueces declararon que la indiferencia deliberada a las graves necesidades médicas de un recluso incluía problemas de salud mental o psiquiátricos y solo eso constituiría un castigo cruel e inusual en violación de la VIII Enmienda [2].
Avanzando un poco más, los jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito declararon que "Por consiguiente determinamos que Bowring (o cualquier otro recluso de la prisión) tiene derecho a tratamiento psicológico o psiquiátrico si un médico u otro proveedor de atención médica, en el ejercicio de las competencias normales y la atención en el momento de la observación, concluya con certeza razonable (1) que los síntomas del recluso evidencian una enfermedad o lesión grave; (2) que dicha enfermedad o lesión es curable o puede aliviarse considerablemente, y (3) que la posibilidad de causar daños al recluso por motivo por el retraso o negativa de atención sería sustancialmente" ([2], p. 47).
El derecho al tratamiento se limita, en efecto, a lo que se puede proporcionar sobre una base de costo y tiempo razonable y el análisis es una necesidad médica y no tan sólo lo que puede considerarse sólo conveniente [2].
3. Casos en los que el trastorno de identidad de género no se trató, en especial por los Tribunales que no siempre han abordado directamente la cuestión del trastorno de identidad de género y si era grave o no grave. Al contrario, los tribunales desestimaron los casos por otros motivos, como la falta de prueba de los reclusos que sufren de un trastorno de identidad de género o los reclusos en desacuerdo con iniciativas de tratamiento de las prisiones.
En 2003, el Tribunal del Décimo Circuito dictó una decisión en Spicer, a.k.a. Alexis R. Bell v. Terhune y otros, afirmando la desestimación de su demanda en un tribunal de distrito de California [20].
En el blog se corresponde al número 452 Richard Spicer — Spicer v. Terhune. Spicer, a.k.a. Alexis R. Bell v. Terhune. Tribunal de Apelaciones Noveno Circuito. California. EEUU.
Spicer presentó una demanda contra el médico de la prisión después de que lo pusieran en libertad argumentando que el médico de la prisión interrumpió el tratamiento hormonal para su trastorno de identidad de género y sostuvo que esta paralización constituía una indiferencia deliberada.
El médico de la prisión declaró que el tratamiento hormonal de Spicer se interrumpió a causa de que Spicer había ganado 29 libras en seis semanas.
Así pues, el tribunal dictaminó que las diferencias de opinión entre un recluso y un médico no constituyen una indiferencia deliberada, y Spicer no proporcionó ningún dictamen pericial sobre el tratamiento inadecuado. [20].
De manera similar, un recluso de Colorado presentó una demanda contra el Departamento Correccional de Colorado desafiando la política escrita del Departamento con respecto al tratamiento de los reclusos a quienes se les había diagnosticado un trastorno de identidad de género [ 21].
Alegó que la política violaba la prohibición de la VIII Enmienda contra el castigo cruel e inusual y la XIV Enmienda respecto a las garantías sobre igual protección.
Como en el caso de Spicer, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito declaró que un recluso que sufre un trastorno de identidad de género no puede establecer un caso válido de indiferencia deliberada bajo la VIII Enmienda cuando los reclusos están en desacuerdo con el tratamiento del Departamento.
El Departamento tenía una política en la que éste seguía el tratamiento hormonal para los individuos que ingresaban a prisión y ya estaban recibiendo tratamiento hormonal antes del encarcelamiento.
En una supuesta violación de la cláusula de garantías procesales, la cual no implica un derecho fundamental o una categoría sospechosa, el análisis adecuado fue la base racional que remitió a la razón racional del Departamento para su acción [21].
Sin embargo, el tribunal no indicó en su dictamen cuál fue la razón que dio el Departamento.
Otros departamentos penitenciarios estatales tienen políticas similares de no dar tratamiento hormonal a los reclusos que sean diagnosticados con un trastorno de identidad de género en las cárceles, pero darán tratamiento hormonal a los reclusos que estaban tomando tratamiento hormonal antes de la reclusión [15].
Asimismo, un recluso llamado Dee Deidre Farmer presentó varias demandas por cuestiones relacionadas con el trastorno de identidad de género. En una de sus demandas, Farmer alegó que el director médico de la prisión era deliberadamente indiferente a su trastorno de identidad de género.
Recluido en las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), Famer escribió varias cartas al Director Médico requiriendo tratamiento.
En el blog se corresponde al número 415 Dee Deidre Farmer aka Douglas Coleman Farmer — Fraude con tarjeta de débito y falsificación de documentación de identidad. Colorado. EEUU.
El director médico citó la política de BOP, que era mantener a un preso transexual en el nivel de cambio existente antes del encarcelamiento o la admisión.
Si el director clínico consideraba que se indicaban cambios de carácter progresivo o regresivo en el tratamiento, el director médico tenía que aprobar estos cambios antes de la implementación.
Aparte de que la utilización de hormonas para mantener características sexuales secundarias puede continuar en los mismos niveles que antes del encarcelamiento [22].
El Director Médico se reiteraba en sus respuestas cada vez que Farmer le escribía. El Director Médico argumentó que el caso debía ser sobreseído, en tanto en cuanto tenía derecho a inmunidad calificada.
Doctrina de inmunidad calificada es una defensa a una demanda cuando la ley no se estableció en la materia objeto de disputa o el demandado no han infringido una ley que una persona razonable debería conocer [23].
El Tribunal de Distrito de EEUU rechazó la petición de inmunidad cualificada, pero el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó el fallo del Tribunal de Distrito sobre la cuestión de la inmunidad cualificada [22].
Sin más, la ley relacionada con individuos que se identificaban como transexuales en prisión o trastorno de identidad de género no estaba bien fijada en 1998.
En la segunda demanda de Farmer, sostuvo que la política de la prisión de proporcionar a los transexuales tratamiento hormonal al nivel anterior al encarcelamiento violaba sus derechos a la igual protección de la ley, como otros reclusos que padecían esquizofrenia, depresión o maníaco-depresión u otra enfermedad mental que fueron tratados de manera diferente.
Aparte de eso, un recluso autodeclarado transexual tenía que probar que estaba tomando hormonas antes de la reclusión. Para presentar una reclamación válida bajo la Cláusula de Igual Protección, un demandante debe cumplir con tres requisitos.
En primer lugar, el demandante debe demostrar que está habilitado para presentar la demanda.
En segundo lugar, una vez que ha demostrado su legitimación, la interpelación en el umbral aplicable al evaluar una reclamación de igual protección es determinar si una persona se encuentra en una situación similar a la de aquellas personas que supuestamente recibieron un trato más favorable.
En tercer lugar, el demandante debe demostrar que la relación requerida entre el tratamiento dispar y el interés gubernamental no existe [24].
De la misma manera, un demandado puede defender una demanda proporcionando al tribunal una base racional para su política. Farmer había sido transferido a una cárcel de Maryland y presentó otra demanda, alegando que se le negó el debido proceso al ubicarlo en aislamiento y someterlo a un trato cruel e inusual.
Las debidas garantías procesales en relación a la segregación de reclusos constituyen una audiencia, la política o las reglas específicas que el recluso ha violado, el derecho a responder a la denuncia y un tribunal imparcial. Con todo, el Tribunal de Distrito desestimó su demanda [25].
En otra demanda, un recluso de Nueva Jersey demandó a varios administradores y profesionales clínicos, alegando que, como recluso que padecía un trastorno de identidad de género, sus derechos fueron violados por el inapropiado tratamiento y la prevención de la violencia por parte de otros reclusos.
Tanto el Tribunal de Distrito de EE. UU como el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito denegaron sus alegaciones [ 26 ].
4. Casos en los que se aceptó el trastorno de identidad de género.
Si bien algunos reclusos que tenían trastornos de identidad de género o que se autoidentificaron como transexuales habían sufrido malas decisiones en los tribunales impugnando sus tratamientos, otros reclusos han ganado varios casos en los tribunales.
En 1987, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito tomó una decisión crítica para contrarrestar una decisión desfavorable contra un recluso que padecía un trastorno de identidad de género.
Un recluso de Indiana presentó una demanda, desafiando su atención médica y las condiciones de confinamiento. Había estado recibiendo tratamiento hormonal antes de su reclusión.
Había sufrido frecuentes agresiones por parte de otros reclusos y se le negó tratamiento por su trastorno de identidad de género. Rechazando el Tribunal de Distrito de EEUU.
Al rechazar el Tribunal de Distrito de EEUU, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito dictaminó que este recluso declaró que padecía una enfermedad grave y tenía derecho a tratamiento por su situación [27].
En otro caso, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito también falló a favor de un recluso autodeclarado como transexual, afirmando que merecía protección y la transexualidad o trastorno de identidad de género presentaba una grave necesidad médica [8].
Quizás viendo el precedente del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, la legislatura de Wisconsin aprobó una nueva ley que prohíbe el tratamiento hormonal y la cirugía estética de reasignación para los reclusos que padecen un trastorno de identidad de género, debido a los costos vedados para los contribuyentes.
Tres reclusos autodeclarados como transexuales impugnaron esta ley. Un tribunal de distrito de los EEUU invalidó este estatuto y sostuvo que era inconstitucional [28].
El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito confirmó al Tribunal de Distrito [28].
Los abogados de los demandados rechazaron cualquier argumento de que la ley, que prohibía la terapia hormonal y la cirugía estética de reasignación, se justificaba en función de reducción de costos.
En la apelación, el abogado de los demandados dejó el argumento de que los costos eran una defensa legítima en los casos de estos reclusos.
Los demandados no presentaron pruebas de que otro tratamiento fuera un sustituto adecuado de la terapia hormonal. El tribunal declaró que negar un tratamiento eficaz por un problema de salud grave sin válidos intereses criminológico constituía tortura [28].
Aunque la jurisprudencia permitía al Departamento de Instituciones Penitenciarias proveer algún tratamiento a los reclusos, las pruebas presentadas en el juicio indicaron que los reclusos no pudieron ser tratados con eficacia un tratamiento sin hormonas.
Según el Séptimo Circuito, “la ley era irrelevante para los reclusos que no fueron diagnosticados con un trastorno de identidad de género y necesidad médica de hormonas, y cualquier aplicación de la ley viola necesariamente la VIII Enmienda” ([27], p. 550 ).
Fields v. Smith se relaciona con el caso que en el blog es el número 429 Andrea Fields — El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Wisconsin. EEUU.
Ley prevención de la reasignación de los reclusos (The Inmate Sex Change Prevention Act (Act 105).
Los demandados argumentaron sin éxito que la ley estaba justificada por el interés del Estado en preservar la seguridad de la prisión, pero no presentaron datos de cualquier problema de seguridad relacionado con la prohibición del tratamiento hormonal [26].
El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito está formado por Illinois, Indiana y Wisconsin y, por consiguiente, el fallo dictado en el caso es vinculante para todas las prisiones de estos estados.
De igual forma, los demandados solicitaron al Tribunal Supremo de los EEUU conceder un certiorari, que es la solicitud para que el secretario del Séptimo Circuito presente los registros del caso para una apelación ante el Tribunal Supremo de los EEUU.
Puesto que Tribunal Supremo de los EE UU es un tribunal discrecional, la Corte puede negarse a escuchar una apelación. El Tribunal denegó el derecho a certiorari [29 ].
Ophelia Azriel De'lonta, recluso del sistema penitenciario de Virginia, movió dos apelaciones ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito.
De'lonta se automutilaba porque sufría un trastorno de identidad de género, que, según el tribunal, se conoce como disforia de género o transexualidad. Sostuvo en su demanda que el director médico y los funcionarios penitenciarios fueron deliberadamente indiferentes a su situación médica.
El Tribunal de Distrito de EEUU desestimó la demanda y dictaminó que los demandados tenían derecho a inmunidad calificada y que De'lonta había recibido algún tratamiento.
En el blog se corresponde al número 423 Ophelia Azriel De'lonta aka Michael A. Stokes — Virginia. EEUU. Cargos de robo, drogas y armas.
Sin embargo, el Tribunal del Cuarto Circuito revirtió afirmando que algunos demandados no tenían derecho a inmunidad calificada. Por lo demás, el tribunal dictaminó que los demandados admitieron que el tratamiento facilitado a De'lonta podría haber aliviado su condición.
No obstante, para los demandados "no demostraba con claridad que el tratamiento se hubiera proporcionado con ese fin o que se considere un método razonable de impedir estas mutilaciones." ([30], p. 360).
La demanda de De'lonta dio lugar a un acuerdo entre él y los funcionarios de Virginia. Recibió asesoramiento psicológico, terapia hormonal y se le permitió vestirse con ropa de mujer, pero este tratamiento no había aliviado su permanente angustia mental.
Sea como sea, las directrices terapéuticas de GID (trastorno de identidad de género) recomendaron que la cirugía de reasignación de podría ser necesaria para GID severo después de un año de las dos primeras fases.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito revocó la decisión contraria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Si bien el tribunal remitió al Distrito de EE UU para su reconsideración de acuerdo con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, la decisión dejó entrever que quizás De'lonta necesita una cirugía estética de realineación [31].
En 2012, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito dictó una decisión que implicaba a un recluso en Michigan que padecía un trastorno de identidad de género. Antes del internamiento en el Departamento Correccional de Michigan, el recluso había recibido inyecciones de silicona aumentar el tamaño del pecho, pero estas inyecciones le habían ocasionado incesante y fuertes dolores en sus pechos durante su estancia en prisión. Los médicos participaron en un comité médico en la institución.
Los médicos, en 2005, negaron la consulta con el cirujano, y esta negación puede haber constituido una indiferencia deliberada. Consecuentemente, un jurado encontró que un médico actuó con deliberación equivalente a la intención de castigar al negar la consulta quirúrgica en 2008.
Como resultado, el caso del recluso no debería haber sido desestimado por el Tribunal de Distrito de EEUU y, por lo tanto, era un caso válido para presentar al jurado [32]. Se produjo el dictamen más definitivo en un Tribunal de Distrito de EEUU en Massachusetts en relación con lo que se debe hacer desde el punto de vista médico por un recluso que sufre un trastorno de identidad de género.
Un juez escribió una decisión de 102 páginas de que el Departamento Correccional de Massachusetts había sido deliberadamente indiferente con Michelle L. Kosilek por no darle una cirugía estética de reasignación.
En el blog se corresponde al número 50 Michelle Kosilek aka Robert Kosilek —Chicago, Illinois. EEUU. Cadena perpetúa por el asesinato de su mujer.
La defensa del Departamento fue la que negó la cirugía estética de reasignación a Kosilek por motivos de seguridad.
En cambio, el juez Wolf declaró que la verdadera razón por la que se negó la cirugía fue el miedo del Departamento a la controversia, la crítica, el ridículo y el desdén. El juez Wolf ordenó al Departamento que sometiera a Kosilek a una cirugía estética de reasignación [ 33 ].
Ahora bien, el departamento indicó que apelaría la decisión del juez Wolf ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito [34 ].
En última instancia, el Tribunal Supremo de EEUU puede ser llamado para considerar este caso.
Los casos anteriores implicaron a reclusos que habían sido previamente condenados por delitos y encarcelados en instituciones penales o cárceles. Querían tratamiento o cirugía mientras cumplían sus penas de prisión.
A pesar de que algunos individuos han sido internados civilmente en psiquiátricos y apartados de la sociedad, debe tener una enfermedad mental grave y ser modernamente un peligro para sí mismo o para los demás [35].
Cuando una de estas condiciones se disipa, debe ser liberado [35].
Esta es una norma fundamental en los procesos civiles de salud mental. Pero existe una ley diferente para algunos delincuentes sexuales, y algunos delincuentes sexuales que estaban en prisión y estaban a punto de cumplir sus sentencias pueden ser internados en instituciones mentales, según se dice, por tratamiento.
El propósito de esta ley es calmar a la población, que clamaba para que algunos delincuentes sexuales fueran recluidos o encerrados por más tiempo [36].
Debido a que un recluso que ha cumplido su condena penal debe ser puesto en libertad una vez cumplidas sus penas, la única vía de mantenerlo recluido es utilizar el sistema de salud mental y sus leyes.
Los estados propusieron una variedad de denominaciones, como "depredador sexual violento", "delincuente sexual violento" o "desorden psicopático de la personalidad", y consiguieron que los profesionales de la salud mental testificaran que la persona que el sistema quería confinar por más tiempo era, en la actualidad, un peligro potencial. En ocasiones, un recluso solo sería transferido a otra parte del sistema penitenciario con la designación de que es un centro o unidad de tratamiento.
En un caso, Keith W. Elmore le dijo a un colega que tenía un regalo para su marido.
Al llegar a su casa, le colocó una soga alrededor del cuello y le dijo que se desnudara. Ella le pidió que quitara la cuerda, diciéndole que se sometería.
En el blog se corresponde al número 444 Rebecca Elmore aka Keith W. Elmore — Tacoma, Washington, EEUU. Secuestro en segundo grado y agresión con motivación sexual.
Cuando él quitó la soga y fue a buscar el regalo, ella huyó del apartamento y llamó a la policía. Elmore fue internado por vía civil en una institución de salud mental como depredador sexualmente violento.
A la par que Elmore estaba en el centro psiquiátrico, un facultativo diagnosticó que Elmore padecía trastorno delirante, sadismo sexual, trastorno de identidad de género y un trastorno de personalidad no especificado con rasgos antisociales.
Pese a todo, Elmore, buscó ser liberado del sistema de salud mental argumentando que ya no cumplía con la definición de depredador sexual violento.
A su vez, solicitó un cambio de nombre a Rebecca y el juez concedió el cambio de nombre, al mismo tiempo, el juez de instrucción estuvo de acuerdo y ordenó un nuevo juicio sobre el tema de su diagnóstico.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Estado de Washington revocó dictaminando que el juez de primera instancia había considerado de manera inadecuada la edad de Elmore como un factor para otorgar un nuevo juicio [37 ].
Apelaciones del Estado de Washington revocó dictaminando que el juez de primera instancia había considerado de manera inadecuada la edad de Elmore como un factor para otorgar un nuevo juicio [37 ].
En un caso de Florida, un hombre fue internado civilmente como depredador sexualmente violento e impugnó su reclusión civil porque tenía una discapacidad y su reclusión civil violaba partes de la Ley para estadounidenses con Discapacidades.
En virtud de la Ley, un individuo calificado con una discapacidad tiene derecho a ser recluido en la instalación menos restrictiva.
El reo en este caso estaba discapacitado. Su apelación se basó en cinco retos a su reclusión civil bajo la Ley Jimmy Ryce, que permitía el internamiento civil de algunos delincuentes sexuales.
El Tribunal de Apelaciones de Florida dictaminó que la definición legal de un depredador sexual violento (sexually violent predator) hacía inaplicables las alternativas menos restrictivas.
La ley requería una determinación por evidencia clara y convincente de que el sujeto era un depredador sexualmente violento.
En otras palabras, el individuo padecía una anormalidad mental o un trastorno de la personalidad que le hacía propenso a participar en actos de violencia sexual, si no estaba internado en instalaciones seguras para el control, la atención y el tratamiento a largo plazo.
Específicamente, según la Ley de readaptación profesional y empleo de las personas con discapacidad, que definía la discapacidad, se excluía a los sujetos diagnosticados con trastornos sexuales.
Se excluyeron con precisión los individuos con discapacidad con diagnósticos secundarios de travestismo, transexualidad, pedofilia, exhibicionismo, voyerismo, trastornos de identidad de género no derivados de deficiencias físicas u otros trastornos del comportamiento sexual.
Así pues, si el sujeto estaba dispuesto a un tratamiento alternativo menos restrictivo, no cumplía con la definición legal de depredador sexual violento y no estaba sujeto a un internamiento civil en virtud de la Ley Jimmy Ryce.
Por consiguiente, el Tribunal de Apelación confirmó al juez de primera instancia [38].
El estado de Connecticut recluyó civilmente a William Karl Olsen a una institución de salud mental.
Después de que terminó el internamiento civil de Olsen, Connecticut presentó una petición enmendada para extender el internamiento civil de él bajo la Ley de Depredadores Sexualmente Violentos (SVPA).
En el blog se corresponde al número 453 William Karl Olsen Elmore — California. EEUU. Clasificado como Depredador Sexualmente Peligroso.
Internamiento civil (custodia segura). La SVPA fija el internamiento civil involuntario para el tratamiento y el confinamiento de un individuo que, por un veredicto unánime del jurado y más allá de toda duda razonable, se determine que es un depredador sexualmente violento (sexually violent predator).
Olsen había cometido una serie de agresiones sexuales. Un jurado encontró que era cierta la alegación de que Olsen era un depredador sexualmente violento.
El tribunal de primera instancia confió la custodia de Olsen al Departamento de Salud Mental estatal por un período indeterminado. En la apelación, Olsen planteó las siguientes cuestiones:
(1) la evidencia era insuficiente para demostrar que era peligrosa en la actualidad;
(2) la respuesta del tribunal de primera instancia a una pregunta del jurado era improcedente;
(3) el internamiento civil indeterminado bajo la SVPA viola su derecho constitucional a igual protección; y
(4) la SVPA viola sus derechos al debido proceso, las cláusulas ex post facto y de doble exposición y las Enmiendas VIII y XIV de la Constitución federal.
Los profesionales de la salud mental diagnosticaron a Olsen con los trastornos mentales de sadismo sexual, trastorno de identidad de género y desorden de personalidad sin concretar (personality disorder).
El tribunal de apelaciones revocó la orden que fijaba la custodia de Olsen y devolvió el caso al tribunal inferior para decidir si el razonamiento de igual protección de Olsen era válido [ 39 ].
El estado de Connecticut comprometió civilmente a Anthony J. Tryzna puesto que se creía que no era incompetente para estar en juicio. Tryzna fue acusado de amenazas, alteración del orden público y agresión en tercer grado tras dos incidentes separados que implicó a su madre.
Los profesionales de la salud mental no estaban de acuerdo con si Tryzna era competente o incompetente para comparecer.
Los diagnósticos de Tryzna eran trastorno distímico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno facticio, trastorno de identidad de género, masoquismo sexual, abuso de alcohol y abuso de cannabis.
En el blog se corresponde al número 454 Anthony J. Tryzna — Connecticut, EEUU. Internamiento civil.
El tribunal concluyó que el demandado no apto para ser juzgado y que no había una probabilidad de que restableciera la competencia dentro del tiempo reglamentario.
El tribunal ordenó el internamiento civil de Tryzna [40].
Sandy Battista había sido condenado por violación de una niña, secuestro y robo.
Después de cumplir la sentencia por esos delitos, el estado de Massachusetts lo internó involuntariamente al Centro de Tratamiento para Personas Sexualmente Peligrosas de Massachusetts (Sexually Dangerous Person -SDP- Civil Commitment).
En el blog se corresponde al número 430 Sandy Jo Battista David Megarry Jr — Massachusetts. EEUU. Pederastia (convicted child rapist).
Este centro de tratamiento estaba dentro del Departamento Correccional de Massachusetts, y Massachusetts ordenó que Battista fuera separado de los delincuentes que participaban en programas de tratamiento y de aquellos individuos que esperaban ser clasificados como personas sexualmente peligrosas.
Como sujeto civilmente internado, Battista ocupaba un grupo diferente de las otras dos categorías. Con todo, Battista demandó estando recluido, requiriéndose tratamiento hormonal y ropa para mujer, pero el Departamento de Corrección ignoró sus solicitudes.
El asesor que trabajaba para el Departamento Correccional asemeja las solicitudes y reclamaciones de Battista con procedimientos electivos similares a abdominoplastia y liposucción. Aunque el Programa de Salud Correccional de la Universidad de Massachusetts, el programa médico del Departamento de Correccionales, no estuvo de acuerdo con el Departamento. Este programa apoyó enérgicamente que Battista sufría un trastorno de identidad de género y sostuvo que Battista podría salir lastimado en vista de que se había autolesionado sin tratamiento.
El Programa de Salud declaró que la terapia hormonal era médicamente necesaria.
En disconformidad con la resolución del Programa de Salud, el Departamento Correccional contrató a un especialista en género diferente, y el especialista consideró que el tratamiento hormonal podría ser apropiado aparte de otras terapias [41].
En 2006, Battista buscó una orden preliminar pero el Distrito de EEUU denegó y dictaminó que Battista no demostró que el Departamento había sido deliberadamente indiferente a sus necesidades médicas.
Si bien los profesionales médicos continuaron evaluando las necesidades médicas de Battista y recomendaron terapia hormonal, el Departamento dijo que no mantendría el tratamiento hormonal a menos que se abordaran las preocupaciones en materia de seguridad. Según informes, al Departamento le preocupaba que la imagen femenina de Battista fuera un factor de riesgo de ser atacado en un centro para hombres. P
ero, en 2008, el Tribunal de Distrito de EEUU consideró que el informe era inadecuado y superficial y envió un requerimiento que requería que el Departamento proporcionara psicoterapia a Battista y ropa para mujer.
También el Tribunal de Distrito ordenó al Departamento que proporcionara un informe mensual sobre la condición de Battista y que facilitara una propuesta después de que Battista recibiera terapia hormonal durante seis meses.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito adoptó unas normas diferentes y permisivas a causa de que él estaba internado civilmente y sustentó la orden judicial [41].
En un parecido crimen violento que involucró a interno recluido en un establecimiento psiquiátrico,
Richard S. presentó una demanda por su reclusión en un centro de salud mental. Richard S. conoció a un adolescente de 15 años y lo llevó a su casa para tener sexo.
Según se informa, mientras el adolescente dormía, Richard S. lo apuñaló tres veces con una navaja de bolsillo. En ese momento, Richard S. estaba en libertad condicional por homicidio involuntario por matar a un hombre después de mantener relaciones sexuales.
En el blog se corresponde al número 455 Richard S (es un seudónimo, se desconoce su identidad real) — Nueva York. EEUU. Delincuente sexual.
En lugar de mantener una condena penal, Richard S. fue declarado no responsable por motivos de enfermedad o defecto mental (NRRMDD) y fue internado bajo la custodia del Comisionado de Salud Mental. Con arreglo a la ley de Nueva York, el tribunal ordenó que a un individuo declarado culpable por NRRMDD se le hiciera un examen psiquiátrico y se procediera a la evaluación inicial para determinar si el sujeto tiene una enfermedad mental o presenta un trastorno mental peligroso.
Tras esta evaluación inicial, se coloca al sujeto en una de tres categorías o niveles. Si el tribunal determina que el sujeto tiene un trastorno mental peligroso, entonces es inscrito en el Nivel 1.
Asimismo, el tribunal debe ordenar el confinamiento por seis meses para los individuos designados en el Nivel 1. Si el tribunal determina que el sujeto no tiene un trastorno mental, se le inscribe en el Nivel 2.
Para los sujetos designados en el Nivel 2, el tribunal debe ordenar las condiciones de confinamiento y son puesto bajo la custodia del Comisionado de Salud Mental del Estado.
Si el sujeto no tiene un trastorno mental peligroso y no tiene una enfermedad mental, el tribunal lo liberará al individuo a cambio de nada, fijará condiciones o dará orden de condiciones. [42].
Clasificado como Nivel I, Richard S. presentó una petición de hábeas corpus, que permite a cualquier individuo impugnar su reclusión en la cárcel o institución mental.
El estado de Nueva York defendió la reclusión de Richard S. destacando que se le habían hecho revisiones periódicas, de acuerdo con la legislación de Nueva York.
Es más, los psiquiatras informaron que Richard S. tenía una condición psiquiátrica muy compleja y cumplía con los criterios de cuatro trastornos entrecruzados, consistentes en sadismo sexual, trastorno de identidad de género, trastorno de personalidad antisocial y trastorno límite de personalidad.
Al mismo tiempo, Richard S. rechazó el tratamiento psiquiátrico, negando que tuviera un trastorno mental. Basándose en todos estos factores, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó la solicitud de Richard S. de un procedimiento de hábeas corpus [42].
5. Conclusiones.
Este artículo muestra que la ley es muy importante a la hora de configurar la política en materia de justicia penal. Interpretada por los jueces, la cláusula de castigo cruel e inusual de la VIII Enmienda de la Constitución de los EEUU es la base para decidir muchos de los derechos de los reclusos. Aún así, esta interpretación es un proceso muy lento.
Haciendo frente a un congreso de trabajadores sociales en 1939, el juez L. Ulman de Maryland opinó que “raramente hay un objeto de medidas legislativas que no puedan estar sujetos a revisión y control judicial; y esto es tajantemente cierto en el ámbito de la normativa de bienestar social. Es probable que cada propuesta legislativa por las mejoras de las dificultades sociales implique intrusión en los derechos de propiedad. Toda propuesta de acción nacional puede zanjar la reservada soberanía de los Estados. Cada plan integral que haces, si quieres convertirlos en ley, antes debe ajustarse en los complejos patrones constitucionales tanto a nivel estatal como federa." (Ulman, [43], p. 743).
El juez Wolf ofreció un ordenamiento de modo explícito. La cirugía estética de reasignación para Michelle Kosilek.
En el blog se corresponde al número 50 Michelle Kosilek aka Robert Kosilek — Chicago, Illinois. EEUU. Cadena perpetúa por el asesinato de su mujer.
Con todo, se desconoce cómo el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito puede pronunciarse sobre la apelación, e igualmente cómo se desarrollaría una apelación ante el Alto Tribunal de los EEUU.
No obstante, el Cuarto Circuito, el Sexto Circuito y el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito han dictado fallos a favor para los reclusos con trastorno de identidad de género.
Estos tribunales han fallado que el trastorno de identidad de género es un problema médico grave que requiere tratamiento con el fin de confrontar la VIII Enmienda de la Constitución de los EEUU.
Cabe destacar que con ojo crítico, estos fallos son vinculantes para todas las prisiones de Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee, Illinois, Indiana y Wisconsin.
Otros estados pueden ser incluidos en este grupo, a medida que Tribunales de Circuito de Apelaciones adoptan el principio de que los reclusos deben gozar de un trato como una cuestión de derechos constitucionales cuando estos reclusos sufren de trastorno de identidad de género.
En la ley, otro problema en ciernes es el individuo que ha sido internado civilmente en centros de salud mental desde prisiones o cárceles.
Una medida relativamente reciente en la Ley de Salud Mental es que los estados pueden internar civilmente a ciertos delincuentes sexuales después de que estos reclusos hayan cumplido su pena.
En términos generales, estos procedimientos de internamiento civil se inician poco antes de la fecha prevista para la puesta en libertad del recluso, y la principal finalidad es no liberar a estos reclusos declarando que son peligrosos y tienen un trastorno mental. Esto ocurrió en un caso citado en este artículo. En otro caso, un estado internó a un sujeto en un centro de salud mental en lugar de encarcelarlo.
En todos estos casos, la ley ha sido fundamental para dar forma e influir en las políticas de justicia penal y salud mental.
Conflictos de interés. El autor declara no tiene conflictos de intereses.
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